Cuando el 29 de octubre de 2018 el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, declaró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal presentó denuncia penal por la desaparición de 183 armas en la policía de Acapulco, se llegó a pensar que el asunto iba en serio, pero resulta que, de acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, 60 por ciento de los 81 municipios de la entidad tienen reportes de armas desaparecidas.

Si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó nota de 183 armas desaparecidas, Portillo Menchaca estimó la cifra en 150, y ayer la síndica procuradora del ayuntamiento de Acapulco, Leticia Castro Ortiz, dijo tener el reporte de que las perdidas en el gobierno anterior suman 20.

Sobre esta danza de cifras vale precisar que el titular de la SSP se refirió a 183 armas extraviadas desde hace 10 años, incluidas, puntualizó, las del trienio reciente.

Aun así, el dato aportado por el fiscal, tomando en consideración la denuncia penal presentada por la SSP estatal (183) y el mencionado por la síndica (20), marca una diferencia de 163 armas.

Es de suponerse que la verídica es la manejada por el fiscal porque la respalda una denuncia. La cantidad de la síndica evidencia que la funcionaria ni enterada está de la realidad, lo que lleva a pensar que no han dado seguimiento alguno al caso.

Pero no solamente el ayuntamiento se ha mantenido al margen, sino también la Fiscalía, porque si bien su titular aseguró que “vamos a hacer investigaciones y a deslindar responsabilidades”, es obvio que ha dado carpetazo al caso, pues no obstante los seis meses trancurridos, ningún resultado ha aportado.

Nada novedoso es realmente, pues si el titular de la SSP expuso que las 183 armas se han extraviado en los últimos 10 años en el ayuntamiento porteño, lleva a pensar que la desaparición del armamento ya es algo natural; es decir que cada trienio cada quien extrae las armas sin que nadie le exija cuentas.

Eso podría interpretarse en el sentido de que si en 10 años nadie ha dicho y menos hecho algo al respecto, ningún indicio pone de manifiesto que en este trienio, así sea de la cuarta transformación, vaya a ser diferente.

Tan es así, que la FGE no dice nada, y la síndica ni cuenta se da de cuántas armas se esfumaron, y queda claro que la llamarada que levantaron al final de la administración reciente no tenía otro objetivo que mantener en jaque al alcalde saliente, Evodio Velázquez Aguirre.

Transcurrida la transición, todo volvió a la calma y pasaron al olvido los reclamos contra el supuesto autor de todas las desgracias sufridas por Acapulco en los últimos tres años. n

Nada constructivo presagian los anuncios que por separado hicieron el líder de la Upoeg (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), Bruno Plácido Valerio, y la Crac-PF (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores).

A raíz del ataque perpetrado a medidados de la quincena contra sus efectivos, del que resultaron muerto un comandante y heridos tres policías, Plácido Valerio advirtió que “se acaba la etapa de prevención y se va a ir contra el objetivo, que son los grupos, que los tenemos ubicados, y se han dedicado a delinquir, y vamos a restablecer el orden; esa es la intención”.

Ya antes, a consecuencia del autobomba que explotó en Xaltianguis, cerca de las instalaciones de su comandancia, había sentenciado que tomará medidas con el mismo propósito.

El reciente 15 de abril, la Crac-PF de La Montaña baja advirtió a los gobiernos federal y estatal, también a organismos de derechos humanos, que hará una limpia en su territorio, puesto que, dice, grupos criminales han infiltrado la organización y ocasionado enfrentamientos.

Pero antes, el 30 de marzo, el coordinador regional de la Crac-PF, Martín Francisco Tolentino, recibió una notificación del coronel de infantería José Luis Lima para hacerle ver que la seguridad la deben brindar dentro de sus comunidades; de lo contrario, se procederá a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir que se les desarmará.

El alma debió volver al cuerpo de alcaldes y gobierno estatal desde el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ni estados ni municipios pagarán por contar con el servicio de la Guardia Nacional (GN).

Reconoció que, efectivamente, había una iniciativa que incluía ese pago de estados y alcaldías; “pero se va a quitar”, apuntó.

En consecuencia, los ayuntamientos podrán seguir disfrutando su despreocupación por la inseguridad y estarán en condiciones de mantener su falta de interés por mejorar sus cuerpos policiacos, cuyo estado es deprimente y desesperanzador.

Por lo que corresponde a Acapulco, la síndica procuradora del ayuntamiento, Leticia Castro Ortiz, informó que se está haciendo una evaluación de los más de mil policías municipales para determinar quiénes están aptos para operar, y los que no lo estén serán dados de baja.

