Entre una lluvia de acusaciones por nepotismo, Marisela Reyes Reyes decidió renunciar a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), a unos cuantos días de haber comenzado el proceso electoral correspondiente a 2018.

Reyes Reyes estaba siendo sometida a un procedimiento en manos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y también por violación al artículo 102 en lo que se refiere a contratación o promoción de un familiar directo, declaró Ciro Marayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral. Dimitió antes de que le exigieran la renuncia, deslizan voces por ahí, en tanto los representantes de los partidos políticos Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PT criticaron la renuncia, considerando que fue una forma muy elegante de salir del organismo antes de que se concluyera la investigación en su contra.

Las circunstancias en las cuales se produce la renuncia de Marisela Reyes Reyes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) no constituyen el único escándalo que se ha producido en ese organismo estatal. Como es ampliamente sabido, la hasta este martes funcionaria estatal era objeto de un procedimiento del INE por nepotismo, además de que en el ámbito local se le cuestionaba la abultada suma monetaria que percibía por desempeñar el cargo.

El 24 de junio de 2014, el INE tomó la rectoría del IEPC. Sucedió como con otros organismos que una vez fueron federales, y luego, a consecuencia de la constante demanda de descentralizar la política y desconcentrar las funciones de gobierno, pasaron a la jurisdicción estatal.

Ese proceso fue empujado por una nueva concepción de federalismo que se extendió por todo el país a la par que la nueva conciencia política que a su vez dio pie a reformas político-electorales de gran calado.

Pero ha debido revertirse a la luz de los resultados de la descentralización-desconcentración, porque, en palabras populares, resultó peor el remedio que la enfermedad.


Así sucedió, por ejemplo, con el manejo de la nómina de la Secretaría de Educación, que llegó a estar en manos del estado, pero acabó por volver a la Federación debido al enorme desbarajuste y al abismo financiero generado por los administradores estatales.

También así sucedió en el sector salud, donde los gobernantes locales crearon miles de plazas sin techo presupuestal, sólo para salir del paso a compromisos y urgencias personales o de grupo político, o necesidades financieras imperiosas de los gobernantes o allegados suyos.

Este proceso de reversión muestra a las claras que cuando ocurrió la descentralización-desconcentración no había las condiciones, sobre todo subjetivas, que permitieran sostener y profundizar esa medida. Resultó una decisión voluntarista, tomada por un gobierno federal acicateado por el arrollador vendaval democrático que se liberó en el histórico proceso electoral de 1988.

Este vigor, sin embargo, con los años se fue apaciguando, y las fuerzas que pudieron servir de contrapeso a los gobernadores se apagaron. Así, éstos acabaron siendo los beneficiarios de esa descentralización del poder que antes estuvo en manos del presidente de la República. Se convirtieron, pues en los nuevos señores feudales de este país.

Su poder se desbordó ante la falta de contrapesos, institucionales o de facto, y ante la inmadurez de la sociedad civil del estado, presta para la movilización, pero incapaz de ir más allá. n

Hace dos años, el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, denunció que el proyecto del Museo Nacional de Platería de Taxco había sido declarado terminado y realmente, acusó, “estaba inexistente, porque no hay ni museo, ni recursos”, lo mismo dijo que la rehabilitación del Centro de Convenciones de la misma cabecera municipal quedó inconclusa.

A cada una de las obras se asignaron 10 millones de pesos, lo que significa que desde entonces 20 millones de pesos tuvieron un destino que se desconoce.

Ayer, explicó Rodríguez Escalona que se trata de un caso que ha pasado a las instancias jurídicas del gobierno estatal, y a él no corresponde darle seguimiento, porque ya no le compete.

Abundó: “ya lo dije en su momento. Ya abundé el tema. Ya no está en la Secretaría de Turismo. Está en otras instancias que no son mías;  el expediente fue turnado a la Contraloría del estado, y es ahí donde se están haciendo las investigaciones; en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya se hicieron las auditorias, y está totalmente fuera del área de competencia de la Secretaría de Turismo”.

Se cumplió un mes ya desde que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) declaró la inhabilitación para desempeñar cargo público alguno durante 10 años al diputado local Héctor Vicario Castrejón, por irregulares cometidas en su condición de delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrarrio, Territorial y Urbano (Sedatu) en el estado, en la ejecución de obras para beneficio de damnificados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.

Esa fecha quedó claro que Vicario Castrejón disponía de 15 días para presentar pruebas que permitieran echar abajo los señalamientos de la ASF, y el mismo legislador aseguró tener las suficientes que le permitirían invalidar la inhabilitación.

No obstante, no sólo han transcurrido 15 días, sino un mes desde que la ASF formuló la sanción, pero ni la dependencia federal, ni el acusado, han mencionado cómo va el seguimiento al caso.

En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que no debería considerarse como un hecho el castigo, porque Vicario tenía un lapso para defenderse. “Todos los que se desempeñan en la función pública están siempre expuestos a observaciones, y cuando éstas se hacen públicas, se toman como cosas finales, cuando no son finales”, acotó.


De acuerdo con eso, Vicario no podía ser considerado culpable; pero da el caso que ya feneció el plazo para que se defendiera, y no se sabe qué pasó.

Si la ASF filtró la información para exhibir públicamente al legislador, también debió ser puntual dando a conocer si el acusado respondió favorablemente o no a las observaciones que le hizo.

Es en casos como éste cuando se fortalecen las sospechas de que la ASF procede de acuerdo con revanchismos políticos, y no sería extraño que ya nunca volviera a tocar el tema, sino que dejara flotar en el ambiente la idea de que Vicario Castrejón procedió de modo ilegal, lo que nadie dudaría si se toma en cuenta la lluvias de anomalías descubiertas en la construcción de viviendas en el fraccionamiento El Mirador, donde, incluso, se hicieron trabajos de reconstrucción.

En estos momentos, para la colectividad y sobre todo para los damnificados que recibieron casas en El Mirador, Vicario es un auténtico pillo.

No es, pues, el ánimo de defender al diputado local, porque puede defenderse solo, más aun que, como dice él mismo, cuenta con pruebas que lo exoneran, pero no se vale que, fomentando la opacidad como lo hace, la ASF no haga fluir toda la información necesaria en éste y en todos los casos que maneja.

Ya de por sí resulta muy extraño que difunda solamente algunos manejos indebidos de recursos públicos, cuando por todos lados afloran los desvíos y los gobiernos quebrados, y ni un solo funcionario va a parar a la cárcel. n

Los 43 y 2018

Jun 15, 2019

Comenzado el proceso electoral correspondiente a las elecciones de 2018, se intensifica la activida política, como parte de lo cual los aspirantes saltan a la palestra en busca de ganar la candidatura deseada.

En este tenor, en Guerrero resurge la figura del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por conducto de su personero Sofío Ramírez Hernández, quien se encarga de insistir en que por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala “el ex mandatario no tiene ninguna responsabilidad en términos de carácter penal, más lo que representa su responsabilidad política”.

La defensa de Ramírez Hernández se divulga en los momentos en que el nombre de Aguirre Rivero suena para ocupar la candidatura para la presidencia municipal de Acapulco.

Es verdad: al político ometepequense no se le ha adjudicado responsabilidad penal en el caso de los desaparecidos; no obstante, no se le libera de culpa porque, como gobernador que era, necesariamente tuvo que darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, y nada hizo para impedir el ataque a los estudiantes.

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