Autonomía

Ago 22, 2019

De alguna manera, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, en Acapulco, y la diputada local de Morena Mariana García Guillén, en Chilpancingo, se alinearon ayer en propuestas que gravitan sobre un tema que, es obvio, constituye una preocupación para las actuales autoridades federales: el hecho de que la autonomía universitaria se extiende hasta lo que se refiere al manejo de los recursos públicos que son asignados a las instituciones de educación superior en forma de subsidio.

El funcionario, de visita en el puerto, dijo que “planteamos la idea de que Guerrero sea el primer estado del país que tenga un plan universitario anticorrupción, en universidades públicas y privadas”.

La representante popular, por su parte, en la sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso local, en la capital del estado, propuso reformar la Ley Orgánica de la Universidad para que sea el Legislativo, no el Consejo Universitario, la autoridad que designe y remueva al titular del órgano interno de control de la máxima casa de estudios de la entidad, a efecto de poner las funciones de este servidor público a salvo de la influencia de los directivos de la institución, y de manera muy marcada, del rector.

Algunas dudas saltan por el hecho de que las universidades estén en la mira de una apertura de tal magnitud al escrutinio del Estado, y es de esperar que tales intenciones levanten una oleada de reacciones en esas instituciones de educación superior, quizá de calibre especial en la de Guerrero, pues la autonomía de ésta fue una conquista conseguida al cabo de una larga y ardua lucha que costó vidas de universitarios y también se saldó con la caída del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto.

Una cosa es que los universitarios firmen y se comprometan –como lo plantea López Presa– con la rendición de cuentas y con el objetivo de erradicar la impunidad en una generación, y otra es la motivación de la legisladora morenista. ¿Es, acaso, este el mejor momento para cambiar la ley universitaria porque ahora las universidades del país están con el agua hasta el cuello por falta de recursos ante su cúmulo de obligaciones, deudas y gastos, y necesitan una cuerda de salvación, que el gobierno federal se niega a lanzarles?

Por otro lado, es innegable que tras la autonomía universitaria pueden esconderse –y, de hecho, se esconden– operaciones financieras que deberían ser ventiladas a la luz pública. La llamada estafa maestra es prueba irrefutable de ello.

Bienvenido, pues, el debate. n

Primero fue Eduardo Loria Casanova, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien hizo ver que la mayoría de los ayuntamientos del estado carece de un órgano interno de control.

Indicó que muy pocos municipios cuentan con las herramientas como lo indica la nueva normatividad en el uso y manejo de los recursos públicos municipales: sólo 28 de los 81 municipios cuentan con ese órgano.

Sus palabras fueron cuales hojas se lleva el viento.

Ahora es Ignacio Rendón Romero, integrante del Comité de Participación Ciudadana, quien hace referencia a que la mayoría de administraciones municipales no dispone de un órgano de control interno debidamente establecido.

“No podemos seguir sin órganos internos de control en los ayuntamientos, porque entonces estamos violando la ley anticorrupción del estado de Guerrero”, puntualizó.

Cada quien habla respecto al tema que le compete; es verdad, preciso es apuntar que, si bien existe una ley que obligue a crear ese órgano de control, habrá que apegarse a ella, sin pretextos, porque las leyes no son para evadirse, sino para cumplirse.

Los señores están en lo suyo.

Ni duda cabe.

Habrá que observar, no obstante, que el funcionario o autoridad cuyos principios lo obligan a proceder honestamente, no necesita de control alguno para administrar bien los bienes del pueblo que le han encomendado; igual sobra subrayar que aquel que llega al puesto en plan de pillaje, no importa los controles que le impongan, pues los burla y hace de las suyas de cualquier manera.

Existen ya los mecanismos legales que conduzcan a una administración limpia de los recursos públicos; pero, lejos de cumplirlos, hay confabulación para burlarlos y sacar provecho de ello.

En primer término, el responsable del buen manejo de la hacienda es el cabildo, para lo que incluso cuenta con una comisión encargada de fiscalizar los recursos, pero no cumple con su responsabilidad, y no hay autoridad que lo obligue a hacerlo.

