Los guerrerenses no pueden vivir la misma historia. Huracanes y sismos han golpeado fuerte y sin piedad las tierras surianas. A cuatro a años de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, un número importante de damnificados aún no tiene hogar. La reconstrucción que empezó en 2013 sigue sin concluir, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto destinó millones para que se edificara el Nuevo Guerrero.

Hace algunos días, habitantes de Papagayo, del municipio de Juan R. Escudero, se manifestaron en la capital del estado exigiendo a la Sedatu que termine de construirles sus casas. De igual modo, constantemente, vecinos del fraccionamiento El Nuevo Mirador, de Chilpancingo, bloquean calles para pedir que se concluyan los trabajos. Las familias afectadas siguen sin tener un hogar.

Estos dos casos tienen algo en común. Los habitantes son damnificados de la reconstrucción, y se preguntará por qué. En el primero pretendieron entregar en Papagayo viviendas en un sistema de construcción alejado de sus usos y costumbres, en palafitos; los pobladores, con justa razón, las rechazaron; argumentaron que parecían periqueras y que eran inseguras.

Funcionarios del área turística de Guerrero que asistieron a la reunión de navieras internacionales en Mérida, Yucatán, este 27, debieron haber sudado frío cuando los representantes empresariales les plantearon como requisitos para incluirlos en sus recorridos contar con nuevos atractivos, servicios de primer nivel y conectividad, así como una ciudad limpia y ordenada.

Diversificar sus atractivos turísticos, ir más allá del tradicional sol, playa y arena, ha sido el gran desafío que no han querido enfrentar, no el actual solamente, sino los anteriores gobiernos estatales, cuya omisión provocó, en parte, el retiro de los turistas extranjero, incluidos, desde luego, los de los cruceros.

Por si fuera poco, las dependencias y organismos responsables de las tareas de promoción se han echado a la hamaca y le han apostado a la visita de los turistas nacionales, sobre todo del procedente de las entidades vecinas: estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

En torno al pacto convocado por el gobernador Héctor Astudillo Flores para combatir la violencia, uno de los segmentos que podrían contribuir de manera efectiva es, sin duda alguna, el responsable de elaborar y aprobar las leyes relacionadas con la seguridad y la justicia.

Cobra relevancia por ello la declaración del presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Eduardo Cueva Ruiz, en el sentido de que, para sumarse al pacto, se requerirá hacer un llamado a las comisiones para que las iniciativas relacionadas al tema –como aquellas contra el halconeo, la extorsión o el cobro de piso, la desaparición forzada y otras– sean de una vez revisadas y dictaminadas, sea en favor o en contra, pero que se defina una postura, y no queden nada más en la congeladora.

Se trata, pues, de sacar del archivero las iniciativas que se encuentran estancadas a fin de que, sin tanto jaloneo, los legisladores las aprueben o rechacen de una vez.

Hace unos días, el diputado Ernesto González Pérez propuso reformar el Código Penal a fin de incrementar las penas al delito de extorsión de 10 a 25 años de prisión y de 200 a 50 mil pesos de multa a quien cometa extorsión contra personas físicas o morales que se dediquen actividades comerciales, o a quien emplee amenazas de cualquier tipo.

En repetidas ocasiones, el diputado Ricardo Mejía Berdeja ha sido incisivo en criticar la pasividad de sus compañeros legisladores, que se empecinan en mantener en la congeladora iniciativas relacionadas con delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Participaron en desfile por la erección del estado de Guerrero


Alpoyeca, 28 de octubre. Niños de la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón, de este municipio, pidieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos durante el desfile conmemorativo por la erección del estado de Guerrero.

Un contingente de mas de 20 niños pertenecientes a la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón, desfiló con las caras de los 43 normalistas desaparecidos y una manta en la que exigían la presentación con vida de los jóvenes estudiantes.

Por primera vez en el municipio de Alpoyeca, se efectuaba un acto de exigencia de justicia por los normalistas, dentro de algún evento cívico, político o cultural.

El contingente de niños vestidos de blanco desfiló junto con sus compañeros que vestían trajes típicos de algunas de las regiones del estado por la conmemoración de la erección de Guerrero.

La exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas, causó asombro a los asistentes que acudieron al centro del municipio para presenciar el recorrido del desfile, en el que participaron todas las instituciones de nivel prescolar, primaria, secundaria y medio superior.

Cuando el contingente arribó al Zócalo para ser vistos por cientos de personas, el presentador del ayuntamiento municipal no hizo ninguna mención del contingente de niños que vestía de blanco y portaba en sus manos los rostros de los jóvenes que llevan mas de tres años desaparecidos.

Nadie puede negar la existencia de una embestida mediática contra la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, sea que su comportamiento durante y después de su detención el 16 de septiembre haya sido correcto o no. En eso hay seguridad.

En lo que no hay certeza es en el origen de esa embestida, en si es de generación espontánea o si es dirigida desde un oscuro recoveco del poder. Pero esta inc≠ertidumbre es comprensible, pues no es de esperar que los autores materiales e intelectuales se pusieran a descubierto, si es que existen.

No sería prudente, sin embargo, descartar que las más altas autoridades del gobierno tengan las manos metidas en la difusión del video de la detención de la activista y de una entrevista posterior que un periodista le hace a la agente de policía, ocasión propicia para que ella se explaye en su versión y en sus argumentos.

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