La legislación sólo beneficia a las mineras, afirma ambientalista


Zihuatanejo, 19 de diciembre. La reciente reforma a la Ley General de Biodiversidad, aprobada en el Senado de la República, para la extracción de hidrocarburos, beneficia ampliamente a las mineras y pone en riesgo las Áreas Naturales Protegidas (ANP), advirtió la ambientalista Esperanza Salazar Zenil. 

Este viernes, a la par de la aprobación en la Cámara de diputados de la Ley de Seguridad Interior, se aprobó en el Senado la reforma a la Ley General de Biodiversidad, la cual permite que las mineras exploten los suelos en áreas Naturales Protegidas. La votación, con 88 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.

La ley, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, del PVEM. Al respecto, Salazar Zenil, colaboradora de la Red de Mexicanos Afectados por la Minería (Rema), señaló que no es nada sorprendente, pues “primero trataron de marearnos haciéndonos creer que las áreas naturales protegidas eran lo primordial para la protección de la biodiversidad, mientras la secretaría de Economía repartía concesiones en estas zonas”. 

“Ahora modifican la ley y voalá, el extractivismo en su máxima expresión.

Esto, aunado a la ley energética, más la ley de seguridad interior cierra el círculo del despojo, de cualquier modo, las leyes las amoldan y la lucha en las cámaras se tiene perdida”, dijo. Sobre qué postura deben tomar las organizaciones y ciudadanos, recalcó que se debe trabajar en los ejidos y comunidades con la gente. “Los diputados están haciendo la chamba que les piden las empresas y nada se puede esperar de ellos”, atajó. 

Datos de la organización Rema enlista los estados donde existen conflictos ambientales por las concesiones a mineras, como son: Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Baja California, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. 

Ha sido omiso en cumplir obligaciones de protección, critican


El año que concluye ha sido el del mayor incremento de violaciones a los derechos de los migrantes, tanto de zonas indígenas como mestizas, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todas. 

“La persecución de personas migrantes transitando por las distintas rutas migratorias del país fue persistente a lo largo de este año, y se acompañó de un incremento en la violencia contra esta población y contra quienes les defienden. 

El resultado ha sido la detención y expulsión expedita de miles de personas, devueltas por la fuerza a la violencia y el peligro de muerte del que intentaron huir.

Nos resulta particularmente preocupante el incremento en la participación de efectivos militares en esta estrategia”, estableció la Red, que aglutina a 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana. 

Entre sus organizaciones destacan organismos de defensa de migrantes como La Casa del Migrante, de Saltillo; Haciendo Camino, de Chihuahua; Estancia del Migrante González y Martínez, AC, de Querétaro; y de derechos humanos como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Comité Cerezo, los centros de derechos humanos La Montaña Tlachonillan y José María Morelos, de Guerrero; Agustín Pro Juárez, de la Ciudad de México; Fray Matías de Córdova, de Tapachula; de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, de Tatahuicapan de Juárez; Victoria Diez, de León; Digna Ochoa, de Tonalá; Centro de Derechos Indígenas de Bachajón; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, de Oaxaca, entre muchos más. 

Se trata de sensibilizar a la población sobre los cientos de ausentes desde 2006, indican

Es para dar a conocer los trabajos del Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dicen


Tlapa, 9 de diciembre. Integrantes del grupo Los Otros Buscadores, Buscando Vida Entre los Muertos, colocaron mantas en las rejas de la iglesia municipal con fotos de personas desaparecidas, y para dar a conocer los trabajos que ha efectuado el Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Mario Vergara, integrante del grupo Los Otros Buscadores, hizo una pequeña muestra de lonas con fotos de personas desaparecidas del municipio de Huitzuco, con el permiso del sacerdote de la comunidad para hacerlo a un costado de la iglesia.

Vergara, dio a conocer que dicha actividad se efectuó para tratar de sensibilizar a la población acerca de los cientos de personas que se encuentran desaparecidas desde el 2006 en el municipio.

“Queremos hacer conciencia, pero sobre todo, queremos que las personas que tienen a sus familiares desaparecidos desde 2006, se acerquen a nosotros para tratarlos de orientar, de recabar mayor información, y que no se queden con la idea de que nunca volverán encontrar a sus familiares, sobre todo con el dolor que han guardado durante años”, indicó.

Esta es la segunda vez que el grupo Los Otros Buscadores, hace la actividad de colocar las fotos de las personas desaparecidas en las rejas de la iglesia del municipio.

Se vive un ambiente de violencia que va empeorando, manifiesta el Centro Morelos

La militarización no garantiza la reducción de violencia y habrá más violaciones a derechos humanos


Chilpancingo, 30 de noviembre. El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), lamentó que la Cámara de diputados haya aprobado la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual le da más facultades al Ejército, cuando se vive un contexto de violencia que cada vez se va empeorando. 

Además, advirtió que la militarización no garantiza la reducción de la violencia, como ejemplo puso Chilapa, donde se ha realizado cinco operativos policiaco-militares y este año las muertes se volcaron y adelantó que habrá más violaciones a los derechos humanos. 

En un comunicado, el Centro Morelos dijo que es preocupante que los diputados hayan aprobado la LSI sin consultar a organizaciones nacionales e internacionales que se habían manifestado en contra. 

“Lo que la sociedad mexicana necesita no es la militarización de esta, sino todo lo contrario, los militares tienen que dejar las calles de manera paulatina, devolviendo a las instituciones civiles el mando y conducción de la Seguridad Publica”, dijo el Centro Morelos. 

Es una amenaza para comunidades, dice


Zihuatanejo, 15 de noviembre. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) alertó que las concesiones mineras que hay en el país, están afectando el 42 por ciento de los núcleos agrarios que tienen área forestal. 

En el informe, el Consejo Civil hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015, donde evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios. 

“Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad”, señala la organización. 

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