Cuando se habla de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha inhabilitado a 20 servidores públicos, entre ellos seis ex presidentes municipales, cuatro ex síndicos y tres ex tesoreros municipales, mueve a pensar que este organismo, dependiente del Congreso local, está trabajando.

Y es muy probable que esté haciendo lo que le corresponde, pero es de dudarse que un solo ciudadano de la calle dé crédito a ello, simple y sencillamente porque no hay evidencias de cumplimiento.

Así, según su informe que abarca de 2013 a 2019, seis ex presidentes municipales, cuatro ex síndicos y tres ex tesoreros municipales están sujetos a proceso de fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Está bien.

No ha terminado el proceso.

No hay resultados definitivos aún.

Va lo cuestionable: la Auditoría informó que de 2014 hasta la mitad de 2019, tenía aplicado 125 resoluciones y había sancionado a 321 servidores públicos con amonestaciones, multas, indemnizaciones e inhabilitaciones.

En 2016 aplicó sanciones a 101 servidores públicos de 48 municipios del estado por no solventar el pliego de observaciones.

¡Ajá! ¿Pagaron las multas e indemnizaciones estos servidores?

¿La ASE sancionó? Tal vez, pero ¿quién cobró? ¿Quién se encargó de que efectivamente los señores pagaran? ¿En qué arcas ingresó ese dinero?

Todo un enigma.

Algo más: suman 20 los servidores públicos inhabilitados hasta 2029.

¿Qué dependencia, organismo o poder del estado se hará cargo de que los señores no desempeñen ningún cargo público? ¿Quiénes son los inhabilitados?

Por otro lado, la ASE afirma haber interpuesto demandas penales por no entregar informe o cuentas públicas contra 19 ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales de 2013 hasta 2019.

¿Quién se encargará de dar seguimiento a las demandas penales? ¿La Fiscalía General del Estado? Para morirse de risa, considerando que, durante 2019, su efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión fue 35.3 por ciento, lo que la posicionó en el penúltimo lugar nacional, según el Índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019.

El caso del fraude por 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos cometido contra Capama en 2016 dibuja de cuerpo entero la efectividad de la labor de la ASE.

El 9 de julio de 2019 informó que los involucrados no cumplieron el pago establecido en la resolución, por lo que dio vista a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado “para que proceda de acuerdo a lo que la ley establece”.

Se agotó el procedimiento; ni un solo centavo regresó a Capama, y probablemente los defraudadores estén carcajeándose. n

Los enemigos

Ene 28, 2020

No por insistente y desatendido deja de ser relevante el llamado de la Red Todos los Derechos de Todos (TDT) al gobierno a respetar la labor de los defensores de derechos humanos.

Esta vez, el origen del pronunciamiento fueron los hechos perpetrados recién contra defensores del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) de Chilapa en Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo.

Como parte del mensaje, la TDT citó como antecedente del peligro que corren los defensores de derechos humanos el asesinato de 21 de ellos en el país, entre los que se incluyen guerrerenses.

“Las personas defensoras continúan desempeñando su labor en condiciones de alto riesgo: en 2019 incrementó la criminalización y agresiones contra las personas defensoras de migrantes y de personas desplazadas forzadamente”, asentó.

Pero nadie ve a la Red, ni la oye; los asesinatos van aparejados a la impunidad, más aun cuando el gobierno ve en la eliminación de los defensores el retiro de una piedra de su camino.

Los defensores estorban a la autoridad porque le marcan sus excesos; por consiguiente, ningún interés tiene en prevenir su muerte, ni en detener y castigar a los culpables cuando los asesinan.

En esta tesitura, la impunidad es una invitación a seguir liquidándolos.

La misma línea con los mismos resultados es el caso de los periodistas.

Ayer, periodistas taxqueños condenaron agresiones contra comunicadores y demandaron condiciones para ejercer su actividad.

“Como afirman organizaciones internacionales no gubernamentales, ser periodista en México parece más una sentencia de muerte que una profesión”, denunciaron en un comunicado emitido a nombre de reporteros y corresponsales.

Es la misma exigencia de siempre con la misma respuesta de siempre.

Reclaman condiciones para hacer su trabajo; con que hubiera respeto sería un gran avance, pero son los mismos políticos y funcionarios los que se encargan de atropellarlos.

Son bloqueados, agredidos y asesinados impunemente; son vistos, lo mismo que los defensores de derechos humanos, como enemigos del gobierno.

En ninguno de los dos casos se ocupan de ellos.

No pueden los funcionarios proteger a nadie; ni siquiera ellos se protegen, es cierto. Es delicado, pero tampoco quieren, que es lo más grave.

Reclaman protección y justicia unos y otros, convirtiendo su grito desesperado en un clamor de supervivencia. n

Insistentes han sido priístas con representatividad e influencia a nivel estatal en el sentido de hacer ver la necesidad de que, para las elecciones de 2021, el PRI busque alianzas con otros partidos, además de seguir con sus aliados.

Están preocupados y no sin razón.

El panorama actual no les favorece; a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, a nivel nacional se han apagado, y en el ámbito estatal sólo la luz que proyecta el gobierno de Héctor Astudillo Flores los mantiene a duras penas a flote.

Si bien es cierto que a la administración de Astudillo le pesaba el incumplimiento de su promesa de campaña de orden y paz, la reducción de los asesinatos dolosos ha elevado sus bonos entre la población, pero aun si la inseguridad siguiera decayendo, no les daría para mantener la gubernatura, si no asumen medidas que los impulsen.

Muchos son los lastres que el PRI arrastra y que, aun con un excelente desempeño que tuviera Astudillo Flores, le sería muy difícil conservar el gobierno.

