Si bien amainó la tormenta política en cuya vorágine se vio envuelto Evodio Velázquez Aguirre, no es de creerse que el ex presidente municipal de Acapulco pueda dormir tranquilo.

Hace algunos días, Velázquez se replegó y pidió piedad al gobierno del estado, en cuyo apoyo publicó un desplegado en el que se sometía, acción con la que la lluvia de acusaciones y cuestionamientos en su contra cesó.

Empero, perduran ciertas situaciones que no lo dejan en paz.

El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos, por ejemplo, informó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal presentó denuncia penal por la desaparición de 183 armas en la Policía de Acapulco.

Indicó que la misma está dirigida contra quien resulte responsable; supuestamente hará investigaciones para deslindar responsabilidades y llamará, aseguró, a quien tenga que llamar.

Se entiende que difícilmente Evodio resultaría culpable de la pérdida porque no era él quien las tenía bajo su resguardo, pero en un momento dado ese no sería impedimento para que la Fiscalía lo llamara a cuentas con el fin de que declare; hacerlo colocaría nuevamente al ex primer edil en el centro del escándalo.

Enfático fue el secretario de Gobierno del estado, Florencio Salazar Adame, al aceptar que las instituciones están debilitadas y al culpar de ello a los ciudadanos; expresó que el gobierno del estado tiene que combatir la delincuencia con apego a la ley, y que los mexicanos “no tenemos apego por la ley, no tenemos respeto por la ley; si pensamos en la ley, estamos pensando cómo le vamos a dar la vuelta a la ley”.

Salazar Adame no es ningún improvisado; es, al contrario, un profesionista del derecho reconocido. Prestigiado. En consecuencia, sabe a la perfección que si hay autoridades, si se crearon las instituciones, es precisamente porque hay personas que no respetan la ley; hay ciudadanos que, efectivamente, como bien dice él, le dan la vuelta a la ley.

Y por eso precisamente hay gobierno, cuyos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se encargan de crear leyes, aprobarlas y ejecutarlas, a efecto de que, con base en la ley que menciona Salazar Adame, se prevenga, se persiga y se castigue el delito, para que  la sociedad viva en paz y armonía.

Al haber quienes no están dispuestos a vivir en este ambiente de convivencia pacífica surge la necesidad de que haya una autoridad que se encargue de someterlos al orden, porque si todo fuera orden y paz, ninguna necesidad habría de crear leyes ni instituciones, porque no harían falta.

A estas alturas del sexenio federal a cargo de Enrique Peña Nieto es claro que la no-estrategia en materia de seguridad pública que su gobierno aplicó desde sus comienzos ha implicado un retroceso a los niveles de violencia desbocada que sufría el país hace 12 años.

En la historia posterior de México, la que empiece a escribirse dentro de 10 o 15 años, ese hecho será uno de los distintivos de Peña Nieto: haber abierto las puertas del infierno al tomar la lamentable decisión de dejar de presionar a los criminales más allá de un límite mínimo, con la dudosa esperanza de que, al verse libres de la persecución gubernamental, por sí mismos decidirían moderar su sangrienta belicosidad.

No fue así, sino todo lo contrario. En todo el país, pero de manera notoria en algunas ciudades, entre las cuales está Acapulco, la inseguridad pública ha llegado a tal extremo que el signo de estos tiempos es la desesperación absoluta. Los ciudadanos están al borde de tomar las armas, de manera generalizada, y defenderse por sí mismos, pues ya no creen que las autoridades tengan capacidad o voluntad para hacerlo.

Entre ese estado emocional y la elección de la extrema derecha como opción política sólo queda un paso.

Mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no sea entregada al ayuntamiento, la alcaldesa Adela Román Ocampo será la menos responsable de la violencia en el municipio.

Hasta ahora, haberle quitado al ayuntamiento porteño el cuerpo policiaco no ha reportado ningún beneficio visible a la sociedad, ni termina de justificarse la detención de todos los policías con el argumento de cumplir órdenes de aprehensión contra dos mandos policiacos.

La acción se vio muy dirigida contra el alcalde saliente, Evodio Velázquez Aguirre, al que se le hizo una serie de acusaciones que incluye la pérdida de más de un centenar de armas de la Policía Municipal, pues cesaron los señalamientos como acto de magia cuando el ex alcalde publicó un desplegado en medios periodísticos solidarizándose con el gobierno de Héctor Astudillo Flores, acción interpretada en el ámbito político como una petición de perdón y paz.

Así, ni la seguridad ha mejorado ni las expectativas de un mejor desempeño para el futuro se dejan entrever.

La condena generalizada de comunicadores y organismos defensores de derechos humanos por el asesinato de Gabriel Soriano Kuri, refleja el hartazgo en torno a la violencia contra periodistas del país en general y de Guerrero en lo particular, lo mismo que la inactividad del sector gubernamental rebasado desde hace tiempo por la ola delictiva.

La noche del miércoles, Soriano Kuri, locutor y responsable del área técnica de la televisora estatal RTG, así como impulsor del hip hop, transitaba hacia el centro de la ciudad luego de dar cobertura periodística a un evento del gobernador Héctor Astudillo Flores en Mundo Imperial, cuando, en el crucero de Puerto Marqués, fue atacado a balazos, muriendo en el acto.

Conocedores de los antecedentes de impunidad en el caso de periodistas asesinados, de inmediato surgieron protestas de comunicadores contra la violencia y reclamos de justicia en diversas ciudades de la entidad, entre ellas, Acapulco, Tecpan, Zihuatanejo, Chilpancingo y Ciudad de México.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se unió al repudio del alevoso asesinato de Soriano Kuri, hijo del jefe de Información de La Jornada Guerrero.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, señaló que “el asesinato de Gabriel es un terrible recordatorio más de que la violencia contra periodistas no cesa en el país, reforzando lo que ya sabemos: México es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes hacen de la labor de informar a la sociedad su pasión y su profesión”.

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