Se cumplió un mes ya desde que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) declaró la inhabilitación para desempeñar cargo público alguno durante 10 años al diputado local Héctor Vicario Castrejón, por irregulares cometidas en su condición de delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrarrio, Territorial y Urbano (Sedatu) en el estado, en la ejecución de obras para beneficio de damnificados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.

Esa fecha quedó claro que Vicario Castrejón disponía de 15 días para presentar pruebas que permitieran echar abajo los señalamientos de la ASF, y el mismo legislador aseguró tener las suficientes que le permitirían invalidar la inhabilitación.

No obstante, no sólo han transcurrido 15 días, sino un mes desde que la ASF formuló la sanción, pero ni la dependencia federal, ni el acusado, han mencionado cómo va el seguimiento al caso.

En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que no debería considerarse como un hecho el castigo, porque Vicario tenía un lapso para defenderse. “Todos los que se desempeñan en la función pública están siempre expuestos a observaciones, y cuando éstas se hacen públicas, se toman como cosas finales, cuando no son finales”, acotó.


De acuerdo con eso, Vicario no podía ser considerado culpable; pero da el caso que ya feneció el plazo para que se defendiera, y no se sabe qué pasó.

Si la ASF filtró la información para exhibir públicamente al legislador, también debió ser puntual dando a conocer si el acusado respondió favorablemente o no a las observaciones que le hizo.

Es en casos como éste cuando se fortalecen las sospechas de que la ASF procede de acuerdo con revanchismos políticos, y no sería extraño que ya nunca volviera a tocar el tema, sino que dejara flotar en el ambiente la idea de que Vicario Castrejón procedió de modo ilegal, lo que nadie dudaría si se toma en cuenta la lluvias de anomalías descubiertas en la construcción de viviendas en el fraccionamiento El Mirador, donde, incluso, se hicieron trabajos de reconstrucción.

En estos momentos, para la colectividad y sobre todo para los damnificados que recibieron casas en El Mirador, Vicario es un auténtico pillo.

No es, pues, el ánimo de defender al diputado local, porque puede defenderse solo, más aun que, como dice él mismo, cuenta con pruebas que lo exoneran, pero no se vale que, fomentando la opacidad como lo hace, la ASF no haga fluir toda la información necesaria en éste y en todos los casos que maneja.

Ya de por sí resulta muy extraño que difunda solamente algunos manejos indebidos de recursos públicos, cuando por todos lados afloran los desvíos y los gobiernos quebrados, y ni un solo funcionario va a parar a la cárcel. n

Aún hay grupos que siguen esperando respuesta, o fueron burlados, acusa Barrientos Ríos
Pide castigar a más involucrados en el mal manejo de recursos para damnificados de Ingrid y Manuel


Cutzamala de Pinzón, 20 de agosto. La sanción de 10 años de inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al ex delegado de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, por negligencia administrativa, en su accionar por la afectación de Ingrid y Manuel y la respuesta a damnificados en 2013, debe endurecerse.

Así lo reclamó el diputado federal, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, secretario de la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del congreso federal, quien dijo que fue un castigo muy suave, ya que, a cuatro años de la afectación, aún hay grupos de damnificados, que siguen esperando respuesta, o fueron burlados.

El también ex presidente de la misma comisión parlamentaria, en su paso por el congreso de Guerrero, abundó que además de Vicario Castejón, deben de castigar a más funcionarios estatales y federales, así como empresas, involucrados en el mal manejo de los recursos para las afectaciones y damnificados de Ingrid y Manuel.

Pues no hay procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas en las irregularidades, señaló el legislador de la Costa Grande, “¿por qué sólo Vicario Castrejón?, esta acción solapadora abre muchas sospechas”.

La inhabilitación por 10 años, en realidad es la de mayor tiempo en este tipo de sanciones, pero para Vicario Castrejón no deja de ser muy suave, pues el tamaño de la afectación es muy grave, asentó el legislador quien acompañó al diputado local, Isidro Duarte Cabrera, en un recorrido por la Tierra Caliente.

Lo que ventila la SFP sobre la acción del ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es de una gravedad tal, que no debe dejarse en los términos actuales, el estado de Guerrero no se lo merece, abundó el también integrante de la corriente perredista que encabeza Carlos Reyes Torres, Alternativa Democrática Guerrerense (ADG).

El legislador por el distrito local 03, con cabecera en Zihuatanejo, aseguró que como responsable local de la comisión parlamentaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además de secretario de la misma cartera en la cámara baja del Congreso de la Unión, ha coadyuvado con las diversas dependencias involucradas en la reconstrucción de Guerrero.

