Como es sabido, este principio supone que el juicio de amparo debe operar como el último mecanismo de defensa del quejoso, la última vía de acción jurídica por la cual puede evitar que se cometan violaciones a sus derechos. En consecuencia, se reclama que previamente a que proceda el amparo, deben agotarse los mecanismos impugnativos legales ordinarios previstos en el ámbito legal del que se trate, de modo que la justicia de amparo sólo entre en acción cuando todo lo demás ha fallado en la protección de los derechos.

De este modo, tratándose del amparo directo, la fracción III, del artículo 107, inciso a de la Constitución, prevé que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que se reclaman puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

El previo agotamiento de recursos se exige también cuando se impugnen violaciones en el procedimiento; según el mismo precepto constitucional, al reclamarse la sentencia definitiva, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.

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