Arreglo en puerta

Jun 15, 2019

El ofrecimiento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local de un incremento salarial de 8 por ciento abre la posibilidad a un arreglo al paro laboral que desde hace casi un mes mantienen los trabajadores.

El ofrecimiento no satisface la demanda sindical de 13 por ciento, es verdad, pero también es verdad que se despegó del de 5 por ciento que sostenía el presidente de la Jucopo, Antonio Helguera Jiménez, y se elevó tres puntos.

Si se ve el asunto desde la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, es obvio que ni siquiera 13 por ciento lo resarcirá, pero hay otros factores que en la negociación deberán tomarse en cuenta, como las condiciones presupuestales del Congreso, por ejemplo.

Al planteamiento de 8 por ciento los paristas respondieron que analizarán la propuesta.

Son, pues, posturas diferentes en las que la cerrazón y la intransigencia fueron superadas para dar paso al diálogo y la negociación que conduzcan a un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

Si bien se proyectaba la idea de que era Helguera Jiménez el único diputado que se encargaba de hacer frente a los paristas, esta vez fueron los integrantes de la Jucopo, militantes de varios partidos, los que entablaron conversación con los trabajadores, que marcharon hasta el Tribunal Superior de Justicia del estado, donde sesionaban los legisladores.

En el panorama de ayer pudo percibirse que terminó la confrontación entre Congreso y trabajadores para buscar un entendimiento que no prolongue más el conflicto.

Todavía este lunes hubo algunos rounds de sombra entre sindicalizados y Helguera Jiménez, quien aún trató de restar fuerza al movimiento al expresar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ya le notificó que el movimiento de los agremiados a la sección 55 del Suspeg es ilegal y, por tanto, tienen que levantar su protesta y regresar a laborar.

Helguera Jiménez exhibió una de dos: su desconocimiento sobre derecho laboral o su afán de no tener un acuerdo justo y digno con sus trabajadores.

El dirigente sindical, Lenin Hernández Mena, impartió cátedra al legislador al ilustrar que el Tribunal no tiene facultad para determinar si es legal o no el paro, toda vez que no es una huelga.

El movimiento sindical ha sido un paro, cuya legalidad o ilegalidad habría que analizar con sus respectivas consecuencias, pero se trata de dar una salida legal o política al problema, que ha obligado a los diputados a sesionar fuera de su recinto.

Por fortuna, parece ser que se avizora ya la luz a la salida del túnel. n

Lo que temía el gobierno estatal respecto al retraso en la entrega de fertilizante comenzó ya: ayer, campesinos se apoderaron del palacio municipal de San Miguel Totolapan, la bodega del fertilizante y las oficinas de los Servidores de la Nación.

Sentenciaron que no los liberarán hasta que el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, les entregue el insumo.

Dos días antes, siete de los nueve alcaldes calentanos se habían reunido para definir las medidas de presión que efectuarían ante el retraso del producto.

Aunque el acuerdo fue en el sentido de que aguantarían un poco más antes de proceder, ayer los campesinos se desbordaron con el apoyo del alcalde totolapense, Juan Mendoza Acosta.

Advirtieron que hoy bloquearán carreteras.

En Iguala, productores agrícolas acordaron en reunión que, si no les hacen llegar hoy el abono, sitiarán de inmediato la ciudad.

En Azueta, el presidente municipal, Jorge Sánchez Allec, declaró que el retraso “es una situación complicada”.

Es evidente el malestar que predomina en sectores de la entidad respecto a la manera en que representantes del presidente Andrés Manuel López Obrador están haciendo su trabajo.

Ayer, el coordinador estatal del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo 21, Arturo García Jiménez, declaró en Atoyac, sin mencionar nombres, que hay representantes del gobierno federal que trabajan contra el proyecto de nación que impulsa el presidente de la República.

Sin duda, uno de los temas más sensibles que han alterado los ánimos es el del fertilizante, cuyo retraso en la entrega ha provocado ya expresiones de enojo y movilizaciones de protesta en las regiones de la entidad.

El mismo gobernador, Héctor Astudillo Flores, en un momento dado, ha llegado a la desesperación cuando ha exclamado: “entréguenlo ya, por el amor de Dios”, al tiempo que ha reconocido que el retardo genera ya problemas.

Ayer, campesinos bloquearon en protesta la carretera a Chilapa.

Este lunes, presidentes municipales de Tierra Caliente estaban dispuestos ya, junto con comisarios municipales y comisariados ejidales, a apoderarse de la carretera Acapulco-Ciudad Altamirano, pero finalmente decidieron esperar.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Eloy Salmerón Díaz, acusó que en la distribución del fertilizante hay un desorden total, y no hay quién se haga responsable.

