Sólo indaga sobre los del bando del comisario: Vidulfo Rosales


El abogado del centro de derechos humanos La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que la Fiscalía no está integrando ninguna carpeta de investigación por los cinco policías que murieron acribillados el domingo, y solo hace investigación por los seis muertos del bando del comisario. 

En entrevista, señaló que solo había 13 policías comunitarias en la casa de justicia de la CRAC, y son 25 los detenidos por las fuerzas de seguridad que en su mayoría eran personas de la tercera edad y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, gente que había llegado a saber que había habido muertos en el enfrentamiento de la madrugada y que no tenían nada que ver. 

Indicó que de los que están rindiendo declaración y que fueron detenidos, son tres de la tercera edad, de 70 años para arriba y que ocho fueron severamente torturados, incluso hay dos que estaban en reeducación por drogas y otros delitos. 

Ni Marco Antonio ni su hermano estuvieron en los primeros hechos Rosales Sierra señaló que ni Marco Antonio Suástegui ni su hermano Vicente estuvieron presentes en el lugar de los hechos cuando ocurrió el enfrentamiento de la madrugada, ya que él se encontraba con su familia en Parotillas, y le avisaron lo que había pasado. 

Anuncia el alcalde que habrá más cambios en su gabinete


El alcalde Evodio Velázquez Aguirre señaló que es necesaria la regularización de las policías comunitarias en Guerrero, porque estas no deben operar en lugares turísticos como Acapulco. Celebró que efectivos del Ejército hayan desarmado a un grupo de presuntos policías comunitarios en la localidad de La Concepción, luego del enfrentamiento ocurrido la madrugada del domingo.

“Qué bueno que hoy se toma una determinación frontal para poder ya ponerle fin a la presencia de policías que se avalan con la ley local y que eso de ninguna manera puede permitirse en una ciudad turística como Acapulco”. 

Remarcó que es importante la decisión del Grupo de Coordinación Guerrero de desarmar a los comunitarios, y que su gobierno seguirá colaborando en la regularización de estas policías que, dijo, se amparan en la ley 701. 

“Hoy tiene que regularse, no puede quedar con ambigüedad el cómo interpretas la ley local, esta habla de cómo las comunidades indígenas pueden organizarse para tener una Policía Comunitaria, como desde hace muchos años han existido en Ayutla, San Luis Acatlán, la Costa Chica y La Montaña, y no han ocasionado problemas mayúsculos”. 

Aseveró que “los problemas mayúsculos se dan cuando las Policías Comunitarias se quieren extender incluso a lugares turísticos como el caso de Acapulco, es una aberración y no podemos permitir que se violente la ley en ese sentido”. 

Al preguntarle qué se hará para evitar más enfrentamientos, reiteró que deben regularizarse estos grupos, ya que “la lucha de poder entre dos organizaciones de comunitarios generó un enfrentamiento que tarde que temprano se tenía que dar como se dio en esta pasada madrugada”. 

Aparecen dos en videos y fotografías que circulan en Internet sobre ese momento, señalan

Las dos bajas de los uniformados no se hicieron públicas porque eran conocidos sicarios, denuncian


Testigos del operativo policiaco del domingo en La Concepción refieren que dos de los policías comunitarios que murieron ese día, en realidad fueron detenidos vivos por la policía estatal, e incluso refieren que ambos aparecen en videos y fotografías que circulan en Internet sobre ese momento. 

Además, relataron que apenas terminó ese operativo, cuando los policías estatales allanaron unas 20 casas en La Concepción y Aguacaliente, donde tiraron puertas, rompieron cristales, y se llevaron a algunos de sus moradores aunque evidentemente no estaban en la escena del enfrentamiento.

Durante la acción policiaca en la comandancia de la Comunitaria, dijeron que al menos 20 mujeres fueron golpeadas, entre ellas una mujer ciega, de más de 60 años de edad. 

Asimismo, señalaron que entre los uniformados hubo dos bajas, pero no se hicieron públicas porque en realidad, aunque llevaban uniforme de la Policía Estatal, eran conocidos sicarios al servicio del empresario gravillero Humberto Marín. 

