Alternancia

Abr 15, 2021

Hasta ayer las autoridades no lo habían admitido con claridad –en particular la Secretaría de Salud pero sus reportes diarios sobre la evolución del contagio del Covid-19 en el estado y sus consecuencias parecen indicar que el rebrote previsto posterior a la temporada vacacional de Semana Santa ya está entre los guerrerenses.

El martes, la dependencia reportó haber detectado 73 casos nuevos, 45 más que un día antes, lo cual equivale a un aumento de 160.7 por ciento. Y ayer dio cuenta de 109 contagios nuevos, lo cual implica un aumento de 49 por ciento sobre esos 73.

Por supuesto que la búsqueda de casos nuevos no es una ciencia exacta: depende mucho de los síntomas de los posibles contagiados y de que tomen la decisión de practicarse una prueba. Pero dos aumentos consecutivos en la estadística, y de la magnitud de los reportados por la dependencia, pueden ser suficientes para sospechar que se trata de un rebrote o de una tendencia al alza, cuando menos.

Sólo falta, pues, la confirmación de las autoridades para aplazar por unas semanas el paso al semáforo epidemiológico verde, que los sectores productivos esperan con ansia para ir un poco más allá en su reapertura.

Como quiera que sea, el hecho es que un aumento de contagios tras la temporada vacacional era previsible, y ninguna autoridad dijo que no lo habría, sino lo contrario: han dejado en claro que, en las circunstancias sanitarias de nuestro país y de nuestro estado, esa consecuencia en la salud de la población es uno de los costos de la reactivación económica.

Las autoridades –no sólo de Guerrero– han puesto en la balanza los dos escenarios: reclusión obligada de la población (y sus penurias y hambre por falta de recursos) o apertura económica (y la proliferación del coronavirus). La solución que han elegido es alternarlas, para que el contagio no se descontrole, ni la economía colapse de plano.

Esta es la realidad a la que ahora tiene que adaptarse México. Por eso es urgente acelerar la vacunación a toda la población, para que cada vez los periodos de apertura de la economía puedan ser más prolongados, y los periodos de reclusión obligada puedan ser más breves, hasta su extinción definitiva. n

Deudas pendientes

Abr 15, 2021

¿Cuál podría ser el trasfondo del ingreso de niños a la Policía Comunitaria en la localidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), región de La Montaña?

Desde el sitial más elevado del gobierno del estado los promotores de este movimiento recibieron ya, de inmediato, el juicio y la condena: “irresponsables”, les llamaron.

Puede ser.

Pero también puede tratarse –como parece ser– de un recurso desesperado para llamar la atención de las autoridades para que atiendan sus problemas, sobre todo de inseguridad.

Y lo han logrado.

El coordinador de este grupo, dependiente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores (Crac-PC PF), Bernardino Sánchez Luna, declaró que el gobierno del estado ha incumplido los acuerdos de brindar seguridad, salud y educación en la región de La Montaña, por lo que han optado por recibir a más niños en sus filas.

¿A qué se refiere Sánchez Luna?

En febrero del año pasado fueron presentados 17 menores de 15 años como miembros de la Policía Comunitaria, lo cual generó a nivel internacional reacciones de asombro y repulsa hacia los organizadores del movimiento, y de crítica a las autoridades.

Las autoridades hablaron con los habitantes. Les prometieron satisfactores a sus necesidades, pero no les cumplieron.

Ahora, como si se tratara de un recordatorio, repiten la escena, tan repudiable, sí, como conmovedora y espectacular, y causan similar respuesta mediática.

Condenar desde acá, desde la cómoda oficina con aire acondicionado, disfrutando de todas las comodidades y hasta lujos, es muy fácil, pero habría que empatizar con estos pueblos indígenas asfixiados por la delincuencia, la pobreza, la carencia de los más elementales servicios públicos y el abandono gubernamental, para entenderlos.

Habría que preguntar:

Si los habitantes de la región vivieran en un clima de seguridad y protección; si dispusieran de escuelas, docentes, médicos y medicamentos, ¿tendrían la necesidad de montar –como muchos lo llaman– este show de niños policías?

Si a pesar de ello procedieran como lo hacen, merecerían no sólo la repulsa general, sino ser enviados a prisión, pero mientras el gobierno tenga esa deuda con los habitantes, ¿qué tanto derecho y autoridad tendrá para condenarlos? n

En el supuesto de que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, tuviera razón cuando expresa que “hay temor entre los candidatos al gobierno de Guerrero de tocar en su agenda electoral el tema de la violencia en el estado, por miedo a ser asesinados”, habría que preguntarles por qué razón tampoco incluyen el caso de la pandemia.

Habría que interrogarlos respecto a si efectivamente tienen temor y, si no es así, que digan ¿cuál es la razón por la cual pasan por alto el tema de la inseguridad?

Porque los grupos delictivos están ahí; la violencia, por consiguiente, está a flor de piel, en tanto empresarios y comerciantes siguen quejándose de que los cobros de piso son práctica de todos los días, sin que autoridad alguna se ocupe de ello, y ahora tampoco los candidatos quieren saber nada del tema.

En el caso de que el miedo esté apoderado de ellos, ¿así piensan gobernar? ¿Con los ojos cerrados?

Durante los 36 días que lleva la campaña de candidatos a gobernador, ninguno de la media decena de aspirantes ha presentado una propuesta respecto a cómo contraatacará los efectos del Covid-19.

Es verdad, la población necesita obra pública, inversión y servicios, pero también es cierto que requiere recuperar los empleos perdidos, apoyo económico y fiscal para comercios y empresas.

