La Jornada Guerrero - Lunes, 01 Febrero 2021
Martes, 02 Febrero 2021 02:12

Incumplimiento y abandono

Se extiende la lista de aquellos a los que la pandemia del Covid-19 les vino como anillo al dedo.

Puede citarse entre ellos a los responsables de presentar el plan de trabajo para cumplir las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación respecto a la segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado.

Este 7 de febrero se cumplirán siete meses de haberse decretado, a pesar de lo cual –acusan organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México (OCNFeminicidio)– el gobierno de Guerrero no ha presentado ningún avance de las medidas.

No hay nada, pues.

Mientras tanto, la violencia sexual contra las mujeres asemeja un indomable corcel que retoza alegre y libremente por la pradera con la complacencia oficial.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril de 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.

“Dichas cifras nos demuestran el contexto de violencia sexual grave que se vive en la entidad”, protestan las mujeres.

Pasaron ya prácticamente siete meses. Le quedan al gobierno 11 para cumplir las medidas de seguridad y justicia.

Y si en siete meses nada hizo, nada alentador es lo que viene: en junio –en 4 meses– habrá elecciones, y en octubre, cambio de gobierno.

Entonces, dentro de 11 meses, cuando vence el plazo, la próxima administración apenas se irá acomodando y tendrá suficientes pretextos para pasar por alto las indicaciones de Gobernación.

OCNFeminicidio endosa la responsabilidad del incumplimiento y de cuanto está sucediendo a las mujeres, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También a la Fiscalía General del Estado.

Al Ejecutivo exigen que entregue el plan de trabajo tendente a proteger a las mujeres, así como la presentación de la iniciativa de reforma al artículo 159 del Código Penal del estado.

Al Legislativo demandan legislar sobre la referida reforma para garantizar la interrupción legal del embarazo a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual.

Al Poder Judicial, coordinarse con la Fiscalía General del Estado para la revisión de las carpetas de investigación de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto.

Y a la Fiscalía, que explique cómo fortalecerá la atención a mujeres víctimas de violencia sexual.

Todos tienen chamba, pero nadie hace caso; optan por ignorar a las féminas y las condenan a los excesos del sector masculino. n

Publicado en Editorial

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