Si bien a partir de cierto punto las acusaciones de corrupción que se lanzan los candidatos presidenciales –de manera notoria Ricardo Anaya y José Antonio Meade– pueden generar una especie de hastío en los electores y en el público en general, de por sí hastiados de lo que conocen de la política, eso es mejor que una campaña revestida de civilidad y correción política que no le diga nada a nadie.

No es eso precisamente lo que los electores necesitan conocer de quienes pretenden gobernarlos. De seguro preferirían escuchar sus propuestas –y que éstas sean realistas y objetivas– para resolver los problemas que más preocupan a la población, a saber: la inseguridad pública, la desigual distribución del ingreso y la necesidad de igualar las oportunidades para todos.

Muy poco, por cierto, contribuye a ello la rigidez del marco legal electoral, a partir del cual el INE ha decretado un periodo de intercampañas, en el que aún a nadie queda claro qué sí y qué no es lo que puede declarar a los medios de comunicación.

Los ciudadanos quieren oír propuestas no sólo basadas en argumentación sólida, sino con posibilidades de ser efectivas al ser llevadas a la práctica, ante la violencia y la inseguridad, ante la inaplazable necesidad de mejorar el ingreso para elevar su nivel de vida, y ante la amenaza que significa para la economía mexicana el presidente de Estados Unidos.

En vez de eso, tienen que oír que los candidatos tienen manchas en sus expedientes, que quisieran poder borrar, pero no pueden.

Un espectáculo no muy constructivo, pero revelador de verdades que es preferible que estén a la vista pública a que estén escondidas.

La propuesta de un pacto entre el gobierno y los grupos criminales –que a eso se reduce la insinuación que hizo este lunes la aspirante del PRI a alcaldesa de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez–, para poner fin al baño de sangre en nuestro país, no es nueva; ronda la mente de gobernantes y gobernados desde que fue evidente que la guerra que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón contra ellos se dirigía a un callejón sin salida.

Entonces como ahora, era una guerra sin sentido, burocratizada, descoordinada, ejecutada por corporaciones infiltradas por los criminales y sin posibilidad de victoria en el horizonte. Y ahora como entonces el gobierno prefiere no llamarla “guerra”.

Sobre todo, es una lucha condenada al fracaso porque viola una ley básica de la economía: que mientras haya demanda habrá oferta; mientras haya consumidores habrá quienes les proporcionen los productos. Nunca ha funcionado al revés.

La idea de un pacto es muy resbalosa. Tendría primero que definirse con quiénes se firmaría ese acuerdo y si esos firmantes mantendrían el liderazgo de sus grupos o serían desplazados por otros –como ocurre con frecuencia–, lo cual obligaría a dialogar con jefes nuevos cada vez.

También hace necesaria la condición de que no surjan nuevos grupos y subgrupos.

Es casi seguro que cuando, en marzo de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de la conveniencia de despenalizar la producción de amapola de Guerrero siempre que su destino fuera el uso medicinal, el mandatario sabía que en Estados Unidos crecía a ritmo alarmante el número de víctimas mortales por sobredosis de fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, y que tratara de adelantarse a ese escenario.

El fentanilo no es nuevo; pero sí lo es su producción a bajo costo, con nuevas técnicas, en laboratorios clandestinos, que surten los mercados de adictos del país del norte.

Como su producción es más barata que la de las otras drogas conocidas, su precio al consumidor también puede ser menor –y, de hecho, lo es– y aun así dejar un margen de ganancia mayor al distribuidor.

Así, más barato y más potente, muchos adictos a la morfina o a la heroína se han pasado de dosis de fentanilo con facilidad.

Poder acotado

Sep 28, 2020

El incidente documentado sobre el derrotero que siguió una conversación telefónica que tuvo lugar el martes entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, quien –según relató el diario The Washington Post– perdió los estribos cuando el mandatario mexicano le pidió no sólo aceptar en privado que los mexicanos no pagarán su muro fronterizo, sino que, además, hiciera una declaración pública al respecto, muestra cuán limitado puede estar un jefe de Estado o de gobierno en un país regido por instituciones.

En más de una ocasión el magnate estadunidense ha sido obligado a aceptar que sus sueños se quedan lejos de la realidad. El tema de los dreamers, sus fallidas restricciones migratorias, el avance de la investigación sobre la intromisión rusa en el proceso electoral del cual surgió como presidente y hasta su postura neoliberal respecto del comercio de armas son sólo unos cuantos ejemplos de las limitaciones de un hombre que tiene poder, pero no todo el poder.

En nuestro país, sin instituciones tan sólidas como el vecino del norte, es posible ver cómo un presidente está tan acotado que incluso no puede empujar por sí solo las reformas constitucionales que pretende, sino que tiene que convocar y dialogar con otras fuerzas políticas para hacerlo posible. La figura presidencial no es omnipotente, ni omnipresente; no está en todo y no todo lo puede. Baste recordar que Ernesto Zedillo y Vicente Fox no pudieron salir del país a viajes que tenían planeados porque el Congreso no les concedió el permiso, entre otros ejemplos.

La tarde de este sábado, se lleva a cabo el sorteo del Abierto Mexicano de Tenis, para determinar los partidos de los jugadores, en el restaurante del puerto de Acapulco. Abren en la primera ronda, Rafael Nadal contra su compatriota Feliciano López

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