La política real

Dic 16, 2018

El gesto de colaboración que el gobernador Héctor Astudillo Flores, del PRI, ha tenido con la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, de Morena, para resolver el agudo problema que se cernía sobre el puerto a consecuencia del corte del suministro eléctrico que aplicó la CFE a Capama porque el adeudo de ésta ascendió a 530 millones de pesos, dibuja de cuerpo entero los aparentes contrasentidos y paradojas de la política real.

El gobernador intercedió ante el director general de esa empresa del Estado para que ésta restableciera su servicio, y adelantó que seguirá haciéndolo en busca de resolver de manera definitiva el problema.

No han resultado pocos los críticos, muchos de ellos gratuitos, que desde hace casi tres meses lanzan dardos envenenados contra la presidenta municipal desde el campo de la izquierda y, lo que es más inquietante, desde las filas de su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional, por lo que consideran devaneos de la magistrada con el PRI y con la derecha.

Varias críticas se han enderezado contra la edil: por solicitar y aceptar el apoyo del mandatario estatal, por la cordialidad de sus encuentros con él y por tener entre sus colaboradores a funcionarios que han servido en gobiernos constituidos bajo el liderazgo de otros partidos.

Nada tranquilizadora resulta la sentencia del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno, en cuanto a que hasta que no queden claras las facultades de la Guardia Nacional, el control de la seguridad recae en los municipios y estados.

Mucho ruido se ha hecho sobre el tema, pero la verdad es que se trata de un proyecto incierto todavía, toda vez que lo tiene que discutir y aprobar o rechazar el Congreso de la Unión.

Mientras tanto, estado y municipios nadan entre la incertidumbre y la violencia con una autoridad que no sabe que hacer y que está poniendo todos los huevos en una sola canasta al cifrar sus expectativas en que sea el gobierno federal el que acabe con la inseguridad.

Es un axioma el que los gobiernos municipales se han hecho los desentendidos en este aspecto: el gobierno estatal ha sostenido una y otra vez, restregándoselo a los alcaldes, que los ayuntamientos deben cumplir con su responsabilidad porque no es posible que sigan de omisos y hasta siendo los mismos ediles los que generan caos, pero los munícipes se hacen los desentendidos.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal seguirán apoyando a las corporaciones locales, expone a su vez el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, más habrá que tomar en cuenta que si siendo cabezas en el combate a la violencia no obtuvieron los resultados esperados, operando como auxiliares menos avances habrá; si antes cambiaron frecuentemente de estrategia sin llegar a ninguna parte, ahora menos lo harán puesto que ni estrategia tienen, porque todo está en preparación.

México ya no será tierra de nadie, afirmó el secretario de Seguridad al reunirse con 15 gobernadores; el funcionario habló de que se dará prioridad a la certificación y capacitaciones de los policías en el nuevo sistema de justicia penal; se homologarán las condiciones socioeconómicas de los agentes.

Además, dijo, se reforzará la interconexión tecnológica de todos los sistemas de información federales, estatales y municipales, así como de videovigilancia; se fortalecerá tecnológicamente el Registro Público Vehicular (Repuve) y se pondrá orden en los servicios médicos forenses.

También planteó la creación de grupos de inteligencia financiera en los estados.

¿A partir de cuándo? ¡Quién sabe!

Mientras, en Guerrero la delincuencia por un lado y los policías comunitarios por otro, hacen de las suyas, en tanto la autoridad, sentada en su banquito, permanece en espera de que actúe el gobierno federal. n

Motivos de reflexión son las declaraciones del presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (Aheta), José Luis Smithers Jiménez, quien se manifestó contra la propuesta de reducir el costo del peaje a la autopista del Sol.

Hizo ver que bajar las tarifas ocasionaría que viniera al puerto gente de un perfil socioeconómico limitado.

Estaríamos abaratando más Acapulco como destino turístico, puntualizó.

Tiene razón.

Pareciera que los promotores de la idea se proponen saturar de paseantes al puerto sin tomar en cuenta su capacidad económica; habría que precisar si el propósito es facilitar la diversión de los connacionales sin importar la derrama económica que generen o si se persigue vender turísticamente el destino.

Sabido de sobra es que, aprovechando los descuentos en la autopista, miles y miles de nacionales colman esa vía, calles y playas en temporadas de Semana Santa y fin de año; dejan toneladas de basura, cuyo retiro obliga a duplicar el trabajo a Saneamiento Básico, y dejan poco dinero en comparación con la afluencia y las quejas de prestadores de servicios turísticos en el sentido de que se trata de visitantes que traen preparado todo lo que consumen, y lo que llegan a necesitar lo adquieren en las tiendas de autoservicio.

Se ha llegado incluso a concentrar a visitantes en la Unidad Deportiva Acapulco a cambio de que no pernocten en las playas.

Interregno

Dic 16, 2018

No sería sensato esperar que la seguridad pública en Guerrero comenzara a mejorar desde el momento mismo de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, pero tampoco es deseable que los efectos de las nuevas políticas públicas en la materia tarden más de lo estrictamente necesario en hacerse sentir.

Guerrero arde, de manera casi literal, en el tema de la violencia y el crimen. En respuesta, hay alzamientos ciudadanos armados por todos los rumbos contra la actividad criminal, porque ésta ha rebasado a las autoridades.

Ayer surgió una autodefensa que había sido organizada en 2012 y que desde entonces se contenía, para no tener que tomar la seguridad de sus pueblos en sus manos. Ahora ha salido a la luz porque, en su opinión, la situación ya es intolerable.

Es un hecho innegable que el anterior gobierno federal desmanteló casi todo lo que sus antecesores habían construido como estrategia para combatir el crimen, quizá con la dudosa esperanza de que, al quitarle presión a los grupos criminales, estos se replegarían a sus zonas de influencia, sin meterse con los ciudadanos que viven ajenos a sus negocios sucios.

Pero, es evidente, ello no resultó así, sino que, al ir saturándose los mercados del crimen –de las drogas, de las armas, de la trata de personas–, decidieron salir a expoliar a los ciudadanos con cobro de piso y con cuotas, con extorsión y con despojo. Mientras el gobierno federal se dedicaba a lo que se propuso desde el principio: capturar sólo a los jefes.

Ahora fue Petatlán. Este lunes, integrantes de la Policía Ciudadana Comunitaria de la Costa Grande y de la Sierra, adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), tomaron por asalto las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán y desarmaron a 46 policías municipales, con la acusación de tener nexos con la delincuencia organizada.

A mediados de noviembre, similar incursión tuvo la Upoeg en Filo de Caballos; en la segunda decena de septiembre, lo mismo ocurrió en Tlapa.

Antes, sostuvo encarnizados enfrentamientos en Chilpancingo y Tierra Colorada con las autodefensas del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg), en los que hubo muertos, heridos y desapariciones.

En junio de 2017 masacró en San Pedro Cacachuatepec a siete personas, incluidos tres niños, uno de ellos de cuatro meses.

Son sólo algunos ejemplos; en todos los casos, la Unión ha movilizado a la autoridad, la ha sentado a negociar y sale triunfante, de tal manera que, cada vez que se lo propone, pone en jaque al gobierno del estado haciendo valer la impunidad de que goza.

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