La comidilla de la clase política no ha dejado de ser el desempeño de los hermanos Sandoval Ballesteros (Pablo Amílcar en la delegación en Guerrero e Irma Eréndira en la Secretaría de la Función Pública) en el gobierno federal.

Incluso, en la Cámara de Senadores se llegó el momento en que el hecho fue aprovechado ya por los opositores para golpear a Morena, sin llegar a mayores.

En la entidad se ha colocado en el tapete de la controversia qué haría Irma Eréndira llegado el momento en que tuviera que investigar a su hermano.

Pero no se había abordado el tema como un caso de nepotismo, sino como un conflicto de interés.

Finalmente, ayer la pregunta afloró inevitablemente en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue enfocada en el sentido de que si la permanencia de los hermanos en la función pública no constituye un acto de nepotismo.

El jefe del Ejecutivo federal contestó que no “porque ocupan cargos distintos” en su gobierno y “la función de ambos son completamente diferentes”.

Abundó que pedirá que le informen si dos hermanos en áreas distintas del gobierno pueden trabajar o no; se comprometió a comunicar la respuesta en la conferencia de hoy miércoles. “No lo afirmo, porque no lo tengo claro, si en este caso está prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a saber aquí”, reforzó.

Si se conoce como nepotismo la predilección que algunos funcionarios poseen respecto a su familia a la hora de hacer concesiones o contratar empleados, habría que establecer que los hermanos no son familiares del Presidente.

Más bien, podría brincar la liebre por el lado del conflicto de interés; habría que aterrizar si a la hora de una investigación al hermano sería suficiente con que ella se mantenga al margen, como dice el Presidente que le ordenó ya.

Según lo anunciado por el mismo López Obrador, el desenlace se conocerá en la mañanera de este día. Hoy se despejará la incógnita que ha flotado en el ambiente. n

Tan tensa e irritante debe ser la situación en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) en torno a la inseguridad, que el rector Javier Saldaña Almazán levantó la voz para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) resultados de las investigaciones sobre el caso de los tres universitarios asesinados la semana pasada.

Advirtió que, de no tener respuesta en los próximos tres días, la “Universidad podría iniciar movilizaciones”.

La violencia ha alcanzado tales niveles en la máxima casa de estudios de la entidad que, si el rector no responde adecuadamente a las circunstancias, correría el riesgo de ser rebasado por los universitarios.

Contrariamente a otros rectores que funcionaron alejados y hasta confrontados con el gobierno, asidos a la idea de que universidad y sector oficial no podían convivir sin lesionar la autonomía, Saldaña Almazán ha sido muy cuidadoso en su relación con los tres ámbitos gubernamentales y demás sectores de la población, manejando la idea de que universidad, gobierno y sociedad son una sola entidad que deben empujar juntos en una misma dirección: el desarrollo de la entidad.

En consecuencia, su trato con los demás ha sido de respeto y hasta de cordialidad; ningún rector ha figurado tanto como invitado de honor en actos obviamente de universitarios, pero también del gobierno, que, en respuesta, le ha brindado su apoyo.

Saldaña Almazán ha recurrido al Ejército para que vigile las instituciones dependientes de la universidad, para garantizar la seguridad de maestros, estudiantes y trabajadores administrativos, obteniendo respuesta positiva.

Por eso mismo, no deja de sorprender que, prácticamente, está emplazando al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila a dar resultados en el caso de los universitarios asesinados.

Ha sido la incapacidad de la FGE para cumplir su responsabilidad la que movió al rector ha asumir una actitud de exigencia, que es exactamente la misma de la sociedad, harta ya de tanta impunidad.

Es de esperarse que la Fiscalía se ponga a trabajar con efectividad y no vaya a salir con sus chivos expiatorios, como ha ocurrido en situaciones en que algunos grupos de la población la han presionado para que aplique la justicia, cuya ausencia constituye una característica de Guerrero. n

Otra vez lo mismo

Jun 19, 2019

Las irregularidades en el reparto del fertilizante a cargo del gobierno federal provocaron ya un nuevo distanciamiento entre el delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y el gobernador Héctor Astudillo Flores.

La prudencia del mandatario, su mano suave como político y su trato respetuoso chocaron con la actitud del funcionario federal, resquebrajando la relación, que de por sí se mantenía prendida con alfileres, no obstante la mediación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que entre ambos hubiera entendimiento y coordinación.

