La política es consustancial al ser humano, aun cuando no cobre conciencia de ello. Por eso es que los estudiosos de la materia, entre ellos los politólogos, suelen decir que la política es todo, o que la política está en todo o que todo es política.

Por supuesto, los hombres y las mujeres que se dedican a esa actividad lo saben mejor que los demás y lo confirman cuanta más de su vida ocupen en ella. Al cabo de un tiempo pueden distinguir sutilezas políticas en miradas, gestos, ademanes, palabras, que son –por decirlo en términos más comunes– elementos de una comunicación no verbal, que también fija posturas y posiciones, muchas veces sin tener que entrar en conflicto a causa de ellas con otros actores del entramado político.

Un ejemplo es la discreta disensión del gobernador Héctor Astudillo Flores con el gobierno federal en lo que respecta a algunas maneras y algunos modos de sobrellevar la pandemia del nuevo coronavirus.

Ayer el mandatario tomó como acuerdo la recomendación de suspender la ceremonia del Grito de Independencia como se escenificó hasta el año pasado, de cancelar la verbena que por tradición le ha seguido, así como el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

Precisa el acuerdo que la ceremonia sí podrá llevarse a cabo, “siempre y cuando se transmita por redes sociales con la asistencia mínima, que sólo incluya a los servidores públicos indispensables”.

Es una manera de disentir, sin decirlo, de la decisión que al mismo respecto tomó el gobierno federal, pero en sentido opuesto, pues –como es del dominio público– éste tendrá su ceremonia y su desfile.

Pero otros detalles también hablan de ese discreto disenso: el uso de cubrebocas por los gobernantes es uno de ellos; en Guerrero, todos los integrantes del gabinete estatal, e incluso de ayuntamientos, lo emplean cuando están en público o en reuniones presenciales entre ellos. En el estado también, con la anuencia del gobierno del estado, se emplean los túneles sanitizantes, esos cuya utilidad negó hace cinco meses el subsecretario López-Gatell.

Así, puede decirse que no es sólo una manera de disentir; también, de enseñar a coexistir en paz y civilidad en la arena política. n

Se han recuperado 10 mil 754 personas del Covid-19, indica


Chilpancingo, 1º de septiembre. “Estamos en semáforo amarillo pero la pandemia sigue”, enfatizó el gobernador Héctor Astudillo Flores al tiempo de informar que en un esfuerzo presupuestal de su gobierno y en un acto de responsabilidad, se pagarán los salarios de los maestros que no están considerados en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), cuyos recursos son enviados por la federación.

Durante la transmisión número 159 para actualizar los datos del Covid-19 en el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores también deseó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador éxito con motivo de su segundo informe de labores.

Comentó que tras el paso de la tormenta tropical Hernán, 27 municipios recibieron la declaración de desastres, por parte de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Protección Civil, y 16 han sido calificados para la declaratoria de Emergencia por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que se procederá a instalar los comités correspondientes.

Ante las críticas es usual el consejo popular de “date un baño de mantequilla para que se te resbalen”, buscando así que pasen inadvertidas y en consecuencia el criticado no sufra daño emocional alguno.

El sentido común sugiere, en cambio, sobre todo en el caso de los servidores públicos, que escuchen atentamente, analicen, valoren, descarten o actúen.

Es sano, sí, el baño de mantequilla cuando se trata claramente de un chisme, un comentario de mala fe con tendencia a fastidiar, pero no cuando el crítico maneja hechos concretos y los respalda con fundamentos.

Luego entonces, cuando alguien, independientemente de quien sea, un ciudadano común, un político, un profesionista, expresa su malestar e inconformidad sobre una irregularidad claramente expresada, ningún funcionario tiene derecho a ignorarla.

Más ayuda el crítico que el adulador.

Más contribuye a gobernar bien alguien que señala errores o vicios que quien se dedica a la lisonja.

No se entiende, por tanto, el malestar que causa a funcionarios públicos municipales el señalamiento de la existencia de descargas de aguas negras al mar, lo que, a manera de justificación, manejan como ataques políticos con miras a frenar las aspiraciones de los responsables de corregir este problema.

Se entiende como ataque el insulto, la degradación, la agresión verbal.

En el caso específico de las descargas de aguas negras que tanta irritación provocan, están ahí. A la vista de todos. Nadie lo está inventando.

No es ninguna falta a la autoridad el exigirle que lo arregle, porque, al final de cuentas, para eso llegó al cargo.

