En entredicho

Sep 26, 2018

Independientemente del resultado final que arroje el aseguramiento de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco, el operativo realizado no envía ningún mensaje positivo a la población en cuanto a la labor que venían desempeñando la Policía Municipal y la Policía Vial.

De momento, lo que se informa es de sospechas que había sobre probable infiltración del crimen organizado, así como de la falta de resultados en el combate a la delincuencia.

La ausencia de resultados no requiere mayor explicación porque está a la vista, y si aunado a ello las sospechas de infiltración se llegan a comprobar, se vendrá abajo definitivamente la versión que en forma sistemática ha venido sosteniendo la administración municipal, en el sentido de que el municipio está haciendo lo que le corresponde en el combate a la delincuencia, misma que, ante la imparable ola de sangre que baña al puerto, ha resultado de por sí inverosímil.

Por otro lado, habrá resultado un fiasco el hecho de que, según el mismo gobierno municipal, 85 por ciento de los policías hayan sido certificados, afirmación que con mucho orgullo ha hecho la alcaldía cada vez que Federación y estado han acusado a los ayuntamientos de no estar haciendo su parte en el ataque a la inseguridad.

Cátedra tardía

Sep 26, 2018

Docto en materia política, el senador Manuel Añorve Baños impartió cátedra a los diputados locales.

Ser mayoría en el Congreso, advirtió el ilustre politólogo del Partido Revolucionario Institucional, “no significa avasallar”.


Habló así al ser entrevistado respecto a la falta de acuerdos en el Congreso local en torno a la repartición y la integración de las 33 comisiones ordinarias, sobre las que se ha señalado a los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de querer presidir la mayoría de ellas y las más importantes.

La sentencia del priísta bien estaría para escribirla con letras de oro en el Congreso para que sirviera como guía a los legisladores de la actual legislatura y de las futuras.

Empero, no debió pronunciarla hasta ahora, sino en la legislatura pasada, cuando el PRI era mayoría, situación de la que se aprovechó para avasallar junto con sus aliados a los diputados de los demás partidos, dejando del Congreso una imagen maltrecha.

Un caso de esos fue aquel relacionado con el ahora ex diputado priísta Saúl Beltrán Orozco, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de asesinar a un individuo cuando era presidente municipal de San Miguel Totolapan.

Cuando la FGE solicitó al Congreso su destitución, los diputados priístas y sus camaradas hicieron cuanto pudieron para evitar su desafuero; primero impidieron su destitución, posteriormente maniobraron para concederle permiso, poniéndolo finalmente a salvo de la justicia.

Apertura militar

Sep 26, 2018

Más de 325 vecinos del municipio de Atoyac visitaron este domingo el cuartel del 109 batallón de infantería del Ejército, asentado en El Ticuí –poblado muy cercano a la cabecera–, abierto por segundo año consecutivo al público, y tuvieron oportunidad de convivir con los soldados y de conocer las instalaciones y los equipos militares.

Nadie lo habría previsto hace 45 años, cuando Atoyac era el principal teatro de operaciones de las fuerzas armadas de México durante el periodo ominoso que ahora es conocido como la guerra sucia, cuando todas las fuerzas del Estado mexicano, principalmente el Ejército, estaban ocupadas en perseguir, aterrorizar, martirizar y, en general, hacer la vida imposible a la población civil, en el afán de cortar las líneas de suministro a la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas Barrientos y encaramada en la sierra de ese municipio, así como los vasos comunicantes entre el grupo insurgente y la comunidad.

La guerra sucia dejó honda huella en México, en particular en Guerrero, pero, sobre todo, en el municipio de Atoyac, donde se cebó el odio y el celo represivo de aquel régimen, con saldo de 219 desaparecidos, militantes del Partido de los Pobres, según cifras de la Dirección General de Asuntos Juridicos de la PGR, si bien otras fuentes, también oficiales, cifran a esas víctimas en más de mil en todo el estado.

Pero al cabo de cuatro décadas de esos sucesos, la apertura que promovió el gobierno de Felipe Calderón entre las fuerzas armadas y la opinión pública –para que la población aceptara de buen grado la militarización del país en la guerra contra el crimen organizado– ya rinde frutos, si bien los militares de hoy no son los de entonces.

Así, se diluye cada día más la posibilidad de someter a juicio a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra sucia. n

Bien harían los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa y de otras normales del estado y del país en tomar nota de los cambios que implica la pasada elección del 1º de julio, en aras de cuidar el prestigio y la integridad física de su movimiento.

Nadie en México –ni la derecha, ni la izquierda, ni los comentaristas de la política, ni los simples observadores– duda que la masiva votación a favor de un cambio, independientemente de si al final éste satisface todas las expectativas, modificó todo el panorama político, social y hasta económico del país, porque abrió posibilidades inusitadas de justicia social y de atención a casos de especial relevancia por las violaciones a los derechos humanos implicadas, igual que al debido proceso y a las leyes.

En esa categoría cae el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

El próximo gobierno de la República ya empezó a tomar medidas para atender esos casos paradigmáticos, en cumplimiento de las ofertas de campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y de muchos más que participaron como abanderados de su partido.

El revocar el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito el fallo del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, que en julio pasado declaró imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia que investigue de nuevo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, amplía las probabilidades de llegar finalmente a la verdad y de castigar a los responsables.

Ello, si se toma en cuenta la disposición que en el mismo sentido ha manifestado tener el presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Queda claro que la actual administración, que encabeza Enrique Peña Nieto, mantendrá hasta el último momento su resistencia a que se descubra lo que realmente ocurrió y se finquen responsabilidades.

Tocará a López Obrador profundizar sobre el caso venciendo resistencias que se negarán a morir aun después de terminado el actual sexenio, pero contando con el apoyo de los padres de los desaparecidos, organizaciones sociales locales y organismos internacionales que no sólo han estado pendientes del problema, sino han participado en las indagaciones, y cuyo esfuerzo se ha estrellado contra el muro de la oposición gubernamental.

Es interesante preguntarse qué ocurrirá en el caso de que quienes, si son responsables, se encuentren colocados en alguno de los poderes de la nación gozando de fuero, como es el caso específico del senador Miguel Ángel Osorio Chong, piedra angular en las decisiones de la Federación en torno a las supuestas investigaciones en su posición de secretario de Gobernación.

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