Parece ser que en la coalición Por Guerrero al Frente tienden a rencauzarse las aguas luego de la explosión de inconformidad que provocaron los que no resultaron elegidos candidato a la presidencia municipal de Acapulco.

Ayer, por ejemplo, Víctor Aguirre Alcaide, aspirante a esa posición y dirigente de la corriente perredista Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró que no se irá del sol azteca y se comprometió a trabajar por la candidatura de Joaquín Badillo Escamilla, Jacko.

La reacción del ex candidato fue la de cuadrarse ante el elegido y respaldar su campaña con la probable idea de alcanzar posiciones para él y sus seguidores en caso de retener la alcaldía.

Ya no hubo mención de que Badillo entregó 10 millones de pesos a Beatriz Mojica Morga por la candidatura, argumento que, verdadero o falso, no debería sorprender al perredista David Jiménez Rumbo, otro de los pre candidatos, ni al mismo Aguirre Alcaide, puesto que, cuando junto con Evodio Velázquez Aguirre y Sebastián de la Rosa, repartían puestos en la dirigencia estatal sin el menor rubor, abundaban las versiones de que, falso o verdadero, en su  entrega corrían los fajos de billetes de altas denominaciones.

Es, pues, como si metidos en una alberca repleta de excremento, los otrora poderosos y ahora indignados, los amos de horca y cuchillo, chapalearan arrojando los desechos fecales a los demás.

Es un hecho a todas luces que ni a la dirigencia estatal, ni a la nacional, del PRD les importa la salida de ninguno de los cuatro fantásticos, desde el momento en que los expulsaron del centro de mando, desde donde hacían y deshacían. Tan es así que nadie ha lamentado que Jiménez Rumbo y De la Rosa, hayan emigrado a otro partido porque no satisficieron sus exigencias.

Por otro lado, ayer mismo, Movimiento Ciudadano dio a conocer la asignación de una candidatura para diputado federal a Ricardo Mejía Berdeja, el candidato de ese partido a la alcaldía porteña.

Será el primero de julio cuando se sepa si el PRD ha actuado de manera inconveniente. n

Acapulco: 83%

Ixtapa/Zihuatanejo: 77%

Taxco: 85%

Estamos listos, para recibir a los más de 850 mil turistas, que llegarán a Guerrero, en Semana Santa, publicó en su cuenta de Twitter el Secretario de Turismo en el Estado, Ernesto Rodríguez Escalona.

Dos gatos en un costal representan un símil del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano, pues están lejos de transitar unidos y en un plano de cooperación mutua por una misma senda para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia.

En tanto la CIDH insiste en señalar un desarrollo irregular de las investigaciones, salpicada de desviaciones, excesos, encubrimientos y omisiones, el gobierno de la República se defiende y, con esmerada diplomacia, regresa las pedradas y fija posturas que, desde luego, defienden y justifican su actuación, al tiempo que afianza su versión de que está haciendo lo que se tiene que hacer.

La diferencia entre los dos encostalados es que la CIDH, si bien ha intervenido en las investigaciones, creando incluso un grupo ex profeso, el Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), su participación está revestida de un papel de imparcialidad, en tanto el gobierno mexicano es juez y parte, siguiendo una inclinación muy clara que lleva a proteger a los responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes.

El gobierno mexicano afirma y confirma estar siguiendo las recomendaciones del GIEI y actuar apegado a derecho. En consecuencia, si asegura estar procediendo de la manera correcta, está mandando el mensaje de que seguirá en el mismo tenor y siguiendo la misma dirección.

Las precisiones de la CIDH han sido contundentes, y no es la excepción su informe Doble Injusticia, en el que resalta que 34 presos fueron detenidos violando sus derechos y torturados.

Si cuando, por la  vía de la PGR, el gobierno federal dejó insatisfechos a los padres de los 43 y a otros sectores de México, lo mismo que a otros países, al declarar su “verdad histórica”, actualmente las expectativas no prevén ningún cambio de rumbo; la detención de Erick La Rana en Cocula, de quien se afirma que fue parte fundamental en la toma de decisiones del destino de los normalistas, así lo dejan entrever. Los padres vislumbran ya una estratagema oficial en el sentido de que los jóvenes fueron quemados y enterrados en el basurero de ese lugar.

Novedad sería que los resultados que prepara el gobierno incluyeran la detención de funcionarios, policías y militares que, según reportes del GIEI, tuvieron que ver en la tragedia. n

Dos gatos en un costal representan un símil del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano, pues están lejos de transitar unidos y en un plano de cooperación mutua por una misma senda para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia.

