Si Xavier Olea no puede con su cargo debe renunciar, señala


Chilpancingo, 8 de febrero. El senador por el PRD, Celestino Cesáreo Guzmán urgió a la Federación que presente una nueva estrategia de seguridad, que realmente de resultados en el combate a la violencia. 

En tanto, la ex secretaria general del PRD y candidata al Senado de la República, Beatriz Mojica pidió al Fiscal General de Guerrero seriedad en las investigaciones por los crímenes de los sacerdotes. El senador perredista reclamó que la incapacidad e inacción de las autoridades, ha provocado que este año inicie con un número elevado de homicidios dolosos, que dan muestra que la violencia se ha agravado. 

Hizo suyo también el llamado que hace la Iglesia católica, a través del Obispo Salvador Rangel y pidió la intervención del gobierno federal en Guerrero para poder hacer frente a la violencia. 

Recordó que en ocasiones anteriores se había solicitado la llegada de un comisionado federal para que dirigiera a los tres órdenes de gobierno en la ruta de la paz, “pero no hubo eco; y los altos índices de violencia e impunidad de Guerrero, donde la mayoría de los homicidios quedan sin resolver, lo colocan como una de las entidades más peligrosas del país y esto no puede seguir así”, dijo. 

Se busca localizar al presunto homicida en CDMX, Morelos y Michoacán, informa

Fue asignada una unidad de la Policía Ministerial en el caso específico del crimen de Taxco: fiscal


La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que solicitó la colaboración de autoridades de la ciudad de México, Morelos y Michoacán, para localizar al presunto homicida de Magdalena, nutrióloga quien fue encontrada asesinada en Taxco de Alarcón el pasado 22 de enero, cuya muerte ha provocado movilizaciones en diversas ciudades de la entidad. 

Al respecto, el titular de la FGE, Xavier Olea Peláez, señaló que se agotan todos los elementos de investigación, y en el caso específico del crimen de Taxco, indicó que fue asignada una unidad de la policía ministerial para dar con el homicida. 

Olea Peláez expresó que “estamos investigando y vamos muy avanzados, muy avanzados, yo espero tener pronto resultados”. 

Chilpancingo, 16 de enero. La designación de Eloína Sánchez Zamora como Fiscal Especial en Materia de Desaparición Forzada, se dio de manera opaca y poco transparente reprochó el diputado local del PRD, Perfecto Rosas Martínez.

La madrugada de ayer, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría de votos la designación de Sánchez Zamora como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuando apenas en la semana se manejaba el nombre de Guadalupe Rendón Ramírez.

El pasado viernes, el Fiscal General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez envió al Congreso del Estado un oficio en el que se informaba sobre el cambio en las propuestas tanto de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de personas como en la de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezadas por Eloína Sánchez Zamora y Roberto Rodríguez Saldaña.

Dichas propuestas fueron votadas en fast track por la mayoría de los diputados durante la madrugada de este martes.

Al respecto, el diputado local por el PRD, Perfecto Rosas Martínez quien fue uno de los que votó en contra de dicha propuesta reclamó que no conocieron previamente el perfil de Sánchez Zamora. 

Envía el Centro de Derechos Humanos José María Morelos carta a los legisladores

El organismo manifiesta preocupación por la “falta de sensibilidad humana” de los representantes

“Están muy lejos de representar en los hechos al pueblo, y sólo tratan de sacar provecho”, acusa


Chilpancingo, 14 de enero. Para los colectivos de familiares de desaparecidos, es preocupante la falta de sensibilidad de los diputados locales que buscan negociar el retiro de la fiscal especial en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas. 

En una carta dirigida a los diputados de la 61 Legislatura, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón manifiesta su preocupación “por su falta de sensibilidad humana” al ser omisos o tomar decisiones a conveniencia, “en base al cálculo político o al interés personal”. 

Reclamaron que en el Congreso del estado haya diputados que pretendan negociar entre las fracciones parlamentarias el retiro de la propuesta de Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especial a cambio de aprobar la propuesta de Antonio Sebastián Ortuño. 

Son “negociaciones que no toman en cuenta la voz de las familias de desaparecidos que han manifestado su inconformidad por los resultados nulos que han obtenido por parte de esta servidora pública que actualmente se encuentra en la Fiscalía General”, reclamaron. 

Es opaco el proceso de construcción y operación del Panteón Ministerial: Mejía Berdeja

De 2006 a 2011 defraudaron a 10 mil 500 guerrerenses por un monto de 578 millones de pesos: diputado


Chilpancingo, 30 de noviembre. El pleno del Congreso exhortó al fiscal general del estado para que agilicen las investigaciones y sancionen a los propietarios o socios de los corporativos Productos Amor, Soluprenda y Comercializadora JLB, por el fraude millonario cometido contra usuarios guerrerenses.

El diputado Jesús Martínez argumentó que desde el año 2000, en varios estados comenzaron a operar al margen de la ley, sociedades de ahorro y préstamo sin contar con el registro correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Y Guerrero no fue la excepción: se establecieron los corporativos Productos Amor, Soluprenda y Comercializadora JLB.

Dichas casas de ahorro operaron durante el periodo de 2006 a 2011, tiempo en el que captaron millonarios recursos, defraudando a 10 mil 500 familias guerrerenses, de 55 municipios.

Recordó que hasta el momento se han integrado 16 mil 500 averiguaciones previas ante la FGE, de las cuales se han ratificado 10 mil 238, por el delito de fraude por 578 millones de pesos.

Mencionó que la Unión de Organizaciones, Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas de Guerrero solicitaron la intervención de esta Legislatura para dar solución a la situación que atraviesan como movimiento social.

Señaló que la denuncia que interpusieron los afectados no ha sido atendida.

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