Ya en los primeros días de julio de 2020, el gobernador Héctor Astudillo Flores avizoraba en encuentro con legisladores “un panorama económico catastrófico no sólo en el mundo, sino en el país, el cual golpeará aun más a Guerrero y a sus habitantes más desprotegidos”.

Consideró la contracción económica “gravísima”, peor que la generada en la Revolución Mexicana. El problema de salud nos trajo un gravísimo problema económico”, adelantó.

Los candidatos, no obstante, parecen desconocerlo o fingen no darse cuenta.

Así, nadando de pechito, van para allá y para acá repartiendo buenos deseos y prometiendo construcción de hospitales, puentes y carreteras, sin tomar en cuenta que, en principio, durante 2021 el presupuesto estatal será inferior al de 2020 y que, según estimaciones de expertos, será hasta 2023 cuando comience a recuperarse la economía.

¿De dónde piensan tomar dinero para sus obras si la Federación tampoco está en bonanza?

No conocen las condiciones en que está dejando a Guerrero la pandemia, o prefieren cerrar los ojos a la realidad.

O es que no sólo tienen miedo, sino también falta de sensibilidad, conocimiento, preparación e información.

Casi nada. n

Antes, las expectativas sobre la afluencia turística se cifraban en promociones. Hoy en día, pretextando el Covid-19, se cimientan en deseos y esperanzas.

Cuando se hizo el balance de la afluencia en Semana Santa, el gobierno informó que aun cuando más de 300 mil turistas arribaron a los destinos turísticos de Guerrero, “no fue la cantidad deseada”.

¿Y cuántos visitantes deseaba la autoridad que vinieran?

¿Con base en qué?

De por sí nunca, en ningún año, ha habido promoción alguna para esa temporada.

La gente, nacional toda, viene sobre todo por dos razones: por la cercanía de Guerrero a su lugar de origen, y porque la entidad tiene precios y tarifas al alcance de todos los bolsillos.

Un dato curioso que compartió el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona: a los condominios, casas y tiempos compartidos arribaron 96 mil 850 visitantes.

Es de suponerse que el procedimiento que utilizan para conocer los porcentajes de ocupación en hoteles –todo un enigma, por cierto– podría ser el mismo para medir los condominios y las unidades de tiempo compartido, pero ¿cuál aplican en el caso de las casas que rentan al paseante si ni siquiera se sabe dónde se ubican, razón por la que el fisco no ha podido meterlas al orden?

Rodríguez Escalona consideró que la cifra de turistas no fueron las esperadas, pero, dijo, hubo sobrecupo en las playas de Guerrero.

Si los pocos que vinieron causaron sobrecupo, ¿qué habría pasado entonces si hubiera venido la cantidad que deseaban?

¿Dónde los habrían metido?

Y si la afluencia de Semana Santa no satisfizo las expectativas oficiales debido, según arguyen, a la pandemia, aterra imaginar cuál será la que haya después de terminada la de Pascua.

La de las vacaciones escolares de verano era la que antes seguía al rosario de las esperanzas, pero ahora con la pandemia es la incertidumbre la que campea, y turisteros y población –sobre todo la que directa o indirectamente depende del turismo– tendrán que sujetarse a lo que produzcan los fines de semana largos y los normales hasta que lleguen las fiestas decembrinas.

Por ahora, habrá que atenerse a la declaración de Rodríguez Escalona, cuando expresa su esperanza de que en los próximos días aumente la afluencia de paseantes.

¿Qué pasaría si decayera la esperanza? n

Es lugar común decir que del trato que da una sociedad a ciertos sectores de sus integrantes puede inferirse con relativa exactitud su nivel de civilización. Así, se hace referencia a las personas privadas de su libertad y recluidas en un centro penitenciario por haber cometido algún delito; de los niños (los que están en situación de calle y los que viven en familia); de los animales (esos sí, en situación de calle), y una lista más o menos larga de conjuntos de seres vivos y hasta de objetos inanimados.

Del trato que la sociedad da a cada sector se deduce cuán civilizada está.

A riesgo de abusar de ese lugar común, es pertinente esta vez hacer referencia a los gatos que sobreviven en Acapulco, a propósito de una información difundida ayer por la asociación Patitas Felices, según la cual este año ha esterilizado a 36 ejemplares, apoyada en donaciones, acción que constituye su contribución al objetivo de impedir que los felinos proliferen en la ciudad, con toda la carga que ello podría implicar para el sistema sanitario que atiende a los ciudadanos.

Es pertinente recordar que en enero de 2018, hace poco más de tres años, la Dirección de Salud del ayuntamiento calculó en 93 mi 700 el número de estos animales en estado semisalvaje en las calles de la ciudad.

Comparadas así las cifras, los 36 ejemplares esterilizados en tres meses por la mencionada asociación constituirían una cantidad ínfima, que en casi nada alivia el problema de la proliferación de felinos. Por supuesto, la labor de esa y otras asociaciones de ciudadanos preocupados por el bienestar de los animales es digna de todo reconocimiento y debería ser motivo de todo tipo de apoyo oficial.

De hecho, debería ser el gobierno el que tuviera a su cargo esta tarea, y debería emprenderla a gran escala, como la situación lo amerita. Pero esto se avizora imposible mientras las autoridades mantengan sus objetivos presupuestales en metas que no se ajustan a las necesidades de todos los integrantes de la nación, entre los cuales los animales deberían contar, y mucho. n

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