Dijo que se desconoce cuántos policías activos y aptos para operar hay, pero sí expuso que 131 de ellos están comisionados para proteger a funcionarios, así no tengan nada que ver con el rubro de la seguridad; reconoció que eso contradice la política de austeridad del gobierno municipal.

Un nuevo Semefo

May 22, 2019

El anuncio que hizo este miércoles el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, de que esa dependencia busca terreno para construir un nuevo Servicio Médico Forense, con capacidad mayor al que ahora opera en Acapulco, se presta a la perfección para aplicarle el refrán “más vale tarde que nunca”.

Llega tarde porque el puerto –y las otras ciudades grandes del estado, al menos– debería contar con un espacio suficiente en tamaño y en quipamiento para procesar en un plazo razonablemente breve todos los cadáveres levantados por el Ministerio Público, cuya cifra se ha incrementado de manera exponencial desde que se desató el crimen organizado.

Pero llega aún a tiempo, pues –según se ven las cosas y según prevén autoridades y expertos– aún habrá muchos cadáveres que levantar en lo que el país se apacigua, proceso que tomará mucho tiempo todavía.

El gobierno federal aún tiene que poner en operación partes importantes de su estrategia de seguridad. La creación de la Guardia Nacional, el reforzamiento de la capacidad de la ley de Extinción de Dominio y el programa para reclutar en el sector productivo oficial a jóvenes desempleados –para apartarlos de la posibilidad de que sean reclutados por criminales– son importantes, pero no son lo único que se necesita para abatir la criminalidad.

Aún faltan dos acciones básicas y fundamentales, sin las cuales no será posible alcanzar esa meta: cerrar el paso a las armas para que no entren al país –tarea que se antoja titánica por todas las horas-hombre y por todos los recursos tecnológicos que requerirá– y despenalizar todas las drogas de origen natural, cuyos usos más inmediatos son el lúdico de la mariguana y el medicinal de la amapola.

Y aun cuando ya haya hecho todo eso, todavía pasará un buen tiempo, tal vez años, antes de que los criminales causantes de la violencia salgan de circulación: se irá reduciendo su margen de utilidad, irán perdiendo las armas y el dinero, y ya no tendrán a los jóvenes desempleados como ejército de reserva para reclutarlos como sicarios. Así hasta resignarse a abandonar el negocio que hoy les deja grandes ganancias o hasta morir en el intento por conservarlo.

El gobierno federal también debe reconocer que le falta afinar estrategias que ya están en operación; por ejemplo, hoy se sabe que 89 por ciento de los jóvenes contratados en trabajos formales no viven en las barriadas violentas a las que, de origen, estaba enfocado el programa.

Y mientras se afianza la paz, los cadáveres seguirán llegando a las cámaras frigoríficas. n

A nivel muy bajo debió decaer la euforia en los gobiernos estatal y municipales frente a la posibilidad de que tengan que aportar proporcionalmente los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente la actividad de la Guardia Nacional (GN), según iniciativa de ley secundaria que está en el Senado.

De acuerdo con declaraciones atribuidas al coordinador parlamentario Ricardo Monreal, la iniciativa de Ley Orgánica de la Guardia Nacional del Ejecutivo federal, que suscribirán diputados de Morena, los gobiernos estatales y municipales tendrán que financiar proporcionalmente las actividades de la nueva corporación de seguridad.

Ante el anuncio de la creación de la GN como instrumento para combatir la delincuencia organizada, estado y municipios reaccionaron eufóricos, viendo en ello la fórmula para que sea la Federación la que siga cargando sola con la responsabilidad de acabar con la inseguridad, pues sobre todo en los ayuntamientos no hay ni la intención de cumplir su parte.

La probabilidad de que tengan que costear en parte la operación del nuevo cuerpo de seguridad da un giro completo al proyecto porque lastimaría seriamente sus presupuestos.

No debe perderse de vista que, en caso de que se apruebe la iniciativa en ciernes, al tener que desprenderse de una parte de sus recursos para destinarlos a la GN, menos caso harían a reforzar, organizar y capacitar a sus policías municipales.

Jubilosas, autoridades estatales y municipales han estado ya en espera de que les asignen los guardias correspondientes para que sean ellos los que salgan a las calles a combatir la inseguridad, sin desprenderse de centavo alguno, en tanto los alcaldes siguen simulando que mejoran sus cuerpos policiacos.

De entrada, el senador priísta Manuel Añorve Baños fijó su postura de rechazar la iniciativa, que calificó como “un despropósito que no abona, sino por el contrario, perjudica y lastima la economía de los estados”, señalándola como “otro error y grave”.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que si la GN no viene con presupuesto, se tendrá problemas. Prudente, remató: “…pero se debe esperar hasta que el Congreso de la Unión discuta el tema”. Mucho se ha dicho, pero nada está resuelto. n

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