Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Gobierno del estado, Marina y Sedena colaboran para que haya suficiente personal

El operativo es para que las cosas estén en paz y los vacacionistas se sientan seguros, señala


Zihuatanejo, 20 de diciembre. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó posterior a la reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero, que Zihuatanejo contará con mil elementos de diversas corporaciones para la seguridad del turismo.

Por la tarde se reunió en la zona naval para atender los problemas de seguridad debido al incremento en turismo que se espera a partir del 24 de diciembre. Se van a reforzar los lugares en los que se tiene información de reiterados actos delictivos, como robo de vehículos en carreteras.

En el encuentro estuvieron las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada, Procuraduría General de la República y Policía Federal, además de los presidentes municipales de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Aviud Rosas Ruiz, y de Zihuatanejo, Gustavo García Bello.

“Es para tener un operativo que ayude a que las cosas estén en paz en este lugar y que los vacacionistas se sientan seguros”, dijo Astudillo en entrevista.

Entre los municipios de la Costa Grande hasta el límite con Lázaro Cárdenas participarán casi mil elementos de diversas corporaciones; “reiterar que el estado, Marina y la –Secretaría- de Defensa Nacional tienen toda la disposición para colaborar para que todos los que vengan tengan los elementos de seguridad suficientes”.

La oportunidad es al ser promulgada o al ser aplicada, dice Roberto Castellanos

Se deben promover ante juzgados de distrito, a título individual o de manera colectiva, indica

Otras opciones son salir a las calles y acudir a tribunales internacionales, plantea el especialista


Zihuatanejo, 17 de diciembre. El especialista en derecho Roberto Castellanos informó que la recién aprobada Ley de Seguridad Interior puede ser impugnada en tribunales internacionales y con recursos como el amparo, lo que es un derecho de todos los mexicanos.

Entrevistado sobre las estrategias legales para derogar la Ley de Seguridad Interior, explicó que sí existen y una de ellas es el amparo.

“Hay dos momentos en los que se puede interponer un amparo contra las leyes, uno que es el momento en que se promulga, y que como ciudadano lo puede hacer si le afecta la ley, y es en el plazo de 15 días; y otro que es después de que ya venció el término y que ya le afectó la ley, como es que lo detenga el Ejército; en ese momento puede impugnarla”, explicó.

Precisó que a partir de que se promulga una ley hay 15 días para impugnarla y que, incluso, puede ser colectivo.

El amparo se debe interponer ante un juzgado de distrito, y puede ser como ciudadano u organizaciones, pero mientras más amparos haya es más efectivo, dijo.

Sobre si ya hay bufetes o asociaciones de abogados en Guerrero presentando recursos ante la controversial Ley de Seguridad Interior, ironizó que “precisamente la hicieron en estas fechas que la gente está distraída”.

Pleno ratifica cambios del Senado de la República


La Cámara de Diputados aprobó la minuta devuelta por el Senado de la República por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, y fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.   

Dicha norma tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación en la materia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.  

El documento, aprobado con 262 votos a  favor y 25 en contra, modifica los artículos: 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26  y agrega un Quinto Transitorio.

Entre los cambios está al artículo 1 para precisar que las disposiciones de este ordenamiento son de Seguridad Nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política en materia de Seguridad Interior.

En el artículo 7, se añadió que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Respecto al artículo 8, se indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la Seguridad Interior”.

En tanto, el artículo 9 se modificó para que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, sea considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

El artículo 10 se señala que a falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a los casos en que las amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, se agregó en el artículo 16 que el Presidente de la República “de acuerdo a sus facultades” podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

"Procedente y necesaria Ley de Seguridad Interior para enfrentar al crimen bajo un marco jurídico y respeto a los Derechos Humanos"

"En Guerrero quien viola los derechos humanos son los delincuentes"

Pide el mandatario estatal al Senado superar limitaciones presupuestales a entidades para elevar capacidades de fuerzas locales de seguridad


Ciudad de México, 11 de diciembre.- Al emitir su opinión respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación. 

Ante senadores, el Ejecutivo guerrerense expresó: "Consideramos que es procedente aprobar el dictamen (Ley de Seguridad Interior) en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órdenes de gobierno en tareas de seguridad.

"La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y paralelamente señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal".

Expuso que la condición de violencia de Guerrero es alarmante, a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, los cuales dijo, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que sufre el Estado.

Archivo

« Septiembre 2018 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30