En segundo término figura el Congreso local, mismo que dispone de un órgano –la Auditoría Superior del Estado– para hacer la misma tarea de fiscalización, pero tampoco hace su trabajo.

Una prueba fehaciente de ello lo refleja el hecho de que, no obstante el saqueo de los ayuntamientos en cada trienio, no hay un solo servidor público de ningún nivel en prisión. Tampoco se sabe que alguno de ellos haya restituido lo sustraido para evitar pisar la cárcel.

Luego entonces, ¿de qué sirve crear más leyes si al final de cuentas tampoco se van a cumplir?

En otras palabras: para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo. n

Jalón disparejo

Ago 22, 2019

La intensidad de las protestas de las mujeres contra la violencia que flagela al género es comparable sólo con la pasividad con que las percibe la autoridad.

No hay una respuesta que no sea demagogia, una palabrería insustancial traducida en promesas y compromisos estériles.

Y no parece misoginia, sino un estado de incapacidad para someter a la delincuencia, que ataca no sólo a mujeres, sino también al sector masculino.

Presiones de organizaciones femeniles orillaron al gobierno a declarar el 22 de junio de 2017 la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios del estado de Guerrero, que incluía el diseño de un programa de trabajo que permitiera implementar las medidas de seguridad, prevención y justicia, entre las que destacan ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la aplicación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo.

Nada de eso se cumplió.

La sangre de las mujeres siguió corriendo hasta llegar al río; municipios y estado dejaron en manos de la Federación los trabajos de prevención y combate a la delincuencia, y se dedicaron a lamentarse, justificarse y mentir.

La ola de crímenes que agraviaba a las mujeres exaltó los animos y la indignación entre ellas, y volvieron a presionar, demandando ahora al Congreso local la aprobación del paquete de iniciativas llamada Ley Olimpia con la que se busca tipificar la violencia digital.

La llamada Ley Olimpia comprende tres reformas: el reconocimiento de la violencia digital como una modalidad más en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Guerrero; la tipificación de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y la tipificación del ciberacoso como delito.

La presión surtió efecto otra vez.

Este 7 de agosto, la Comisión de Justicia dictaminó a favor de incluir en el Código Penal un nuevo capítulo llamado Divulgación No Consentida de Imágenes o Videos Íntimos de Carácter Sexual, así como tipificar como delito el ciberacoso.

Si bien la Comisión de Justicia dictaminó, la batalla no está ganada aún, porque la iniciativa tendrá que ser presentada en sesión plenaria para su aprobación o rechazo.

La diputada local Dimna Salgado Apátiga informó que será hasta septiembre cuando el Congreso local aborde el caso, debido a que los legisladores que conforman la Comisión Permanente carecen de facultades para analizar o aprobar iniciativas.

No hay, empero, ningún indicio que lleve a pensar que, si bien la Alerta de Violencia de Género ha sido ignorada, las nuevas reformas legales encuadradas en la Ley Olimpia sí sacarán de su marasmo a la autoridad.

La violencia, claro está, no se deriva de la falta de leyes que la sancionen, sino de la incapacidad del Estado para hacerlas respetar, independientemente de que sean mujeres u hombres las víctimas de la omisión; peor sería, no obstante, quedarse cruzados de brazos mientras la sangre sigue corriendo.

Las mujeres hacen su parte, el Congreso está haciendo la suya, y son otros poderes del estado los que le siguen debiendo a los guerrerenses. n

Una verdad contundente de familiares de víctimas y representantes de organismos de derechos humanos quedó de manifiesto durante el primer informe del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello: “Hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos del diputado Armando Chavarría Barrera y de dirigentes sociales como Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino, ocurren en Guerrero debido a la impunidad”, coincidieron participantes.

El aparato de seguridad y justicia falla de principio a fin: no previene, no persigue, no detiene, no procesa, no encarcela.

Está paralizado, convertido en espectador, simulando que hace, sin hacer lo que le corresponde.