A su vez, la dirigente estatal del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, aseguró que, al menos en Guerrero, la soberbia, sumada a la incapacidad de los que fueron designados representantes del gobierno federal, han echado abajo el proyecto del Presidente.

Citó directamente al delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, al que acusó: “se ha dedicado a dispersar a las organizaciones sociales”.

En la mañanera de ayer, el periodista guerrerenses Luis Flores Lonazkuo, dijo al Presidente que durante muchos años el abono se ha repartido en dos entregas: antes de que llueva y ya cuando empezó a llover. En esta temporada ya comenzó a llover, y apenas se ha repartido 30 por ciento.

Otra: mientras el kilo de semilla mejorada cuesta entre 600 y mil pesos el kilogramo, el delegado lo ha comprado en mil 200 pesos.

La respuesta de Sandoval sobre el atraso ha sido que el abono se encuentra ya en bodegas de Guerrero y pide que no se politice el tema, pero se da el caso de que los beneficiarios no son políticos, sino campesinos, que ven en la ausencia del producto la probabilidad de que sus cosechas se vayan por la borda.

El retraso en la distribución del fertilizante arruinó ya el noble propósito presidencial de hacerlo llegar al campesino oportuna y gratuitamente, pero nadie admite su responsabilidad. n

Este día, por sexta ocasión, el Congreso del estado sesionará fuera de su sede debido al conflicto laboral que ayer entró en su cuarta semana, 22 días en los que los trabajadores se han mantenido en paro en demanda de incremento salarial de 13 por ciento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, de Morena, habla de los trabajos legislativos; anuncia que durante el periodo de receso, que comienza el próximo día 15, habrá sesiones extraordinarias para desahogar el rezago, pero se abstiene de tocar el tema del problema con los trabajadores.

Este martes concluirá la sesión que quedó suspendida el pasado jueves, cuando los otros partidos en bloque abandonaron el recinto en, dijeron sus diputados, solidaridad con los trabajadores en paro; la sesión se arrastra desde el jueves 30 de mayo, cuando también en bloque reventaron la sesión que se desarrollaba en el salón Pérgolas.

En eso ha consistido el apoyo de legisladores a los trabajadores y en acudir hasta donde están en plantón, donde les han expresado su solidaridad y les han recomendado que no claudiquen en su lucha.

Mientras por un lado quieren hacer creer que respaldan a los paristas, por otro siguen el juego de acudir a las sesiones fuera del recinto, en doble discurso; ofrecen la impresión de que, más bien, hacen como que apoyan a los trabajadores para ir contra Antonio Helguera y demás morenistas; unos y otros traen pleito porque no han coincidido en el reparto de privilegios.

Siete días transcurrieron ya desde que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó que estaba en espera de que el juez liberara varias órdenes de aprehensión contra responsables del asesinato de ocho personas halladas en una camioneta en Chilpancingo el domingo 26 de mayo.

Cuando se le pregunta al funcionario por un caso en particular, normalmente se rehúsa a hablar arguyendo que, de hacerlo, entorpecería la investigación (¿?); no obstante, hay ocasiones en que, como ésta, lanza un distractor para liberarse del asedio de la prensa.

Zuriel de los Santos no tuvo empacho en asegurar que espera órdenes de aprehensión para proceder, lo que implica dar tiempo a los involucrados a ponerse fuera de su alcance, sobre todo tomando en cuenta la efectividad con que actúa.

Aseguró que hay una sola línea de indagación, pero se negó a mencionarla porque “ya se tienen avances importantes en la investigación”; y, eso sí, ya les avisó a los responsables que ya conoce su identidad para que huyan, si es que les importa huir.

En la última decena de octubre de 2018, a escasos días de haber sido asesinado Gabriel Soriano Kuri, locutor de RTG –un organismo descentralizado del gobierno de Guerrero–, el fiscal se reunió con familiares del desaparecido, entre ellos el padre, nuestro compañero Javier Soriano, a quienes aseguró que en ese momento se dirigía al sitio donde tenían cercado ya al asesino del periodista, y se comprometió a informarles los resultados al día siguiente.

Soriano Guerrero sigue en espera de que el fiscal le informe que ya está detenido el culpable.

Otra salida de Zuriel de los Santos cuando lo cuestionan respecto a un delito en particular es expresar: “investigo todos los casos, no solamente los de este tipo”. Y sale por peteneras.

Nada raro es, entonces, que el funcionario no haya dado resultados todavía de la matanza de los ocho.

Si no lo ha hecho con un trabajador del gobierno estatal, ¿cómo esperar que aplique la ley en otros casos?

Si no se ocupa de procurar justicia por la propia familia, ¿cómo esperar que lo haga con otros?

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