Taxco, 28 de diciembre. “Es visible que el gobierno federal poco hizo por buscar las responsabilidades políticas de varios involucrados, como el caso de que algunos ya están haciendo vida política, como Ángel Aguirre precandidato a la diputación federal por el distrito 08, quien si tuviera moral hubiese puesto todas las condiciones para separarlo del cargo”, denunció Soledad Hernández, hija del luchador social de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona. 

Condenó que el PRD haya permitido con todo lo ocurrido en la administración de gobierno, que sea Aguirre Rivero premiado con una candidatura, cuando no se ha resuelto la situación de violencia que se suscitó como gobernador.

“Pedimos que haya una sentencia para el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, porque ya estamos a meses para que salga el gobierno federal, y no vemos que haya una invitación con pruebas aportadas por ellos. Usan a terceros y víctimas”, demandó. 

Hernández alertó que la investigación, en el expediente de Abarca posibilita la libertad de varios que “hoy están presos.

No queremos una sentencia exprés”. Exigió que el expediente en contra de los Abarca esté en Guerrero, ya “que el hecho de que esté en Tamaulipas nos impide y es una barrera el acceso a la justicia”. 

En el caso de su padre asesinado, acusó que el gobierno federal hizo “poco por buscar las responsabilidades políticas de involucrados, como el caso de que algunos ya están haciendo vida política, como Ángel Aguirre, si tuviera moral hubiese puesto todas las condiciones para separarlo del cargo”. 

El juez octavo de distrito concedió un amparo a guerrerenses


Representantes jurídicos de ex braceros guerrerenses que trabajaron hace más de medio siglo en campos de Estados Unidos, entre 1942 y 1964, informaron que el juez octavo de distrito del estado de Guerrero, Adrián Arteaga Navarro, concedió el amparo en favor de que continúe el trámite administrativo, para que el gobierno federal pague el 10 por ciento descontado al salario de los migrantes mexicanos durante sus años laborados en la unión americana.

Dicho dinero corresponde al Fondo de Ahorro Campesino, el cual nunca les fue devuelto.

En reunión efectuada en las escalinatas del Zócalo, abogados expresaron a unos 40 ex braceros y sus familiares, que “es un fallo histórico”, dictado el pasado 18 de septiembre.

Los litigantes detallaron que el gobierno federal tiene hasta este lunes para presentar un recurso de impugnación. Si no lo hace, el siguiente paso es iniciar una investigación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, para precisar los montos y cantidades de dinero ahorrada, que ahora debe ser pagada a los ex trabajadores.

El abogado Carmelo Loeza Hernández, manifestó que “el juez dictó sentencia en favor de los ex braceros, en la que ordena al presidente de la República y al secretario de Gobernación, que devuelva a los ex braceros el 10 por ciento de lo que les descontaron cada semana, en el periodo de 1942 a 1964”.

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