No deja de sorprender la ligereza con que las autoridades insisten en manejar aspectos relacionados con la violencia, buscando minimizarla, sin importarles caer en la ilegalidad.

Si, como dice la autoridad municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) asegura que la mayoría de los asesinatos ocurridos en el municipio son de personas que estaban involucradas en cuestiones delictivas, habría que preguntarle en qué fundamenta su aseveración.

Si habla de una mayoría sin especificar casos, los familiares de todos los asesinados –no de la mayoría, sino de todos– cargarán con el estigma conferido por la sociedad, también tan dada a juzgar a la ligera, de que su difunto andaba en malos pasos.

Sin duda, las investigaciones que desarrolla la Fiscalía no son suficientes para declarar culpables a las víctimas, además de que hacerlo no es su papel; si hubiera una investigación sólida, seguramente habría homicidas detenidos, lo cual no sucede.

Por otro lado, según la autoridad municipal, no se puede impedir que ocurran los asesinatos; cierto es. Aun asignando un policía a cada habitante, el que trae en su lista la delincuencia caerá; el caso es grave, pero no menos grave es el hecho de que ni se puede evitar los asesinatos, ni se puede castigar a los asesinos, porque la violencia y la impunidad cabalgan en el mismo corcel en Guerrero.

Ante tales condiciones, pasar como delincuentes a los asesinados sin tener la certeza de que así sea se convierte en la fórmula más práctica para justificar el fracaso en prevenir la delincuencia, por un lado, y por otro, la incapacidad de someterla al imperio de la ley.

Lastima a la sociedad, por otra parte, la atención selectiva –no digamos justicia, porque la justicia no llega– a homicidios de personas que descuellan en ciertos ámbitos, entre ellos el político.

Ayer, el jefe del Ejecutivo informó haber ordenado al fiscal asignar un equipo especial para que investigue el asesinato de Bertha Silva Díaz, ex candidata a diputada local.

Asesinatos de políticos van y asesinatos vienen sin que nunca se aclaren, pero el hecho de que en algunos casos haya atención prioritaria no deja precisamente un buen sabor de boca a gente común que le han matado a algún familiar y está en espera de que la Fiscalía haga su trabajo, así no utilice equipos especiales. n

Para bien de los guerrerenses, el gobernador Héctor Astudillo Flores mantiene su postura de no entrar en conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la crisis derivada del programa de fertilizante gratuito, ha tenido el suficiente cuidado de no golpear la figura presidencial. Si bien se ha inconformado en varias ocasiones contra las irregularidades, ha enfocado sus observaciones sobre los responsables del reparto.

Este martes 6, al vencer el plazo para la entrega del insumo, declaró sin rodeos que el programa no cumplió las expectativas, y responsabilizó de ello a los operadores del reparto, respecto a lo cual acusó que se impuso la insensibilidad, la ausencia y la falta de planeación y compromiso.

Eso sí, pidió a la Federación preparar un programa alimentario emergente, en previsión de los daños que pudieran causar las fallas del reparto. No llegó a vaticinar en ningún momento que vaya a haber hambruna. Muy delicado habría sido hacerlo.

Ayer, con relación a los bloqueos en el país, incluido, desde luego, Guerrero, puntualizó la importancia de no dejar de lado las manifestaciones de inconformidad y adelantó que buscará una respuesta pronta en caso de que la Federación o las autoridades competentes no intervengan.

Mal haría en cruzarse de brazos y dejar que todo pase, sin hacer lo que le corresponde como autoridad responsable del estado.

Hablar de lo que pasará o no resulta incierto y aventurado; lo que sí es innegable es el hecho de que el programa del fertilizante no dio el resultado que se necesita.

Ayer, el mismo López Obrador lo reconoció. “Se cometieron errores por ser el primer año;  es ensayo y error”, aceptó.

Admitir que hubo fallas ya es un buen principio para enmendarlas y tomar medidas preventivas para lo que pueda sobrevenir a raíz de los desatinos.

Falló el programa, es un hecho; arrojar culpas hacia uno y otro lado nada resolverá; ahora Federación, estado y municipios deberán organizarse para que las consecuencias de tropiezos sean lo menos destructivas. n

Ni sorpresa, ni sobresalto, provocó en el Congreso local, ni en el entorno político del estado, la demanda de juicio político que presentó el diputado federal de Morena Rubén Cayetano García contra los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión Permanente, por haber tomado tres semanas de vacaciones, lo cual implicó violar la ley orgánica del Legislativo y, en los hechos, desaparecer por un tiempo ese poder público.

No podía ser de otra manera: esa demanda no tiene ninguna posibilidad de prosperar como tal, pero sí proporciona a su autor la posibilidad de mantener su presencia en los medios de comunicación.

El legislador federal pidió a los líderes del Congreso local y a otros integrantes una especie de suicidio político con un juicio que podría acabar en su destitución. Nadie –empezando por el propio autor de la demanda– estará pensando que eso ocurrirá.

