El anuncio de la directora de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Acapulco, Tania Sámano González, en el sentido de que no habrá aumento a las tarifas del impuesto predial el próximo año, sino que sólo se actualizará la base gravable en 0.4 por ciento, podría resultar engañoso para unos y confuso para otros.

Es decir que aunque no se elevará el impuesto, el contribuyente pagará más que el año pasado. Es un hecho.

El ayuntamiento no necesita incrementar la tasa impositiva para cobrar más, sino que basta con subir la base gravable: así, si un predio está cotizado en 200 mil pesos, y el ayuntamiento lo tiene evaluado en 100 mil, lo único que tiene que hacer es elevarle el valor, por lo que aun pagando la misma tasa impositiva, el causante tiene que desembolsar más.

Recurren al galimatías para no decir que, sea como sea, la gente tendrá que asignar una mayor cantidad de sus ingresos para cubrir esta obligación; tienen pavor a perder popularidad, sobre todo que se acercan ya las elecciones de 2021.

Es poquito, insinúan; y sí, es poquito para la alcaldía, no así para un ciudadano que, ganando el salario mínimo, tiene esposa y tres, cuatro o cinco hijos en la escuela, que se encuentra entre la disyuntiva de pagar el predial o dejar sin comer a su familia.

Y si bien es cierto que, en algunos sectores, como las colonias populares, la base gravable es inferior al costo real del predio, no menos cierto es que, como lo admite la titular de Catastro, hay 38 por ciento de contribuyentes morosos, propietarios de inmuebles, no en colonias ubicadas en el anfiteatro, sino en la zona turística.

Hincan, pues, el diente al causante cautivo, al que siempre cumple, y se muestran condescendientes con gente pudiente que posee inmuebles en zonas privilegiadas.

Así lo confirma prácticamente el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, al sostener que la franja que comprende de la Base Naval al fraccionamiento Pichilingue es de las zonas donde hay más deudores del predial en Acapulco.

Advierte que en el municipio hay unos 270 mil contribuyentes, de los cuales unos 109 mil no pagan el impuesto predial desde hace muchos años, con lo que el ayuntamiento deja de ingresar a sus arcas 100 millones de pesos anuales

Reconoce que “los principales deudores del predial no son los ciudadanos que viven en colonias populares, sino los que tienen grandes propiedades en fraccionamientos”.

Así es como la alcaldía ha manejado su principal fuente de ingresos; ahora está por verse si la 4-T está realmente dispuesta a dar un giro a la inequidad, la omisión y la complacencia, o termina haciendo lo que critica. n

Mesura

Dic 10, 2019

Si los empresarios están o no de rodillas ante los ataques del crimen organizado, son ellos a quienes corresponde decirlo.

Son los hombres de empresa los que sufren el flagelo y, en consecuencia, ellos son los que pueden ofrecer sus impresiones respecto a cómo se sienten.

La autoridad, por su parte, está en su derecho de expresar cómo percibe el problema de la inseguridad, pero no conviene que lo haga con base en sus impresiones, percepciones o emociones; tiene que apoyarse en datos, cifras, informes oficiales o de organizaciones privadas especializadas en el tema; sus razones tienen que ser necesariamente de peso, de argumentos sólidos.

Mas, en todo caso, mejor estaría que, independientemente de sus juicios, trabajara sobre el caso.

Podrá sonar extremista la opinión de que los hombres del dinero están de rodillas frente al crimen, pero también alarma y es desesperanzador que la autoridad municipal no encare la violencia de acuerdo con su gravedad.

A nadie convence aquello de que los homicidios dolosos se redujeron por la eficiencia de la Policía Municipal, como sostiene la Presidencia Municipal.

En toda reunión de cabildo en que se ha abordado el tema ha aflorado que el ayuntamiento no cuenta siquiera con los policías que de acuerdo con su presupuesto debería tener y que, los que hay, no son todos confiables porque no obtuvieron la certificación, y que no se les ha podido liquidar por falta de dinero, además de que no hay programa de estrategias, ni un secretario de Seguridad Pública.