En tanto la CIDH insiste en señalar un desarrollo irregular de las investigaciones, salpicada de desviaciones, excesos, encubrimientos y omisiones, el gobierno de la República se defiende y, con esmerada diplomacia, regresa las pedradas y fija posturas que, desde luego, defienden y justifican su actuación, al tiempo que afianza su versión de que está haciendo lo que se tiene que hacer.

La diferencia entre los dos encostalados es que la CIDH, si bien ha intervenido en las investigaciones, creando incluso un grupo ex profeso, el Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), su participación está revestida de un papel de imparcialidad, en tanto el gobierno mexicano es juez y parte, siguiendo una inclinación muy clara que lleva a proteger a los responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes.

El gobierno mexicano afirma y confirma estar siguiendo las recomendaciones del GIEI y actuar apegado a derecho. En consecuencia, si asegura estar procediendo de la manera correcta, está mandando el mensaje de que seguirá en el mismo tenor y siguiendo la misma dirección.

Las precisiones de la CIDH han sido contundentes, y no es la excepción su informe Doble Injusticia, en el que resalta que 34 presos fueron detenidos violando sus derechos y torturados.

Si cuando, por la  vía de la PGR, el gobierno federal dejó insatisfechos a los padres de los 43 y a otros sectores de México, lo mismo que a otros países, al declarar su “verdad histórica”, actualmente las expectativas no prevén ningún cambio de rumbo; la detención de Erick La Rana en Cocula, de quien se afirma que fue parte fundamental en la toma de decisiones del destino de los normalistas, así lo dejan entrever. Los padres vislumbran ya una estratagema oficial en el sentido de que los jóvenes fueron quemados y enterrados en el basurero de ese lugar.

Novedad sería que los resultados que prepara el gobierno incluyeran la detención de funcionarios, policías y militares que, según reportes del GIEI, tuvieron que ver en la tragedia. n

Playa incluyente

Sep 29, 2020

El ejercicio de los derechos sociales es buen ejemplo para ilustrar el refrán que asegura que del dicho al hecho suele haber mucho trecho, porque es común que haya mucha diferencia entre lo que ordenan las leyes y la vida real.

Las playas son muestra de ello. Es fácil decir que son de todos y que todos tienen derecho a su disfrute. Pero el hecho es que hay personas con discapacidad que no pueden gozarlas como el resto. Personas que necesitan de condiciones especiales para entrar y permanecer en ellas, pues padecen impedimentos físicos que no les permiten hacerlo.

Es un tema en el que los gobiernos municipales y estatales de Guerrero debieron tomar la iniciativa hace mucho tiempo, motivadas por el hecho de que en esta entidad está Acapulco, que ha sido el destino turístico señero del país, el que ha marcado la ruta a seguir, el que ha puesto el ejemplo.

Sin embargo, ninguna de ambas instancias puso manos a la obra, hasta ahora, y otra entidad se les adelantó.

Hace casi dos años la Bahía de Cuastecomates fue intervenida por el gobierno de Jalisco para el disfrute de personas con discapacidad. Ahora dispone de todos los artilugios imaginables para que personas con impedimento visual o motor pueden disfrutar del sol y la playa.

Habilitar los balnearios naturales para hacerlos accesibles a más personas no es sólo un acto de mercadotecnia –por cuanto aumenta el número de visitantes con posibilidad de tener acceso a ellas y, por tanto, de dejar derrama económica–, sino también de inclusión y, a final de cuentas, de justicia social.

Hay posibilidad de justicia cuando un sistema de leyes proporciona a todos iguales o equivalentes garantías para la autodeterminación y el desarrollo personal y para el disfrute de derechos comunes al resto de los ciudadanos.

Es algo muy sencillo de enunciar, pero no tanto de realizar.

Por eso es buena noticia que una playa de Guerrero está en vías de convertirse en la segunda del país en ser habilitada como espacio incluyente para personas con discapacidad. Se trata de la playa Ojo de Agua, en Tecpan, que es objeto de una inversión de más de 7 millones de pesos del gobierno del estado, y que contará, en primer lugar, con rampas para darles acceso a establecimientos comerciales de la zona; equipo y mobiliario que les permitirá entrar al mar, así como baños especiales, muelles, isletas y otros aparatos que les permitirán estar en el agua o sobre un vehículo acuático.

En cuatro meses deberá estar concluida. Vale más tarde que nunca. n

Archivo

« Mayo 2018 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31