La violencia que se vive en Guerrero les incrementó el trabajo y los riesgos, argumentan

Compañeros han muerto en el desempeño de sus funciones, o han quedado incapacitados, señalan


Chilpancingo, 1º de diciembre. Peritos, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) demandaron un aumento del 50 por ciento en su salario, así como un bono anual y un seguro de vida. 

Este viernes en conferencia de prensa, los trabajadores de la FGE explicaron como la violencia que se vive día a día en las calles de Guerrero les ha aumento el trabajo pero, sobre todo, los riesgos. Indicaron que varios de los Ministerios Públicos y peritos han sido agredidos por parte de la delincuencia organizada. 

Las agresiones, indicaron, van desde agresiones físicas hasta secuestros. Hay muchos compañeros que han sufrido atentados físicos y psicológicos, han sufrido levantones, compañeros que han muerto en el desempeño de sus funciones, así como compañeros que han quedado incapacitados total y permanentemente, por esa razón creemos que estamos actuando con justicia nuestras prestaciones labores justas”, dijo un trabajador. 

Los trabajadores demandaron además de incremento en sus prestaciones, mayor equipamiento y la compra de material. Otro trabajador dijo que la exigencia principal es que las prestaciones, al igual que el aumento salarial sean incluidas en el presupuesto de la Fiscalía y que el Congreso local habrá de aprobar en los próximos días.

“El dejarnos fuera significaría que no nos toman en cuenta en nuestras peticiones, a pesar de que nosotros, todos los de la Fiscalía, peritos, ministeriales, agentes del ministerio público, somos los que iniciamos una carpeta de investigación, los que recogemos los indicios, los medios de prueba, y al final hasta el desarrollo de las pruebas en el proceso.

Creo es injusto que no se nos resuelve las demandas ni prestaciones económicas”, dijo. Los trabajadores dijeron que trabajan 24 horas sin que les respeten sus horarios laborales y acuden a lugares alejados donde ni si quiera existen accesos. 

Felipe Cruz influye en la toma de decisiones del gobierno, denuncia


La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) sector Acapulco, exigió a autoridades educativas estatales poner un alto al profesor Felipe Cruz Sandoval, vocero de los padres de los 43 padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quien acusaron de influir de toma de decisiones del gobierno estatal y federal, las cuales afectan a personal educativo de escuelas de la periferia del puerto.

Profesores del magisterio disidente de Acapulco emplazaron hasta este jueves a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para sostener una mesa de trabajo para intentar solucionar añejas problemáticas.

El secretario general de la zona D1-331 de primarias, José Alfredo Llorente Álvarez, exigió que el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), intervenga para dar solución al problema suscitado en la escuela primaria Adolfo López Mateos, en la Zapata, a raíz de que Alfredo de la Cruz presentó su renuncia como director del plantel.

Sin embargo, semanas después se ha empeñado en retomar el cargo.

Los profesores acusaron al hermano de Alfredo, Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los 43, de intervenir en la escuela, solapado por el gobierno estatal.

Llorente Álvarez sostuvo que “las dependencias operan en favor de Felipe de la Cruz, quien dice que está relacionado con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong”.

Añadió que “De la cruz mandonea al secretario de educación, cuando se han solicitado cambios de comisión es imposible obtenerlos, quien tiene la varita mágica es Felipe de la Cruz”.

La portavoz de la Ceteg Acapulco, Adolfina Bautista Vázquez, advirtió que “el secretario de Educación no ha respondido a llamado de las bases del magisterio disidente, hemos agotado el diálogo”.

Que ejerzan los recursos destinados para desastres, y no sólo pidan donaciones, dicen

Hay desvíos, luego los donativos aparecen en bodegas destinadas a usos particulares, señalan


Líderes sociales como Eloy Cisneros, sindicalistas como Nemesio Soberanis Martínez y Rodrigo Ramírez Justo, universitarios como Uriel Leal Ramírez, demandaron a las autoridades aplicarse en la ayuda para damnificados y no sólo dedicarse a pedir donaciones.

En conferencia de prensa, advirtieron que los gobernantes son quienes tienen los recursos para realizar acciones, por lo que demandaron que ejerzan esos recursos “y no se los roben”, pues indicaron que luego las donaciones aparecen en bodegas destinadas a usos particulares.

“Desde aquí exigimos a los gobernantes que padecemos, que pongan su empeño en resolver los problemas de nuestros compañeros damnificados, porque son ellos los que tienen los recursos a su alcance, que no se los sigan robando”, dijo Cisneros Guillén.

Señaló que hay fondos destinados específicamente para asuntos de desastres, y se ha comprobado que en otros momentos han desviado los apoyos que entrega la gente.

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