Chilpancingo, 23 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad de mostrar respeto por los derechos humanos al promulgar la Ley de Seguridad Interior, reclamó la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. 

La activista lamentó que el presidente de México haya promulgado la Ley a pesar de todos los pronunciamientos en contra así como de las múltiples evidencias que se demostraron contra dicha ley. 

Criticó la postura del Ejecutivo de no escuchar a organismos internacionales de derechos humanos quienes advirtieron las graves consecuencias que traerá la presencia de las fuerzas armadas en las calles. 

“Esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”, reclamó la activista. Tania Reneaum remarcó que el presidente Enrique Peña Nieto “ha perdido la oportunidad” de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanos, al emitir una ley que pone en grave peligro los derechos de las personas. 

La Ley General Víctimas publicada en 2013 prevé una compleja estructura institucional destinada a brindar atención y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entre los derechos de las víctimas se cuenta la compensación, como parte de la reparación integral, que es la erogación económica que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. 

En términos del artículo 64 de esa ley, la compensación incluirá resarcimiento por, como mínimo, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral; el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; la pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos; el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física; y los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento. 

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