Después de cinco días, este viernes concluyó el paro laboral en el ayuntamiento de Acapulco. La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, declaró que será hoy lunes cuando se den a conocer los términos del arreglo con las cuatro secciones sindicales que aglutinan a los trabajadores municipales.

La parte sindical adujo que la suspensión de actividades se debía a la falta de firma del contrato de trabajo; la parte patronal explicó siempre que ya se había autorizado un incremento salarial de 4 por ciento y que la actual administración ha otorgado a sus trabajadores más beneficios que ningún gobierno anterior.

También sostuvo en todo momento que la razón de la inconformidad sindical era la propuesta para constituir la Comisión Mixta de Escalafón que se encargaría de la elaboración de un reglamento escalafonario y una convocatoria abierta a todos los trabajadores con el propósito de que se haga una revisión bilateral de las solicitudes y con base en los derechos de cada trabajador sean asignados los beneficios laborales conforme a sus méritos y antigüedad. Se supone que de esta manera acabarán los procedimientos opacos que han prevalecido entre las autoridades y líderes.

De bien a bien, durante el paro no quedó claro si la resistencia sindical iba en ese sentido, pues la dirigencia hablaba de que no se había firmado el contrato. Nada más.

Sería por demás extraño que las secciones sindicales se opusieran a esta propuesta presidencial, porque cada cambio de gobierno protestan porque el alcalde saliente invariablemente autoriza a su libre arbitrio la basificación de trabajadores, que vienen siendo gente de su confianza, lo cual margina del beneficio a trabajadores sindicalizados con suficiente antigüedad para obtenerlo.

Por esa razón, sería de entenderse que los líderes apoyaran la propuesta de la alcaldesa, quien, en el último de los casos, bien podría pasar por alto esta situación y permitir, sin crearse problemas, que en cada cambio de gobierno siguieran violándose derechos de los trabajadores al aislarlos de las basificaciones para favorecer a allegados de la autoridad, al fin que ella termina su gestión y se va.

Incluso, podría hacer lo mismo que sus antecesores –basificar a su gente aun sin tener derecho–, pero opta por poner orden, decisión que habla bien de su gobierno.

Pero será este día cuando se dé a conocer cómo quedaron finalmente ayuntamiento y sindicatos. n

Integrantes de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco - UCRA realizaron una lúcida cabalgata de la Diana al Asta Bandera, con camiones adornados y música de tambora los integrantes bailaban e invitaban a la gente que observaba.

También asistió la princesa del jaripeo Amy Sandoval y el presidente de la UCRA Joaquín Salgado Bahena en compañía de Pepe Salgado y Baldomero Díaz Corbalar.

Clara, precisa y contundente fue la explicación expresada por el gobierno del estado en su posicionamiento respecto al retraso en el reparto del fertilizante.

Detalló y remarcó los puntos en que los representantes del gobierno federal responsables del programa han errado de tal manera que lo puedan refutar punto por punto sin dar lugar a generalidades e interpretaciones.

Dice una parte del documento: existe un retraso en la entrega del fertilizante… debido a una falta de planeación e inadecuada operación  del programa. Esto se ha visto reflejado en la ausencia de un padrón y en la falta de vales suficientes y la incipiente entrega del propio insumo.

Son los propios productores los que citan la falta de vales y son los hechos los que exhiben lo incipiente del reparto del insumo, lo que se refleja en una distribución inferior a 50 por ciento, en tanto las lluvias ya están avanzadas.

Otra falla mencionada por el posicionamiento es el incumplimiento de la convocatoria de acuerdo con la cual los productores debían presentar sus solicitudes en línea, lo que ha ocasionado, por ejemplo, la inexistencia de los listados de los campesinos a beneficiarse.

La delegación federal y la Coordinación del Programa atribuyen las protestas a supuestos manejos políticos; es decir que ellos van bien. Manejan que las movilizaciones, los bloqueos de la autopista y carreteras, así como la toma de oficinas públicas, están injustificados, no tienen razón de ser. Dejan entrever que es el gobernador el que está detrás de todo eso.

En su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un retraso en la distribución. Dijo que se debe al cambio que se hizo en la estrategia de entrega. De ahí vienen los obstáculos.

Lo más importante –reforzó– es que se cumpla el compromiso de entregar el insumo a tiempo.

Para el gobierno estatal hay fallas de planeación y operación; para el Presidente hay problemas por el cambio de estrategia.

Para el estado se está pasando el momento en que el productor debe tener el insumo; para AMLO se está a tiempo.