Los comuneros hablaron con un grupo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que, encabezado por su director Abel Barrera Hernández, recorrió ambos poblados. 

Las visitas del grupo de abogados se realizaron en domicilios particulares, tanto en Aguacaliente como en La Concepción, y los testigos hablaron a condición de que en estos momentos no se dieran a conocer sus nombres, aunque algunos afirmaron que estarían dispuestos a declarar ministerialmente en un momento posterior. 

El fiscal miente al llamar civiles armados a policías avalados por la Crac-pc estatal, señalan

El gobierno no podrá con la Crac y el Cecop; se sumarán más comunidades a su lucha, advierten


En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a policías comunitarios de Cacahuatepec porque se oponen a la presa La Parota, que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 15 años en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.

Advirtieron que el gobierno no podrá con la Crac ni con el Cecop, pues se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Representantes de diversas organizaciones sociales dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde tres guardias comunitarios murieron abatidos por policías estatales y ministeriales, quienes implementaron un operativo en esta zona, apoyados por el Ejército, tras el fallecimiento de seis civiles y otros dos elementos comunitarios, ocurrido durante la madrugada de ese mismo domingo.

El vocero del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, subrayó que el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, miente al llamar civiles armados a policías comunitarios, pues la Casa de Justicia de La Concepción, está avalada por la Crac-pc estatal.

Chávez Galindo sentenció que “el gobierno se atrevió a hacer esto que nosotros llamamos un fusilamiento de la comunitaria de Cacahuatepec, pues lo que buscan desde hace 15 años es construir la presa La Parota”.

Manifestó que “durante todos estos años ha habido muchos muertos, encarcelados, ordenes de aprehensión, pero hemos logrado que la presa fuera suspendida, por la decisión de los pueblos”, y enfatizó que “las asambleas fraudulentas organizadas para construir la presa hidroeléctrica fueron echadas abajo jurídicamente por el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Chávez Galindo puntualizó que “uno de los únicos lugares de Guerrero donde no se trasiega droga es Cacahuatepec, pues ahí está el Cecop y la policía comunitaria”.

Advirtió que “el narcopoder quiere meterse a Cacahuatepec, está coludido con el gobierno no quieren que exista el sistema comunitario”.

Chávez Galindo puntualizó que el Cecop se opone a la instalación de zonas económicas especiales, pues no permitirá la privatización del territorio, del agua, ni de los bienes comunes; así como tampoco está de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior.

Debido a ello, Chávez Galindo alertó que “viene un problema muy grave para todo el país, pues habrá represión contra todos los campesinos que estén estorbando a empresas que quieran instalar plantas de energía eléctrica o que digan que encontraron petróleo”.

Insistió que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas durante ese día.

El representante de la Crac de San Luis Acatlán, Sabas Aburto Espino Barro, cuestionó por qué la autoridad estatal no actuó de la misma manera cuando fueron asesinadas siete personas en San Pedro Cacahuatepec, el pasado 9 de junio de 2017.

Criticó la labor del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, para perseguir a líderes de grupos criminales.

Sostuvo que “estamos en la mira del gobierno federal y estatal, que buscan acotar a la Crac-pc, pero no podrán desmantelarla, pues es un proyecto sostenido por las bases de la comunidades”, y concluyó: “el Cecop no se va a arrodillar, jamás va a abandonar sus tierras”. En este encuentro estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, se solidarizaron con comuneros y policías comunitarios detenidos, y advirtieron que caminarán junto al Cecop y la Crac en su movimiento de defensa del territorio.

En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Cecop y la CRAC advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a los policías comunitarios porque se oponen a la presa La Parota que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 14 años en el Río Papagayo.

Sin embargo, advirtieron que el gobierno no podrá con la CRAC ni con el Cecop porque se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Explicaron que también se oponen a la instalación de Zonas Económicas Especiales y a la Ley de Seguridad Interior.

Representantes de organizaciones dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, cuando 11 personas murieron en el poblado de La Concepción.

El representante de la CRAC señaló que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas.

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