La Jornada Guerrero - Domingo, 07 Junio 2020

Acusa al comisariado de sacarlos por no votar por Valeriano García


Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop) denunciaron que fueron marginados de los programas sociales federales por no votar por el comisariado de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Isaac Valeriano García, y solicitaron su reintegración a las autoridades responsables.

Este domingo en una asamblea presidida por Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Cecop, unos 100 comuneros, adultos mayores, jóvenes y discapacitados, declararon que tras inscribirse y cumplir todos los requisitos para ser beneficiarios se les eliminó de la lista que palomea la actual autoridad priísta de acuerdo con sus intereses particulares y partidistas.

Mostró el padrón de 800 hombres y mujeres registrados que fueron excluidos de los proyectos de Proagro, Crédito a la Palabra, Tanditas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y de la entrega de fertilizante y pensiones a quienes tienen más de 65 años y alguna vulnerabilidad física.

Indicó que las injusticias en las zonas indígenas de Guerrero continúan a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja por la igualdad social del país porque “el gobierno estatal no tiene voluntad, somos despreciados por el sistema priista”.

Suástegui señaló que Valeriano García cobró cuotas de 30 pesos para asegurar la entrega de los apoyos, y desde 300 hasta 5 mil pesos por otorgar los certificados parcelarios que son requisitos de estos trámites “a los verdaderos productores los sacaron, dejaron a los caciques de siempre por la corrupción que no se acaba sólo con decirlo”.

El representante refirió que los comisarios de los poblados que integran a los Bienes Comunales de Cacahuatepec operan bajo las órdenes de Isaac Valeriano, en negociaciones con empresas de grava y arena y con la compañía telefónica Telcel para explotar el área sin hacer obras de desarrollo.

Dijo que el comisariado recibió recursos por aprobar el paso de mayordomía en San Marcos, “sabemos que le dieron 2 millones de pesos porque su mismo Consejo de Vigilancia lo denunció, de ese dinero no conocemos en qué se usó”.

El grupo convocó al delegado único federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y a su representante en Acapulco, César Núñez Ramos, integrar a todos los campesinos miembros del Cecop al padrón de beneficiarios de manera urgente.

Expusieron que con la pandemia, la inseguridad y la pobreza se han agudizado en el territorio “hay robo de gallinas, chivos y vacas, la venta de drogas se extiende porque la policía del estado no deja brindar seguridad a la Policía Comunitaria, ni nos cuida”.

Expusieron que el municipio está rebasado porque abrió un comedor comunitario para 50 mil personas y no atiende la salud pública en las localidades.

Mientras el estado está corrompido y permite la llegada del narcomenudeo y la apertura de una nueva ruta criminal en la franja.

Anunciaron reuniones en la Ciudad de México para lograr las soluciones a sus demandas.

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Reportan una casa incendiada y balaceras entre los dos bienes comunales

Solicitan al gobierno del estado que agilice una nueva mesa de trabajo entre los dos núcleos agrarios


Malinaltepec, 7 de junio. Representantes de bienes comunales de Alacatlatzala y Malinaltepec Centro pidieron la rápida intervención de las autoridades estatales y federales para terminar con el conflicto agrario de más de 50 años entre las dos comunidades, debido a que este fin de semana se registraron balaceras entre los dos grupos y una casa incendiada.

El fin de semana el conflicto agrario entre la comunidad na’ savi de Alacatlatzala y la comunidad me’ phaa de Malinaltepec centro provocó distintos balaceras entre los dos grupos, así como una casa incendiada.

El conflicto agrario se encuentra en manos del Tribunal Unitario Agrario número 12 en Chilpalcingo en el expediente 072/2017, desde hace tres años los dos núcleos agrarios esperan la sentencia definitiva para ver cuál de los dos acredita legalmente el derecho a la propiedad agraria.

La espera del dictamen provocó que en las últimas semanas se generara el aumento de los enfrentamientos entre los dos núcleos agrarios, generando intercambio de disparos de arma de fuego entre los dos pueblos y se ha registrado el incendio de dos viviendas.

El intercambio de balas entre los grupos no ha cobrado la vida de alguna persona pero ha dejado una persona de 77 años con una herida de bala, por esta razón los dos representantes de los núcleos agrarios de Alacatlatzala y Malinaltepec, pidieron la intervención de los gobiernos del estado y federal para terminar el conflicto.

Pidieron que la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército no sea para beneficiar a alguno de los dos grupos agrarios o puedan utilizar para realizar una incursión armada dentro de alguno de los núcleos agrarios, lo que provocaría un enfrentamiento armado aun mayor.

Zenaido Cano, representante de Bienes Comunales de Alacatlatzala, pidió al gobierno del estado que agilice una nueva mesa de trabajo entre los dos núcleos agrarios para dar solución al conflicto por tierras de más de 50 años, con un acuerdo razonable para las dos partes.

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Alerta la CDHEG de escalada por la violencia de género


Por primera vez las mujeres de la comunidad de Cacahuatepec votarán y podrán ser votadas en las próximas elecciones para relevar al comisariado ejidal de los bienes comunales, informaron integrantes del del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).

Mujeres asambleístas de esta organización manifestaron este domingo que sus opiniones y trabajos tienen el mismo valor que los de los varones del poblado, pero nunca han sido consideradas al elegir a la autoridad que representa a las 47 localidades que integran el territorio.

Unas 100 personas reunidas en las instalaciones de la comandancia de Cacahuatepec, expusieron que la elección para sustituir al comisariado debió ser programada por el gobierno municipal para este 28 de junio; sin embargo, por la pandemia del Covid-19 se retrasó la convocatoria.

El líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, precisó que no se permitirá que transcurra un año más marginando los votos de este género.