Ahora que, si bien es cierto que a nadie se le debe reprochar el hacer uso de su derecho de expresarse libremente, no menos cierto resulta que, tratándose de la autoridad y no de un ciudadano de a pie, no está por demás ser mesurado y reflexivo sobre lo que se dice, porque mucho peso tiene lo que externe, y sus repercusiones a veces resultan indeseables. n

Será interesante conocer el reporte que sobre la participación de gobernadores en combate a la inseguridad ofreció difundir este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los constantes informes sobre enfrentamientos de la Policía Estatal con grupos delincuenciales y la asistencia del gobernador Héctor Astudillo Flores a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz reflejan una visión de que el gobierno estatal trabaja en este rubro.

¿Qué tanto?

Habrá que conocer sus responsabilidades en la materia; se sabe que del gobernador depende la Policía Estatal, cuyas funciones se relacionan con la prevención del delito y enfrentar los actos delictivos en el momento en que se cometen.

La persecución, la ejecución de órdenes de aprehensión y someter a proceso a los detenidos es juridicción de la Fiscalía General del Estado (FGE), para lo cual cuenta con la Policía Ministerial, peritos y agentes del Ministerio Público.

La FGE, como se sabe, es un órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo; es decir que en teoría actúa bajo su propia responsabilidad, sin rendir cuentas al gobernador, como parte del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

No obstante, eso no se ha terminado de comprender, y con frecuencia la gente termina responsabilizando al gobernador de la inseguridad y la impunidad prevalecientes.

Astudillo Flores, como gobernador que es, es responsable de cuanto ocurre en la entidad. Muy cierto. Pero comparten con él la responsabilidad en este aspecto la FGE y los ayuntamientos.

Es función de los ayuntamientos prevenir el delito; si hay prevención, no tiene por qué haber violencia; y si la hay es porque fallan las alcaldías;  entran ahí la FGE y el gobierno federal para investigar, detener y procesar a los infractores. También han fracasado.

Por eso resulta de interés conocer cómo califica el gobierno federal al gobernador, pero también debería evaluar y exhibir tanto a la FGE como a los alcaldes, muchos de los cuales, como acusó Astudillo Flores, no asisten a las sesiones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, pero “luego, cuando tienen problemas, son los primeros que nos están llamando para que nosotros vayamos”.

En cuanto a la Fiscalía, ahí está el reporte de la organización Impunidad Cero que, citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que 96 por ciento de los homicidios dolosos en Guerrero quedan impunes.

Otro dato: el índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, que las evalúa desde hace tres años por la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, coloca a Guerrero en el penúltimo lugar nacional, con 35.3 por ciento de efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, contra la media nacional de 57.9 por ciento.

¿Irán a cargar al gobernador los fiascos de la Fiscalía y la pasividad de los alcaldes? n

A menos que el gobernante y el equipo que lo acompaña tengan experiencia en la administración pública, su curva de aprendizaje –como llaman los comentaristas al periodo en que el gobernante y los suyos tardan en aprender cómo hacerlo– les puede tomar un tiempo considerable, incluso más allá del aceptable.

Se trata siempre de un tiempo valioso pues, por lo general, los problemas que aquejan a los gobernados son acuciantes y no admiten demoras, so pena de terminar en pérdidas cuantiosas, incluso de vidas humanas.

Aun si se argumenta que el nuevo gobierno parte de paradigmas nuevos o que se ha visto obligado a construir los suyos propios, un año es demasiado tiempo para aprender el arte de gobernar y administrar.

Este parece ser el caso del gobierno de Acapulco, pues cuando falta menos de un mes para que concluya el año, ha terminado menos de la tercera parte de las obras que se propuso, y pretende finalizar el resto en lo que falta de diciembre.

Por supuesto, esto no significa que de ese restante 69 por ciento no hay avance alguno. De hecho, algunas de las obras no concluidas tienen avances de hasta 85 por ciento, según el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas.

