Acapulco, Gro., 13 de marzo.- Con el objetivo de dar seguimiento a la ruta de atención a la alerta de género, el Ayuntamiento de Acapulco en coordinación con el gobierno del estado, realizaron una mesa de trabajo, donde distintas dependencias informaron las acciones que se implementan para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Estuvieron presentes, por parte del municipio, la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Ondina Rentería Bernal, el subsecretario General de Registro y Asuntos Jurídicos, José Guadalupe Salgado Román y el director de Comunicación Social, José Luis Méndez Rodríguez, así como por parte del gobierno estatal, el director del Instituto de Capacitación y Desarrollo municipal de Fortamun, César Ernesto Rivera Villanueva, entre otros.

Cuando el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, afirmó en la audiencia pública llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, el 3 de marzo, que la intención del Ejecutivo mexicano es arribar a conclusiones este mismo año, los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala no sabían en qué dirección iba encaminada la salida del gobierno de la República.

Un manto de escepticismo los cubrió, pues en el transcurso de más de 36 meses no han percibido más que un esfuerzo, no por esclarecer los hechos, sino por obstaculizar investigaciones y procurar impunidad para los responsables.

Ese día, en Bogotá, Ruiz Cabañas expresó: “la meta es concluir y dar respuestas que legítimamente nos demandan los padres y los mexicanos”, en tanto Alfredo Higuera Bernal, fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Iguala, señaló que en las semanas recientes se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de los 43 normalistas, la cual confirmaría, reforzó, la colusión de las policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.

Destacó “que en las últimas semanas se ha allegado de información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante”. Por otro lado, en declaraciones al periodista Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, Higuera descartó la línea de que el móvil del ataque a los normalistas fue que éstos habían tomado un autobús que transportaba droga.

Luego, este lunes se dio a conocer en la Ciudad de México la detención de Erick Uriel Sandoval, La Rana, en Cocula –donde supuestamente quemaron a los normalistas– con base en una orden de aprehensión de 2015.

Esta persona supuestamente tomó decisiones relevantes en la entrega de los normalistas.

Tras cumplimentar una orden de cateo en un domicilio particular de la comunidad de La Soledad, municipio de Ometepec, Policías Estatales en coordinación con elementos de la P.G.R., Ejército Mexicano y Marina Armada de México como seguridad periférica, aseguraron a 9 personas en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, presunta droga y vehículos.

Alrededor de las 21:00 horas del lunes 12 del mes y año en curso, tras cumplimentar una orden de cateo, elementos de la Policía Estatal en coordinación con P.G.R. y con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y Marina Armada de México como seguridad periférica, aseguraron en la comunidad de La Soledad, municipio de Ometepec a 9 integrantes de un grupo delictivo que operaba en la Región de Costa Chica, en posesión de 4 armas largas y 10 cortas, 28 cargadores, más de 2 mil cartuchos de distintos calibres, además de 3 vehículos: uno marca Nissan, tipo Sentra, color blanco, placas de circulación HBW274A del estado de Guerrero; una camioneta GMC, tipo Sonoma, color rojo, cabina y media, placas RD98618 del estado de Nuevo León, y una camioneta marca Chrysler. tipo Country color gris, placas C64AHB del D.F.; 2 paquetes confeccionados con cinta canela conteniendo en su interior hierba verde y seca con características propias de la marihuana y un peso total aproximado de 2 kilogramos.