En el caso de Sedatu, es una dependencia que llevó una de las mayores cargas en la acción reconstructiva de la entidad, explicó Barrientos Ríos, y también es una de las que mayores irregularidades representa, en el cumplimiento de sus funciones, y es más sensible el tema al considerar la angustia de los damnificados, que no recibieron respuesta del gobierno a sus peticiones al haber perdido todos sus bienes.

En ese sentido, apuntó, “hemos estado pugnando porque la ley se aplique en todos los niveles, hoy determino que la sanción del ex delgado se quedó corto, la verdad la desatención y la afectación y los recursos que no quedan claros, son bastantes, creo yo que el tema de la resolución se quedó corto”.

La sanción no corresponde al daño colateral ocasionado al no dar respuesta o hacerlo con irregularidades, dijo la misma fuente, son cuatro años “insisto, y el problema no se resuelve, no hay procedimientos contra las empresas, no hay acción contra las empresas y eso abre muchas sospechas”.

Lamentablemente en recursos, Sedatu federal “nos informa que ya está todo pagado”, una acción que tiene más al solapamiento, encuadró Barrientos Ríos. En el caso específico de Vicario Castrejón, la ley regularmente ordena 10 años como sanción máxima, es la sanción de más tiempo aplicado a funcionario alguno, pero por el impacto de esta acción “sigue siendo muy suave”.

¿Show priísta?

Sep 22, 2018

Cierto regocijo debió causar entre guerrerenses –chilpancinguenses sobre todo– el comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido de que el priísta Héctor Vicario Castrejón fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al comprobársele irregularidades en la compra de predios para edificar casas para los damnificados por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, mismas en que supuestamente incurrió cuando fungía como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Numerosas fueron las quejas, convertidas en un clamor en su momento, contra Vicario Castrejón, relacionado sobre todo con el fraccionamiento Nuevo Mirador, en Chilpancingo, donde fue necesario incluso reconstruir viviendas que, siendo nuevas, no pudieron ser habitadas por los damnificados. 

Irregularidades como ésta, dieron origen a que el nuevo delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello, presentara, según su propia versión, 12 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fallas en obras de reconstrucción de viviendas, escuelas, carreteras, puentes y clínicas de salud. La medida dictada por la SFP, no obstante, no puede ser considerada aún como un acto de justicia, puesto que el ex funcionario, convertido actualmente en diputado local, dispone de 15 días para presentar sus argumentaciones. 

Vicario Castrejón, cuyo castigo consistiría en no poder desempeñar ningún puesto público durante 10 años, tiempo que ya empezó a correr, asegura que buscará echar abajo la inhabilitación presentando 21 pruebas de que no cometió ninguna anomalía. 

Pocas han sido las inhabilitaciones a funcionarios públicos en este sentido; hasta donde se sabe, ningún gobierno se ha encargado de verificar que se cumplan, pues termina una administración y la que sigue no se ocupa de dar seguimiento, si de por sí se considera que la sanción carece de energía, abriendo aún más las puertas a la impunidad y a la corrupción. Poco importó al PRI que la honorabilidad de Vicario Castrejón estuviera en entredicho y marcada por el escándalo; lo convirtió, tal vez para protegerlo, en diputado local de la actual legislatura, donde permanecerá hasta 2018; a nadie sorprendería que sus amigos los legisladores priístas hicieran cuanto estuviera en su mano para que salga bien librado del trance, tal como lo hicieron con su colega el diputado Saúl Beltrán Orozco, en favor de quien maniobraron para liberarlo de la acusación de homicidio y posiblemente de su estancia en la cárcel. 

Aunque tiene en su contra el repudio público, legalmente no se sabe aún si Vicario es culpable o inocente; lo que sí se sabe, sin lugar a dudas, es que en el programa de reconstrucción por Manuel e Ingrid, afloraron muchas anomalías, como lo evidencian las 12 denuncias interpuestas por Armenta Tello, por lo tanto, también hay culpables, que deberían pagar por sus fechorías. 

La justicia, reza un adagio, es lenta pero llega; en este caso, ha demostrado su lentitud, pero se duda que vaya a llegar, debido a la red de componendas y complicidades entre funcionarios. 

No vaya a ser que, ante las cercanías de las elecciones, el PRI quiera mostrar otra de sus supuestas acciones contra la corrupción para lavar su cara, porque nadie se lo va a creer. n 

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