Así como tras el terremoto de 1985, hace 32 años, un México nuevo acabó de nacer, tras una larga gestación durante la cual se produjeron los cambios objetivos y subjetivos –y su correspondiente expresión en nuevas leyes, que proporcionaron el sustento legal a esa nueva nación–, ahora, tras el sismo del 19 de septiembre, nuestro país está, otra vez, en condición de dar el salto cualitativo hacia estadios superiores de organización social y de convivencia política.

El cambio cuantitativo acabó por convertirse en cambio cualitativo. Para 1985 se habían acumulado los agravios cometidos contra el pueblo por el régimen anterior, pero se acumuló también la resistencia ciudadana, los saberes y la conciencia de la gente. Y aquel 19 de septiembre, al finalizar el día, los ciudadanos y el gobierno sabían que nada volvería a ser como antes, que el poder del presidente dejaría de ser omnímodo de una vez y para siempre, que en los ciudadanos estaba tomar las riendas de muchos aspectos de la vida nacional en una magnitud nunca antes vista, que en adelante no quedaría impunes las afrentas de la clase gobernante, que el Congreso se abriría para dar paso a las voces discordantes; en suma, que el poder reside en el pueblo, pues.

Finalmente, alguien se dio cuenta en el Congreso local de que los diputados tienen pendiente armonizar la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que regula la operación de las policías comunitarias.

Hace cinco meses venció el plazo para que los diputados llevaran a cabo este trabajo, pero han sido omisos, pues ni los partidos políticos en los que militan, ni el Poder Ejecutivo, los presionan para que cumplan su responsabilidad.

En la sesión de este jueves, la fracción parlamentaria del PRD apremió a las comisiones del Congreso a que resuelvan las diversas iniciativas relacionadas con los temas indígenas, entre ellas la referente a la Ley 701.

 El diputado Ociel Hugar García Trujillo, vicecoordinador parlamentario del PRD, les recordó que se han presentado al menos tres iniciativas dirigidas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para acelerar el procedimiento, y advirtió que mientras no se dictamine la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución, presentada por el gobierno estatal, para delimitar la actuación de la Policía Comunitaria, la Ley 701 no puede ser ajustada.

Recordó que entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Justicia existe un acuerdo para que las dos últimas dictaminen las iniciativas presentadas por Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y diversas organizaciones sociales; aseguró que, de no agilizar el proceso, las comisiones unidas procederán en consecuencia.

También la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, expresó su inconformidad por la falta de interés mostrada sobre el tema; criticó en tribuna que siguen turnando a comisiones diversas propuestas, sin tener avances, como es el caso de la armonización de la Ley 701.

Ya el 13 de septiembre, diputados de PRD y Movimiento Ciudadano denunciaron que 50 por ciento de las propuestas presentadas en esta 61 Legislatura se encuentran rezagadas en comisiones.

Habrá que esperar a ver si deciden desquitar su jugoso salario u optan por seguir nadando de a muertito, pues al fin y al cabo no hay nadie que los obligue a cumplir su responsabilidad.

Otra vez, Guerrero vuelve a sobresalir en el plano informativo nacional y no precisamente con algún acontecimiento que lo ubique en el terreno de la superación o el crecimiento en algún rubro constructivo.

No, señor. Si bien en los últimos años ha sido sobre todo la violencia y la inseguridad, sin contar ya el subdesarrollo y demás lastres, lo que lo ha mantenido en el centro del huracán, ahora son los temblores aparte de las lluvias. El temblor del reciente 19 de septiembre y antes, el 14, el huracán Max, han metido en serios problemas a la población, cuyas viviendas, cultivos y centros educativos, han sufrido severos daños, y, lo más lamentable, con pérdida de vidas humanas.

La reacción de las autoridades ha sido inmediata; recorren sus jurisdicciones llevando palabras de aliento y algunos apoyos que les ayudan a pasar el momento.

Eso es lo inmediato, lo cual no constituye la solución al problema de la gente; viene la reconstrucción de viviendas, escuelas y de infraestructura urbana y carretera, lo mismo que el pago de daños de cultivos siniestrados.

Viene a la mente, en forma inevitable, que en 2013 la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, golpearon despiadadamente la entidad y que, a cuatro años, habiéndose declarado concluido el Plan Nuevo Guerrero, que supuestamente resanaría todos los perjuicios, siguen sin reconstruirse numerosas viviendas, escuelas, centros de salud.

La salida legal que ideó el PRI –y que luego emuló el Verde– para transferir sus prerrogativas a los damnificados de los terremotos resultó ser una celada para los otros partidos políticos.

Como ha sido difundido profusamente –en una campaña que tiene todos los tintes de guerra electoral–, el tricolor decidió renunciar a las prerrogativas a que tiene derecho por el resto de este año.

Ambos –el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista– podrán sobrevivir tres meses sin demasiados problemas porque aquel tiene el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales. Pero esa no es la situación de los otros partidos, que pasarían muchos aprietos financieros si renuncian a todo su presupuesto de operación para el resto del año.

Pero también desde las redes sociales se exige retirar todo financiamiento público a los partidos, algunos de los cuales coquetean con la idea. Sin embargo, es necesario puntualizar que es una salida peligrosa.

Si la Secretaría de Educación Guerrero tenía de por sí conflictos por todos lados debido sobre todo a su resistencia a restituir los profesores faltantes, las lluvias y el temblor vinieron a colmarle el plato.

Si todos los días había marchas, bloqueos y plantones porque la dependencia no se ha ocupado en reponer los profesores que dejaron su plaza por fallecimiento o jubilación, hoy en día surgen los problemas como hongos en un campo fértil, derivados, además, de los golpes de la naturaleza.

No pocos son los planteles donde personal docente y profesores se niegan a ocupar las aulas por temor a que caigan sobre los alumnos y mentores, en tanto en otros reclaman la pronta revisión por personal especializado para determinar si las instalaciones pueden ser ocupadas sin correr riesgos.

Podrá alegar la SEG que los problemas ocasionados por lluvias y sismos no son de su competencia, pero tampoco podrá negar que golpean el calendario escolar y la enseñanza.

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