Los hechos sucedieron después de que un día antes, es decir el domingo 11 de marzo, alrededor de las 20:00 horas se recibiera en la línea única de emergencias 911 la denuncia de que en la entrada principal de la referida comunidad se encontraban estacionados 3 vehículos con las características antes descritas, con aproximadamente 10 personas armadas, por lo que inmediatamente Policías del Estado implementaron un operativo para su búsqueda y localización, visualizando a su llegada a las personas y vehículos denunciados, los cuales al percatarse de la presencia de los uniformados aceleraron la marcha de su unidad con el fin de darse a la fuga, por lo que sin perderlos de vista se inició una persecución hasta llegar a un domicilio particular donde se refugiaron hasta el día de ayer por la noche, donde después de obtenerse la orden de cateo correspondiente fueron asegurados y trasladados a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en la ciudad y puerto de Acapulco donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales dijo que el ilícito con mayor incidencia es el cambio de domicilio en forma dolosa, con el fin de votar en otro lugar, abarca hasta un 60% de los cuatro mil asuntos que han recibido

La institución trabaja en un programa nacional de prevención del delito electoral, que incluye acciones de blindaje electoral muy focalizado, aseguró

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, informó que la dependencia tiene cuatro mil asuntos en investigación y los temas de mayor incidencia son por alteración al padrón electoral, falsificación de la credencial de elector y, un 60 por ciento, por cambios de domicilio doloso, es decir, quienes “se cambian de domicilio para votar en otro lugar, acción conocida como turismo electoral”.

El fiscal señaló que la Fepade está trabajando en un programa nacional de prevención del delito electoral, que incluye acciones de blindaje electoral focalizado con el que se busca evitar el uso de recursos públicos o de programas sociales para fines de carácter electoral, por lo que se trabaja con grupos vulnerables, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad.

En entrevista ofrecida al programa de Justicia Electoral a la Semana, Díaz-Santana Castaños destalló que otros ilícitos que se cometen y se están denunciando son la compra y coacción del voto, el clientelismo político o condicionamiento de programas sociales y, el más moderno, conductas relacionadas con el tema de violencia política de género.

Al oficiar una misa en Chilpancingo a los integrantes de los colectivos de familiares de desaparecidos provenientes de 20 estados del país, el sacerdote Baltazar Vega Ramos, vocero de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, muy insistente fue en que “nunca deben de quedarse callados y mucho menos ante los abusos de autoridad a los que son sometidos”.

En lo que llaman Tercera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos, los familiares cumplieron ayer su tercer día en la capital del estado.

El sacerdote puntualizó: “Muchos obstáculos habrá para callar nuestra voz, pero no debemos quedarnos callados ante los abusos y excesos que nos llevan a estas situaciones que están en lo más profundo de la condición humana”.

Si bien el grupo ha concitado la simpatía y la solidaridad de muchos, otros no lo han visto bien; Lamberto Castro de la Cruz, integrante del Colectivo de Desaparecidos de Chilpancingo, se quejó de que este sábado, en las instalaciones del Hospital General sufrieron maltrato y desprecio; “la encargada del hospital, Fabiola Rivera, nos cerró la puerta y nos limitó el acceso al inmueble, nos maltrató, nos rechazó, nos faltó el respeto como víctimas de esta violencia”, protestó.

La presencia de los familiares ha generado escozor en el sector gubernamental, porque su organización para buscar a sus desaparecidos ha rebasado a la autoridad, que se yergue como simple espectador de las desapariciones, y exhibe falta de interés y voluntad por localizarlos.

Estos colectivos se han echado a la calle, a las plazas, a las dependencias gubernamentales, a los cerros y barrancas a hacer lo que corresponde a la autoridad: buscar a las víctimas de la violencia.

Y, de ribete, cuando le exigen justicia a la autoridad, ésta, muy indignada, responde reclamando respeto y paciencia, como si ella respetara y tuviera paciencia a los dolientes, que, en el último de los casos, aspiran a que, si su familiar ha muerto, les digan donde está enterrado para dedicarle una oración, prenderle una veladora y colocarle una flor.

Los colectivos demandan respuestas que los gobernantes están obligados a proporcionar, pero con las cuales no cuentan; aun así  tratan a las víctimas de la violencia con desdén, exigiendo respeto a su posición en el otro lado de la mesa, donde no saben del dolor, el llanto, la angustia, la zozobra y la indignación, que provoca la ausencia de un ser querido. n

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