Esperanza agotada

Sep 28, 2020

Cansados, hartos, fastidiados, de recurrir a las autoridades terrenales en exigencia de que acaben con la violencia, sin obtener resultados positivos, ciudadanos de la entidad invocan ahora a la autoridad celestial con la esperanza de ser escuchados y les conceda la tan anhelada, prometida y no cumplida paz, lo que debería ser una vergüenza para el gobierno en sus tres niveles.

En Ciudad Altamirano, católicos portando globos de varios colores marcharon la mañana de este domingo por las calles para pedir paz. “Sólo Dios nos puede ayudar”, dijeron algunos participantes, como si fuera un reproche para la autoridad. Los habitantes de la Tierra Caliente ya no aguantan más, gritó una mujer desde el interior del grupo de los marchistas, con los ojos cerrados, suplicando a Dios que acabe con la violencia que, se dolió, está matando a las nuevas generaciones.

En Iguala, integrantes de diversas iglesias cristianas del movimiento pentecostés, encabezados por la alianza de pastores, efectuaron ayer La Marcha por Jesús, para abogar por la paz. Al grito de “Cristo vive” y a “su nombre gloria”, los más de mil 500 congregantes, todos vestidos con azul y blanco, portando lonas, pancartas con leyendas de “Cristo vive, amor y paz”, y globos blancos, entonaban alabanzas y exaltaban el nombre de Cristo demandando un alto a la violencia.

Por regla general, aun en los casos de los delitos que se persiguen de oficio, la autoridad necesita de la denuncia para proceder a investigar, por la simple y comprensible razón de que no tiene manera de enterarse de todo lo que transgrede la ley en su jurisdicción.

En el México real, sin embargo, es usual que la autoridad no actúe aunque haya denuncia de por medio, presentada en tiempo y forma, como suelen decir los abogados.

Ejemplo del primer caso podría ser el incidente protagonizado hace días por pescadores que frente al Club de Yates de Acapulco sacaron del agua un pequeño cocodrilo de río, pero no lo entregaron a la Profepa, como ordena la ley y como se lo pidieron directivos de la asociación, sino que se lo llevaron, según anunciaron, a la laguna de Puerto Marqués, donde lo liberarían, de lo cual, por supuesto, no hay constancia que confirme que así fue.

Hasta donde es posible deducir de la información disponible, la Profepa no se enteró por denuncia alguna, sino por el video que personal del Club de Yates subió a Facebook, y entonces activó la búsqueda de los pescadores, en lo cual seguramente tendrá éxito, pues estos deben estar inscritos en algún padrón del ramo ante alguna otra autoridad, sea la Capitanía de Puerto o la Sagarpa, o ambas.

La exhortación de la administración estatal a los presidentes municipales de la entidad, en el sentido de crear un pacto por la seguridad ante la gravedad del problema de la violencia, si bien ganó los titulares principales de los medios de comunicación, no genera una sensación muy esperanzadora para la población.

El efecto mediático resultó todo un éxito, mas la eficacia del mensaje está por verse.

Si contando con la participación de las fuerzas armadas y la Policía Federal, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que la sensación de inseguridad aumentó de 83.2 a 85.9 por ciento de junio a septiembre de este año, la probable formación del pacto por los ayuntamientos no envía ningún mensaje de confianza porque las policías municipales permanecen en una situación de desorganización e impreparación, además de que no son nada confiables, pero más que nada por la indiferencia de los alcaldes.

Ya hace unas semanas, el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores lanzó a los alcaldes una exhortación a asumir su responsabilidad en las tareas de seguridad pública, pero no obtuvo respuesta de ninguno de los 81.

Ahora, en el caso del llamado al pacto, solamente la voz del presidente municipal de Acapulco se ha escuchado respaldando la iniciativa y para apoyar la inquietud del mandatario respecto a impulsar la creación del Mando Único de Policías.

Las autoridades municipales poco o nulo caso han hecho de certificar sus cuerpos policiacos; ni siquiera en Acapulco, el municipio más importante de la entidad, se ha llevado a cabo a plenitud, aparte de que el primer edil ha sostenido invariablemente que en materia de seguridad ha hecho lo que le corresponde, lo que significa que, si ha cumplido, no tiene por qué dar más.

Cumplidos ayer cuatro años del asesinato de la dirigente social Rocío Mesino Mesino, no hay ningún resultado tendiente a esclarecer el homicidio y a castigar a los responsables.

Ex regidora de Atoyac y dirigente en su momento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Mesino Mesino fue asesinada a balazos a plena luz del día por dos sujetos en el puente de Mexcaltepec, comunidad de ese municipio, cuando encabezaba los trabajos de reconstrucción después de los meteoros Ingrid y Manuel.

La Fiscalía General del Estado se encuentra con las manos vacías.

En conferencia de prensa ofrecida el martes pasado por la hermana de la víctima, Norma Mesino, y las abogadas Natalia Pérez y Valeria Moscoso, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que el caso será turnado a la fiscalía especial para agravios a defensores de derechos humanos y periodistas dependientes de la Secretaría de Gobernación, determinación tomada durante una reunión que sostuvieron con el fiscal general Xavier Olea Peláez.

Para el defensor de derechos humanos Javier Morlett Macho, hay razones para creer que el caso nunca se va a resolver; al pasar los años, puntualiza, las líneas de investigación del crimen se van diluyendo y eso complica una investigación puntual.

No podía ser más oportuno el momento elegido por el alcalde Evodio Velázquez Aguirre para manifestar su posición –cercana a la ya conocida del gobernador Héctor Astudillo Flores–, en el sentido de que es necesario revisar el estatus de la amapola, catalogada hasta ahora como cultivo ilegal, al igual que sus derivados.

Coincide el presidente municipal con el mandatario estatal en que mantener la prohibición de este cultivo y de sus derivados da pie a la violencia de las bandas criminales, pues su alta rentabilidad les sirve de aliciente y motor para vivir al margen de las leyes.

Un día antes de la declaración del alcalde, el Inegi publicó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), según la cual durante septiembre de este año la percepción de inseguridad entre los ciudadanos siguió en ascenso respecto del mes anterior y respecto del mismo mes, pero del año pasado, en todo el país.

Guerrero, por supuesto, tiene participación en estos resultados, si bien con sus particularidades. Según la encuesta del Inegi, mientras en Acapulco los habitantes se sienten más inseguros, en Chilpancingo y en Ixtapa-Zihuatanejo se sienten menos inseguros, pero no tanto como para echar las campanas al vuelo, pues en la capital se sienten inseguros 92.4 por ciento de ellos, mientras que en el par de balnearios de Costa Grande tienen sensación similar 79.2 por ciento de los pobladores.

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