Falta de respeto es, en todo caso, revirarle al quejoso que vive en la luna porque las aguas putrefactas han corrido hacia la bahía desde trienios atrás.

Es verdad.

Lo que no es verdad es que no hayan demandado la solución a anteriores gobiernos.

Se ha hecho, pero los responsables han sido irresponsables y omisos; por esa razón el electorado votó para que llegaran políticos frescos con nuevas ideas y ganas de eliminar vicios y corruptelas, para que atiendan lo que otros han pasado por alto.

Resulta muy sobada la tan socorrida expresión de “antes no decían nada y ahora exigen soluciones”; si lo hicieron o no, en todo caso lo importante es analizar si persiste o no el problema, y si persiste, en su derecho está la gente de pedir arreglo y el servidor público en su obligación de resolverlo.

Si los funcionarios tienen la piel tan delgada, si son alérgicos a la crítica, al señalamiento ciudadano, si les desagrada que la población les señale fallas en lugar de caravanearlos, mejor harían en retirarse a su casa y frenar sus ambiciones de ascender más en la política para que los electores menos se atrevan a tocarlos. n

Conoce proyecto para ampliar el Instituto Estatal de Cancerología


El gobernador Héctor Astudillo Flores y el coordinador nacional de Infraestructura Hospitalaria del Instituto para la Salud y Bienestar (Insabi), Carlos Sánchez Meneses, recorrieron las instalaciones del Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega y concocieron el proyecto para concluir la Torre E-3 de este inmueble hospitalario, con una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Con esta obra se fortalecerá su funcionamiento y garantizará una mejor atención a la población, no sólo de Guerrero sino también de estados circunvecinos.

Acompañados por el director general de Planeación y Desarrollo en Salud del Insabi, Alejandro Vargas García, y por el secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos, se planteó la propuesta integral, en la que se considera una ampliación de los servicios, de tal manera que permita atender a un mayor número de personas.

Dijo que es buen momento para impulsar este proyecto y realzó la colaboración con la Federación para promover inversión en los hospitales de Tecpan, Petatlán, Arcelia y Olinalá, para construir el hospital de Ayutla y ampliar la unidad de salud de Cruz Grande.

Los desplazados por la violencia no son los únicos abandonados; igual suerte se corre en el caso de la inmensa mayoría de desaparecidos, a cuyos familiares el gobierno ha dejado la tarea de buscarlos.

Para la Federación, el único caso que amerita atención es el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, en cuya búsqueda ha llegado a desplegar miles de agentes de las fuerzas de seguridad, así como otros recursos, sin que por ello haya aportado resultados.

En el caso de los demás, familiares de diversas regiones de la entidad se han organizado en grupos que recorren todo sitio en el que consideran que pudieran estar sepultados sus seres queridos, para lo que el gobierno federal apenas les asigna unos cuantos policías para su resguardo.

Tan marcado ha resultado el trato preferencial, que ha arrancado protestas de los familiares, reclamando que se busque por igual a todos los ausentes.

En este contexto, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México (Afadem) exigió al gobierno federal que los mismos protocolos de búsqueda e identificación que usa en el caso de los 43 los aplique en el de las más de 450 personas que fueron detenidas y desaparecidas en Atoyac durante la década de los años 70.

Por su parte, el obispo Salvador Rangel Mendoza demandó el esclarecimiento de lo sucedido a los normalistas, pero que se haga lo mismo con respecto a los más de 500 desaparecidos.

Al rendir su primer informe de labores en diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una de las prioridades del gobierno federal. Sostuvo que éste “ha emprendido todas las acciones y esfuerzos necesarios para solucionar este problema”.

Aparte de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, entre los temas prioritarios en el primer año de gobierno, señaló Encinas, estuvo la atención a defensores de derechos humanos y periodistas, así como la atención a víctimas.

Citó a Los Otros Desaparecidos, de Iguala, como un ejemplo de las acciones de acompañamiento que la Segob llevaba a cabo, en vez de que sea el Estado el que se encargue de la búsqueda.

El caso es que la supuesta acción que prioritariamente lleva a cabo la Federación no se refleja en Guerrero, donde siguen matando a periodistas, los desaparecidos no aparecen, los defensores de derechos humanos son atacados y las víctimas continúan en espera de justicia.

Así el panorama, si el gobierno “ha emprendido todas las acciones y esfuerzos necesarios para solucionar este problema”, como asevera Encinas, ¿qué más puede hacer si ya echó toda la carne al asador? n

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