Pero, de cualquier modo, la exigencia de terminar antes de que finalice el año, si bien puede ser útil para no caer en subejercicio del presupuesto –falta grave en estos días–, también puede derivar en obras mal ejecutadas, deficientes y plagadas de vicios ocultos, como suele ocurrir en el sector público, debido precisamente al apremio de los plazos para ejecutarlas.

Esta prisa acaba costando más a los contribuyentes, pues suele suceder que una obra mal hecha tiene que volver a hacerse o debe ser arreglada, como ocurrió, por ejemplo, con ese adefesio que Rubén Figueroa Alcocer construyó con sus amigos de ICA y que bautizó como “vía rápida”, que nunca fue tal, sino todo lo contrario. La obra tuvo que ser complementada por los gobiernos de Félix Salgado Macedonio y Evodio Velázquez Aguirre, para que su operación fuera un poco más aceptable, a un costo millonario que, por supuesto, pudo haberse evitado desde un principio. n

Zona de confort

Dic 10, 2019

A juzgar por la advertencia que lanzó ayer a los presidentes municipales el delegado del gobierno federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, en el sentido de que ellos también –no sólo los gobernadores– serán clasificados en una lista pública según su nivel de participación en las labores de coordinación interinstitucional contra la violencia delictiva, puede concluirse que los ediles no sólo administrarán sus municipios acotados en materia presupuestal, como de por sí lo han hecho este año, sino también recortados en lo que hace a su zona de confort.

Considerada la peligrosidad –por su capacidad financiera y su poder de fuego– de los criminales de los tiempos que corren, para los alcaldes ha resultado muy cómoda la delimitación de sus jurisdicciones en materia de seguridad pública. Ante cualquier delito con visos de crimen organizado, muchos de ellos desmarcaron a su gobierno con el argumento de que eso es de competencia federal.

Y así navegaron todo su periodo con esa bandera, mientras la criminalidad crecía a su alrededor. Es entendible, pero no justificable: México todo ha visto caer bajo las balas asesinas del crimen organizado a decenas de sus presidentes municipales, muchos de ellos porque no quisieron ceder a las exigencias de sus extorsionadores.

Muchos policías municipales han muerto también porque, siendo vecinos de barriada de los sicarios, éstos los conocían muy bien, así como a sus hijos y demás parientes, y eso los hizo presa fácil para los asesinos.

Por lo que anunció el delegado, los tiempos de ese confort se aproximan a su fin, pues los alcaldes que no participen en la coordinación de seguridad serán exhibidos en una especie de relación de “quién es quien en materia de lucha contra el delito”. Y eso afectará su imagen, sobre todo si pretenden reelegirse en el cargo, ahora que ya se puede.

Es saludable que los ciudadanos sepan cuánto se comprometen y cuánto se meten sus presidentes municipales en la tarea de resolver los problemas que en verdad les aquejan.

Hasta ahora sólo han sido destinatarios de apremios más o menos suaves de presidentes de la República, secretarios de Gobernación, gobernadores y legisladores. Pero nunca se les ha exhibido.

Los puestos de representación popular no están para gozar en ellos lo que podría denominarse las mieles del poder. Son para trabajar con intensidad en resolver los problemas que aquejan a la gente. Los munícipes no son responsables de combatir el crimen organizado, es verdad, pero sí de prevenir esos y otros delitos, y de hacerlo de manera coordinada con los otros niveles de gobierno.

Hasta ahí, todo bien. El único problema es: ¿también exhibirán a los alcaldes de Morena que cometan esa falta? En el caso de los gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que sí. El delegado también lo aseguró para el caso de los ediles. Pero muchos pagan por ver.

Mención aparte merece lo que las declaraciones de Sandoval Ballesteros dejan traslucir, pues dijo que la coordinación entre Federación y gobierno del estado ha permitido abatir los índices de criminalidad, lo cual parece indicar que entre el mandatario estatal y el funcionario federal ha quedado superado el encontronazo que tuvieron ante el Presidente cuando las huestes del delegado, por iniciativa propia o por orden suya, abuchearon al Ejecutivo guerrerense en Tlapa. n

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