La situación que exhibe el estado es una; la información que han entregado a López Obrador es otra, distinta.

Es indiscutible que gobernador y Presidente deben sentarse a platicar ya, porque las protestas evidentemente no se detendrán en tanto no llegue el abono, y se corre el riesgo de que se cumpla el pronóstico estatal: “No actuar con responsabilidad y a tiempo tendrá consecuencias muy graves y dolorosas para todos”. n

Cuando haya pasado la crisis del fertilizante –que en estos días concentra todos los reflectores, con sobrada razón–, los problemas crónicos de Guerrero seguirán ahí, pues el tema emergente los ha desplazado a un segundo plano, pero sólo por un tiempo.

Avanzará la temporada de lluvias, llegará el tiempo de la cosecha, y con el tiempo el tema del insumo agroquímico pasará a segundo y hasta a tercer plano, si no es que desaparece del escenario por una temporada.

Entonces, los alcaldes, el Congreso local y el Poder Ejecutivo del estado verán que sigue ahí el problema de las indemnizaciones que los gobiernos municipales deben pagar a cientos de trabajadores cuyo despido no fue debidamente justificado ante la autoridad laboral, y que ya constituye una deuda de magnitud tal que compromete las finanzas y los programas de gobierno de las alcaldías.

Por eso es loable que el Congreso local haya empezado a poner manos a la obra en este asunto al instruir a la Auditoría Superior del estado que emprenda una revisión de los presupuestos de los gobiernos municipales en busca de verificar que, en efecto, incluyan –por primera vez en la historia– una partida para saldar compromisos laborales ordenados por tribunal, y al exhortar a los alcaldes a informar lo correspondiente.

La acción de los legisladores, sin embargo, no debe quedar ahí, sino ir a fondo, pues el asunto de los laudos laborales con cargo a las finanzaas públicas puede llegar a paralizar a más de un ayuntamiento, a impedirle cumplir sus obligaciones básicas, que son brindar servicios, entre ellos la seguridad física y patrimonial, a sus gobernados.

De poco servirá que los cabildos incluyan una partida en el presupuesto de egresos de su municipio para el pago forzoso de indemnizaciones a ex trabajadores, si no cambia la práctica de los alcaldes de despedirlos sin suficiente justificación.

Los diputados deben regular ese aspecto de la gestión municipal, para que los alcaldes no puedan hacer eso, así como tampoco contratar personal adicional por encima de las posibilidades financieras de su ayuntamiento.

Para ello deben hacer cuanta reforma sea necesaria para responsabilizar a los ediles de sus actos y limitar el tamaño de la nómina municipal, en relación directamente proporcional al tamaño de la población del municipio.

La solución, en realidad es sencilla. Sólo requiere voluntad política. n

La comidilla de la clase política no ha dejado de ser el desempeño de los hermanos Sandoval Ballesteros (Pablo Amílcar en la delegación en Guerrero e Irma Eréndira en la Secretaría de la Función Pública) en el gobierno federal.

Incluso, en la Cámara de Senadores se llegó el momento en que el hecho fue aprovechado ya por los opositores para golpear a Morena, sin llegar a mayores.

En la entidad se ha colocado en el tapete de la controversia qué haría Irma Eréndira llegado el momento en que tuviera que investigar a su hermano.

Pero no se había abordado el tema como un caso de nepotismo, sino como un conflicto de interés.

Finalmente, ayer la pregunta afloró inevitablemente en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue enfocada en el sentido de que si la permanencia de los hermanos en la función pública no constituye un acto de nepotismo.

El jefe del Ejecutivo federal contestó que no “porque ocupan cargos distintos” en su gobierno y “la función de ambos son completamente diferentes”.

Abundó que pedirá que le informen si dos hermanos en áreas distintas del gobierno pueden trabajar o no; se comprometió a comunicar la respuesta en la conferencia de hoy miércoles. “No lo afirmo, porque no lo tengo claro, si en este caso está prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a saber aquí”, reforzó.

Si se conoce como nepotismo la predilección que algunos funcionarios poseen respecto a su familia a la hora de hacer concesiones o contratar empleados, habría que establecer que los hermanos no son familiares del Presidente.

Más bien, podría brincar la liebre por el lado del conflicto de interés; habría que aterrizar si a la hora de una investigación al hermano sería suficiente con que ella se mantenga al margen, como dice el Presidente que le ordenó ya.

Según lo anunciado por el mismo López Obrador, el desenlace se conocerá en la mañanera de este día. Hoy se despejará la incógnita que ha flotado en el ambiente. n

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