Con seguridad, no se trataba de que tuviera ese efecto, sino de que su nombre sonara con motivo de ello. Quizá busca posicionarse entre los aspirantes con posibilidades para las próximas elecciones, pues la competencia por conseguir una postulación de Morena, su partido, de seguro es brutal, y a algunos les ha de parecer que para lograrla todo es válido.

Es como cuando el Partido Verde enarboló la bandera de la pena de muerte. No puede asegurarse que iba en serio, pues la Constitución prohíbe tal castigo basada en que, ejecutada la pena, no hay manera de remediarla, aliviarla, suspenderla o suavizarla, porque la muerte, hasta ahora, no tiene vuelta atrás.

Para lograrla, pues, habría tenido que reformar la Constitución, para lo cual debería sumar dos terceras partes de la Cámara de Diputados federales y la mitad más uno de los Congresos locales, además de romper los tratados internacionales en los que nuestro país se ha comprometido a no aplicar esa pena.

Era una propuesta demagógica, pero con posibilidades de hacer conexión con las emociones de los electores; es decir que tenía el descarado propósito de levantar votos en la elección, para de ese modo no desaparecer como partido, y así seguir recibiendo presupuesto público.

Se parece también al anuncio que recién hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de solicitar la extradición del asesino de El Paso. Es muy improbable que Estados Unidos la conceda, ni hay nada que lleve a concluir que en México sería mejor juzgado y sancionado que allá. Así las cosas, ¿para qué anunció Ebrard su intención de extraditarlo? Podría ser para ganar votos y popularidad en el muy probable caso de que le toque competir por la Presidencia dentro de cinco años.

¿Será que algo así pretende Cayetano García, aparecer en las boletas electorales del próximo año?

Al menos, de eso lo acusa el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Celestino Cesáreo Guzmán: como no tiene foro en el Congreso federal –pues allá la competencia con otros 499 legisladores debe estar feroz–, viene a buscar camorra a Guerrero para brillar un poco. Si algún medio de comunicación local cayó en su garlito y le siguió el juego, allá él. n

Los recursos se destinarán para beneficiar a escuelas del puerto


La titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, Milly Ramírez Olmedo, informó que este año podrían no entregarse las becas municipales porque el gobierno federal está absorbiendo el programa.

Dio a conocer que se está proponiendo que los 6 millones de pesos que etiquetó el ayuntamiento para ese programa, sean destinados en programas sociales en beneficio de escuelas que requieren de pintura, impermeabilizante y mobiliario.

La funcionaria aseguró que los 2 mil estudiantes que recibirían una beca municipal no quedarán desprotegidos porque el gobierno federal está entregando los apoyos a todos los niveles escolares y el gobierno municipal será el enlace de los beneficiarios con la Federación. “Podría no haber becas porque el gobierno federal ya está otorgándolas en todos los niveles... Nosotros estamos haciendo una nueva propuesta para redireccionar esos apoyos que se van a ir al tema de becas y que se destinen a los programas de pintura impermeabilizante para las escuelas que donde hay mucha mayor demanda y que por supuesto no de duplican con el tema federal ni estatal”, declaró.

Ramírez Olmedo detalló que en un primer censo realizado por la Sedesol municipal se están contemplado 130 escuelas de las zonas urbana, suburbana y rural para recibir pintura, impermeabilizante y mobiliario, ya que la primera entrega de mobiliario de escuelas que hizo el municipio no fue suficiente.

Afirmó que con la reprogramación de los recursos de las becas municipales el beneficio sería mayor para los estudiantes porque hay escuelas que están en condiciones “bastantes desfavorables”.

Acorde con la imparable ola de violencia, las policías comunitarias vuelven a saltar a la palestra envueltas en la sospecha y las acusaciones entre ellas mismas de estar involucradas con la delincuencia.

La senadora Nestora Salgado, ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, sacó a relucir el tema al manifestarse para que, desde el mismo pueblo, haya una depuración de las policías “a fin de que la corporación no se contamine con personas del crimen organizado”.

Consideró que deben ser el pueblo y las asambleas quienes hagan el trabajo de limpiarla.

Mas las ideas de la legisladora patinan en la utopía, pues sabido es que la inmensa mayoría de las policías comunitarias o autodefensas no fueron creadas por las comunidades.

Eso, por un lado; por otro, del plan anunciado el reciente 31 de enero en Tepecoacuilco por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para “recuperar el control territorial en todo el país y restituir la autoridad y el respeto a la ley”, nada se ha sabido, a pesar de los seis meses transcurridos ya.

El subsecretario dijo entonces que el gobierno federal trabajaba en un plan para la desarticulación de las autodefensas, policías comunitarias o ciudadanas que operan en el estado; señaló que “hay unos que son legítimos y otros que son grupos de paramilitares o responden a los intereses de las bandas de la delincuencia organizada”.

En tanto la administración estatal se ha declarado incapaz de resolver el problema y lo ha dejado en manos de la Federación, parece que a Gobernación se le olvidó el plan, pues nunca más ha vuelto a hacer mención del mismo, mientras las autodefensas adquieren más fuerza. n

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