Para el gobernador, desde luego, no pasa inadvertida esta situación; en consecuencia, como líder del priísmo estatal, ha pedido a los dirigentes y consejeros más acercamiento con el pueblo, escucharlo y tenderle la mano; estar más pendientes de lo que le sucede y de lo que le aqueja.

Ha recomendado unidad y más organización, hacer crecer su membresía, abrir las puertas para muchos, establecer alianzas sin subestimar a nadie.

El mensaje no puede ser más claro.

En la sesión del Consejo Político Estatal del PRI el 9 de diciembre, el gobernador apremió a preparar al partido para 2021; recordó a los priístas que “exactamente dentro de un año estaremos en el umbral de conocer y de que ustedes orienten quiénes van a ser los candidatos”.

El discurso del mandatario pareció ser el banderazo para que los priístas se pongan a trabajar con miras a 2021, porque las elecciones de gobernador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, constituirán un obstáculo difícil de saltar. n

Esperanzador 2020

Ene 28, 2020

Un balance objetivo podría mostrar que, para Guerrero, el año que recién concluyó, si bien fue de claroscuros, en general resultó para bien de sus habitantes en varios de los rubros que más les importan.

En la que es, por mucho, la demanda más sentida de la población, la seguridad pública, desde hace meses los reportes oficiales han mostrado una mejoría continua, hasta el punto en que en la última sesión de 2019 de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz el gobernador Héctor Astudillo confirmó que el estado descendió hasta el séptimo lugar nacional en cuanto a criminalidad, luego de avanzar 23 por ciento sobre los indicadores de 2018.

En afluencia turística, indicador seguro del reposicionamiento en esa materia, las cosas también mejoraron, según las cifras oficiales y según las apariencias, hasta el punto en que este miércoles la ocupación hotelera en Acapulco se ubicó en 97.5 por ciento, en consonancia con el nivel alcanzado por los otros destinos turísticos de la entidad.

Y así podría citarse otros rubros, algunos de los cuales tienen que ver con políticas nacionales empujadas por el gobierno federal, como la mejoría real de los salarios mínimos, efecto de aumentos decretados que no tienen merma, como en otros tiempos, a causa de una inflación desbocada, pues, como es bien sabido, en nuestro país ese fenómeno está bajo el control del Banco de México y en niveles no vistos desde hace muchas décadas.

Sin embargo, no todo son noticias alentadoras. Por ejemplo, en lo que respecta al medio ambiente, reporteros de este diario documentaron la profusión con que fueron empleados envases plásticos de un solo uso en las fiestas de fin de año, a pesar de la prohibición que entró en vigor hace meses en el estado, lo cual muestra que en este rubro queda mucho por hacer para educar, sensibilizar y concienciar a la población.

Sólo cabría anotar al respecto la aparente contradicción entre esta política que pretende salvar de la catástrofe de los plásticos al planeta y el impulso vigoroso que está dando al gobierno federal a la industria petrolera –la cual es el origen de los plásticos nocivos– y hasta a la industria del carbón.

Pero, como quiera que sea, el horizonte no deja de ser esperanzador. n

Si para los desplazados por la violencia 2019 fue un año de incertidumbre, 2020 no tiene mejor pinta; el horizonte que se vislumbra es de zozobra y desesperanza.

El gobierno se está ocupando de los desaparecidos por la delincuencia organizada, lo mismo que por las víctimas de la guerra sucia, pero no por quienes han tenido que abandonar sus comunidades acosados por los grupos delictivos.

Para el gobierno estatal, legalmente no son considerados víctimas, lo cual –se justifica–, dificulta su atención, “pues no cumplen con los requisitos para acceder a programas”, en tanto la Federación no los tiene incluidos en sus planes.

Lo ocurrido este fin de semana en la comunidad El Naranjo, municipio de Chichihualco, donde grupos armados desataron una balacera con duración de varias horas y saldo de un adolescente muerto, es ejemplo del peligro que corren los desplazados, que no sólo padecen el abandono gubernamental, sino también el acoso de criminales.

Provienen de las comunidades Los Morros, Filo de Caballo, Carrizal de Bravo, Campo de Aviación e Izotepec, unos del municipio de Eduardo Neri, y de Heliodoro Castillo los otros, según reporte del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, cuyos representantes han acusado que el gobierno no ha creado condiciones de seguridad para que regresen a sus pueblos.

El de El Naranjo es sólo un ejemplo de desatención.

En Tecpan, región de la Costa Grande, más de 180 familias que por la inseguridad salieron de sus pueblos en la parte alta de la sierra de cuatro municipios del estado, están desde hace seis años olvidadas por las autoridades, hacinadas en un hotel, carentes de alimentos, agua, ropa y atención médica.

El corresponsal de La Jornada Guerrero ahí, Rodolfo Valadez Luviano, reporta que los niños no van a la escuela y los hombres tienen pocas oportunidades de trabajo.

Por otro lado, cuando menos 15 comunidades de la Tierra Caliente, entre Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, se transformaron en pueblos fantasmas hace varios meses, por la inseguridad y la violencia incrementadas, admiten por separado los alcaldes respectivos, Eusebio Echeverría Tabares y Hugo Vega Hernández.

La representante del centro de derechos humanos Tepoztlán Víctor Urquidi, Clara Jusidman, ha advertido que el tema de desplazamiento forzado interno ha adquirido vigencia muy grande debido al efecto de la violencia y la colusión perversa entre autoridades, crimen organizado y empresas, las cuales buscan apoderarse de territorios naturales y minerales.

Así la situación, la solución al problema no asoma por ningún lado: la población sigue convertida en rehén de la violencia. n

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