Como líder de Morena en la entidad, Sandoval Ballesteros tuvo problemas con sus compañeros de partido por su empeño en imponer sus decisiones; estando en ese partido, los conflictos se circunscribían al interior, pero ahora como delegado federal, como representante del Presidente de México, que lo coloca en una posición que no pocos comparan con la de vicegobernador, por el poder que acumula, su actitud nada humilde y su desconocimiento en tareas como las administrativas, reflejan sus efectos en el reparto del abono.

Cuando empezó a manejarse el nombre de Sandoval como delegado empezaron las fricciones con el gobierno estatal; luego de hacerse oficial el nombramiento se recrudecieron, sobre todo en aquel acto en Tlapa, donde presentes abuchearon al jefe del Ejecutivo estatal.

Luego, intervino López Obrador; los acercó y le advirtió al delegado que Astudillo es el gobernador y que, por tanto, le debía respeto.

Como resutlado, la relación se reanudó; Astudillo llegó a declarar públicamente que ningún problema había con Sandoval.

Arreglo en puerta

Jun 19, 2019

El ofrecimiento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local de un incremento salarial de 8 por ciento abre la posibilidad a un arreglo al paro laboral que desde hace casi un mes mantienen los trabajadores.

El ofrecimiento no satisface la demanda sindical de 13 por ciento, es verdad, pero también es verdad que se despegó del de 5 por ciento que sostenía el presidente de la Jucopo, Antonio Helguera Jiménez, y se elevó tres puntos.

Si se ve el asunto desde la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, es obvio que ni siquiera 13 por ciento lo resarcirá, pero hay otros factores que en la negociación deberán tomarse en cuenta, como las condiciones presupuestales del Congreso, por ejemplo.

Al planteamiento de 8 por ciento los paristas respondieron que analizarán la propuesta.

Son, pues, posturas diferentes en las que la cerrazón y la intransigencia fueron superadas para dar paso al diálogo y la negociación que conduzcan a un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

Si bien se proyectaba la idea de que era Helguera Jiménez el único diputado que se encargaba de hacer frente a los paristas, esta vez fueron los integrantes de la Jucopo, militantes de varios partidos, los que entablaron conversación con los trabajadores, que marcharon hasta el Tribunal Superior de Justicia del estado, donde sesionaban los legisladores.

En el panorama de ayer pudo percibirse que terminó la confrontación entre Congreso y trabajadores para buscar un entendimiento que no prolongue más el conflicto.

Todavía este lunes hubo algunos rounds de sombra entre sindicalizados y Helguera Jiménez, quien aún trató de restar fuerza al movimiento al expresar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ya le notificó que el movimiento de los agremiados a la sección 55 del Suspeg es ilegal y, por tanto, tienen que levantar su protesta y regresar a laborar.

Helguera Jiménez exhibió una de dos: su desconocimiento sobre derecho laboral o su afán de no tener un acuerdo justo y digno con sus trabajadores.

El dirigente sindical, Lenin Hernández Mena, impartió cátedra al legislador al ilustrar que el Tribunal no tiene facultad para determinar si es legal o no el paro, toda vez que no es una huelga.

El movimiento sindical ha sido un paro, cuya legalidad o ilegalidad habría que analizar con sus respectivas consecuencias, pero se trata de dar una salida legal o política al problema, que ha obligado a los diputados a sesionar fuera de su recinto.

Por fortuna, parece ser que se avizora ya la luz a la salida del túnel. n

Lo que temía el gobierno estatal respecto al retraso en la entrega de fertilizante comenzó ya: ayer, campesinos se apoderaron del palacio municipal de San Miguel Totolapan, la bodega del fertilizante y las oficinas de los Servidores de la Nación.

Sentenciaron que no los liberarán hasta que el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, les entregue el insumo.

Dos días antes, siete de los nueve alcaldes calentanos se habían reunido para definir las medidas de presión que efectuarían ante el retraso del producto.

Aunque el acuerdo fue en el sentido de que aguantarían un poco más antes de proceder, ayer los campesinos se desbordaron con el apoyo del alcalde totolapense, Juan Mendoza Acosta.

Advirtieron que hoy bloquearán carreteras.

En Iguala, productores agrícolas acordaron en reunión que, si no les hacen llegar hoy el abono, sitiarán de inmediato la ciudad.

En Azueta, el presidente municipal, Jorge Sánchez Allec, declaró que el retraso “es una situación complicada”.

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