“Las mujeres de Cacahuatepec ya podrán votar y también ser candidatas si así lo quieren, proponemos planillas mixtas”, afirmó.

Suástegui Muñoz dijo que las prácticas del cacicazgo han limitado los derechos de las mujeres en este territorio pero que se reunirán con la alcaldesa Adela Román Ocampo para avanzar en el tema y recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de no proceder la iniciativa igualitaria.

Plantea la CDHEG nueva normalidad para terminar con la violencia de género

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) exhortó a las autoridades y a la sociedad a instalar una nueva normalidad que trabaje para terminar con la pandemia de la violencia de género que acaba con la vida de dos mujeres al día en la entidad y de 10 de ellas en el país.

En su tercer conversatorio virtual, la CDHEG alertó de la escalada por la violencia contra las mujeres durante el periodo de cuarentena por el Covid-19.

El presidente de esta institución, Ramón Navarrete Magdaleno, subrayó que esta es una responsabilidad que todos tienen que atajar. “Cada vez tenemos más formas de violencia, más estrategias de los violentos para someter a las mujeres; debemos contrarrestarlo, hacer suma de instituciones y abrir los canales de comunicación con las mujeres que son víctimas y están confinadas dentro de sus casas, ese es el gran reto”, expresó.

En su participación, Violeta Carolina Parra Reynada, coordinadora de Vinculación con Instancias Públicas y Sociedad Civil, indicó que no existe una estadística real sobre violencia de género, porque no todos los casos terminan en muerte o en lesiones que se puedan contar.

Informó las cifras nacionales sobre la violencia de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “En la tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres, Guerrero ocupa el lugar 16 con 0.42 por ciento, por debajo de la media nacional”, precisó.

Refirió que de enero a abril de este año se registraron 613 mil 651 delitos cometidos contra mujeres, de los cuales, 47.95 por ciento fueron contra su patrimonio, 12.89 por ciento contra la familia, 7.85 por ciento se trataron de lesiones dolosas, 2.98 contra la libertad y la seguridad sexual; 1.59 por ciento homicidio doloso; 1.08 contra la libertad personal; 0.05 por ciento feminicidios; 0.03 por ciento por trata de personas y 4.10 por ciento correspondió a otros bienes tutelados de la sociedad, la vida y la integridad personal.

La coordinadora mencionó que en la lista de los 100 municipios con más feminicidios del país aparecen seis de Guerrero: Acapulco y Coyuca de Benítez en los lugares 27 y 28, con dos casos cada uno; Azoyú, Huitzuco, Taxco y Tecpan, en los lugares 92, 93, 94 y 95 respectivamente, con un feminicidio cada uno.

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Lunes, 08 Junio 2020 02:43

Penas prohibidas en la Constitución

Como se desarrolla en la Constitución comentada editada por profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos límites a la potestad punitiva del Estado, que forman parte del régimen de garantías de los derechos fundamentales del ciudadano que se ve sometido a un proceso penal. El precepto contiene cuatro temas básicos: la enumeración de las penas de aplicación prohibida en el derecho mexicano, la enunciación del principio de proporcionalidad, la delimitación de las privaciones patrimoniales permitidas, y las reglas que rigen el procedimiento de extinción de dominio.

Como es bien sabido, la pena es la sanción que impone el Estado a una persona responsable de un delito. Al determinar el castigo aplicable, las autoridades deben ceñirse a límites precisos: el juez sólo puede imponer como sanción lo que haya señalado previamente el legislador quien, a su vez, sólo puede establecer en las leyes penas compatibles con el marco constitucional. La primera gran delimitación constitucional de las penas es la lista de castigos prohibidos, incluida en el primer párrafo del artículo 22 comentado. Estas sanciones son aquellas que de aplicarse, lacerarían bienes fundamentales del individuo como la vida, la integridad física o la totalidad de su patrimonio.

La pena privativa de la vida fue incluida entre las penas prohibidas por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005. Su abolición ha respondido a la tendencia promovida desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mediante dos documentos firmados y ratificados por México: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, de 1989; y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, de 1990.

No obstante su abolición, el debate sobre la pena capital sigue presente en la sociedad. Es usual que ante hechos criminales que generan gran alarma, se formulen posicionamientos sobre la necesidad de reconsiderar la aplicabilidad de esta sanción como último recurso para la defensa social. En nuestra posición, constantemente nos hemos manifestado a favor de la implementación de esta sanción, para criminales protervos, como el último medio para la defensa social.

Además de la pena de muerte, el artículo 22 proscribe la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie. Se trata de penas corporales en sentido estricto, en tanto se ejecutan sobre el cuerpo del sentenciado. En concordancia con el numeral 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha de entenderse que la prohibición se extiende a toda pena cruel, inhumana o degradante, que al no respetar la integridad de la persona, resulta un atentado contra su dignidad.

En otras culturas y épocas, no ha sido excepcional aplicar sanciones como cortar la mano al ladrón o la lengua al falsario, o marcar con fuego la señal del delito en el rostro del infractor. Estas prácticas están actualmente proscritas en nuestro horizonte cultural, en el cual la humanización del derecho penal ha sido un proceso histórico, iniciado durante la época de la Ilustración, con Beccaria y su reacción contra los suplicios.

Respecto a las penas privativas de bienes, el texto del artículo prohíbe la multa excesiva y la confiscación. La multa forma parte de la sanción pecuniaria; consiste simplemente en el pago de una cantidad de dinero al Estado. La multa debe ser proporcional al delito cometido; además, el juez debe observar las circunstancias del infractor al individualizar su monto. Una multa es excesiva cuando no atiende esos requisitos: no es razonable en relación con el delito y el bien jurídico tutelado, o se impone sin tomar en cuenta la situación patrimonial del delincuente. n

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