Sandra Román Jaimes, del Colectivo Desaparecidos de Iguala, denunció que el mismo gobierno impide que sigan buscando a sus hijos, porque les dice que “hay zonas prohibidas”.

Reclamó que para buscar a sus seres queridos, el mismo gobierno les pone trabas, a tal extremo que “nos sentimos victimizados y criminalizados”.

Expuso que el presidente de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Luis Camacho Mancilla, les envió un mensaje en el sentido de que cancelaran su búsqueda porque no podían entrar a buscar a un sitio donde les dijo que estaba prohibido hacerlo.

La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Marta Obeso, dijo Guerrero es “el huevo de la serpiente”, y muestra de la impunidad que se vive en el país, “aquí pasa cualquier atrocidad, porque no se investiga ningún caso y no se castiga a los responsables, por eso en Guerrero las cosas siguen igual”.

La activista María Luisa Garfias reprochó que otro problema a causa de la impunidad son los feminicidios, que van al alza en Guerrero.

Denunció que en estos casos tampoco se investigan, ni se castiga a los responsables.

Nada deja entrever la probabilidad de que la población pueda vivir confiada y segura; las recientes conferencias de alcaldes ante el Congreso dejaron claro que los ayuntamiento son incapaces de prevenir la delincuencia. Por ejemplo, el municipio de Cocula, desde hace cinco años, carece de policía.

La Fiscalía General del Estado ha dejado evidencia tras evidencia de su incapacidad para llevar a los tribunales al crimen, en tanto la Federación ha dejado sin razones a gobernador y alcaldes para seguir sosteniendo que la Guardia Nacional abatirá la delincuencia.

No hay salida. No hay estrategia. No hay autoridad más que para levantar y contar cadáveres. n

La cuarta transformación no ha llegado hasta ahora a las escuelas, donde, al llevarse a cabo las inscripciones, afloran los mismos vicios y el mismo solapamiento de las autoridades.

Abundan las quejas de padres de familia en el sentido de que no se inscribe a sus hijos si no pagan la cuota impuesta, hecho difundido ampliamente por los medios de comunicación.

A este respecto, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) giró el 9 de agosto la circular 015/2019, mediante la cual exhorta a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica, a “que se abstengan de realizar acciones que conlleven a condicionar el ingreso de los alumnos a los centros educativos, mediante cooperaciones económicas o en especie y que por su actuar y proceder transgredan lo establecido en la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, además de lo señalado en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248”.

Ni siquiera dio la cara el secretario; firman el documento el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el contralor interno, los más indicados, eso sí, para detectar y sancionar las violaciones.

Ni siquiera es una orden de que los involucrados se abstengan de pisotear la ley. Lo concretan en una simple exhortación, con lo cual dejan abierta toda la posibilidad de que no se respete. Y vaya que no se hace.

Directores, supervisores, inspectores y jefes de sector cuentan con una salida infalible: no son ellos quienes determinan las cuotas, sino los padres de familia, cuyas sociedades se confabulan con los directores para sangrar a los padres.

El reverso de la medalla: directores argumentan, con bastante razón, que la SEG no les asigna recursos para dar mantenimiento a los planteles, ni para comprar el material indispensable para el trabajo cotidiano, razón por la que, aducen, se ven obligados a cobrar.

Ni las quejas ni las prácticas recaudatorias son nuevas. Ni las amenazas de la SEG. Impunidad y simulación vienen de años. Es un mal añejo.

Lo nuevo es un sistema de gobierno que ha prometido que se terminará con estos procedimientos ilegales, y que al persistir, los padres se sienten engañados.

Mientras los ansiados y prometidos cambios llegan, si ello ocurre, las autoridades educativas hacen como que cumplen con su chamba, al mismo tiempo que no proporcionan ni las herramientas ni los recursos para el funcionamiento de los planteles, a cambio de lo cual hacen como que no se dan cuenta de que se viola ley en perjuicio de la economía de los padres, que son los que sufren las consecuencias de la ilegalidad, producto de componendas en los santuarios donde se forma a los ciudadanos ejemplares del futuro. n

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