La Jornada Guerrero - Jueves, 28 Mayo 2020

Chilpancingo, 28 de mayo. La Fiscalía General del Estado informa que Juan Miguel Martínez Plácido, alias El Pequeño, fue sentenciado a 60 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio del diputado Moisés Villanueva de la Luz en 2011 y de Erick Estrada Vázquez, chofer del legislador.

A nueve años de su detención, un juez dictó sentencia de 60 años de prisión a El Pequeño, quien fue encontrado responsable de participar en estos asesinatos. Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó sobre la sentencia que un juez dictó al considerar suficientes las pruebas presentadas en contra de Martínez Plácido.

“De acuerdo a los hechos, el ahora sentenciado aceptó que le pagaron 300 mil pesos para cometer el delito en contra de las víctimas; con los elementos de prueba aportados se logró acreditar el delito, logrando la sentencia de 60 años del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza”.

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Suspende el servicio a más de 543 mil usuarios por falta de pago, informa

Dice senador a la Comisión que hay complicaciones económicas o pérdida de empleos por la crisis

Responde la empresa que tiene gastos que solventar y no habrá excepciones para pagar los recibos


El senador Manuel Añorve Baños solicitó nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apoyar a la población tras reportarse que, durante la tercera fase de la pandemia por Coronavirus, la dependencia suspendió el servicio a 543 mil 128 usuarios por falta de pago hasta el mes de mayo.

“La CFE debe solidarizarse con las y los mexicanos, que además de tener complicaciones en la economía familiar o incluso perder su empleo a causa de la crisis sanitaria, tienen que pagar grandes incrementos en las tarifas de luz, ahora más que nunca deberían ayudar a la gente, no cortarles el suministro en un momento de gran vulnerabilidad”, indicó el legislador.

Compartió que de acuerdo la información de la empresa entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los hogares y establecimientos ubicados en el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Guerrero son los que sufrieron interrupciones de luz en los últimos días de aislamiento social.

Añorve Baños informó que sigue recibiendo peticiones de ciudadanos de las colonias de Acapulco para que se logre la condonación de las cuotas en el tiempo que corresponda a la Jornada Nacional de Sana Distancia que impidió a los trabajadores de la economía de sobrevivencia salir para sacar el diario.

Tras el exhorto oficial en la Cámara Alta el pasado mes de abril, al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, la respuesta obtenida sigue siendo que no habrá aplazamientos ni excepciones para las facturas que generaron las casas en las fechas señaladas, debido a los gastos que se tienen que cubrir para hacer llegar la iluminación a todos los estados.

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Viernes, 29 Mayo 2020 01:57

Abusos y riesgos en el regreso a labores

La semana pasada se anunció el regreso a las labores a partir del 25 de mayo en algunos sectores, en otros desde el primero de junio y en algunos más después. Se anunció que se haría en forma gradual, con respeto a la totalidad de las medidas y protocolos establecidos por las autoridades laborales y de salud, con la finalidad de garantizar que no existan riesgos sanitarios para los trabajadores en ningún centro de actividad productiva. Hasta ahí todo parecía normal, con las precauciones necesarias con el propósito de no exponer a nadie al contagio del Covid-19.

Lo que ha sucedido en la práctica es contradictorio en algunos casos, lo cual nos viene a demostrar que en una situación de crisis sanitaria y de pandemia mundial, si no se aplican y respetan seriamente las recomendaciones, entonces se puede incurrir en irresponsabilidades y muchos riesgos innecesarios para la salud y la vida. En el Sindicato Nacional de Mineros y probablemente en otras organizaciones sindicales de trabajadores, tenemos un lema que aplicamos y respetamos, el cual dice: “con la seguridad y la salud no se juega”. En última instancia es mejor perder un empleo que poner en riesgo una vida humana.

Hace unos días nos enteramos, después de que oficialmente se anunciaron las propuestas y recomendaciones para el regreso, que las minas de dos empresas canadienses en la Sierra de Oro de Guerrero, Equinox Gold y Torex Gold Resources enviaron a un grupo de 200 trabajadores contratistas de compañías outsourceras para continuar sus operaciones, pues para ellos las utilidades son primero, los cuales provenían del centro y norte del país, de Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, sin haberles hecho ninguna prueba sanitaria. Afortunadamente, los dirigentes de las secciones sindicales de mineros y las comunidades se mostraron exigentes y demandaron que los pusieran en cuarentena y al final les hicieran la prueba del Covid-19. El resultado fue que 44 de los 200 contratistas estaban contaminados con el virus, y dieron positivo. No hace falta mucha imaginación para pensar lo que podría haber ocurrido si hubieran entrado a los centros de trabajo sin ningún protocolo; la epidemia ya estuviera extendida a toda esa zona.

Dos lecciones de estos ejemplos: uno, los trabajadores deben mostrarse intransigentes y exigir que se cumplan las normas sanitarias en cualquier lugar, y más en estos tiempos, si existe el mínimo riesgo. Dos, las autoridades deben responsabilizar con todas las consecuencias establecidas en la ley, a las empresas que, por sus intereses, estén presionando para reabrir, porque de otra manera, a falta de vigilancia y de inspectores para cada caso que reinicie actividades, ambos estarán asumiendo una seria responsabilidad. Debemos evitar a toda costa que también se repita el caso de un empleado de Elektra, que pertenecía a una entidad dedicada al outsourcing, a quien presionaron tanto para que fuera a trabajar, aun enfermo del virus, que murió sin recibir ninguna ayuda o apoyo para él o su familia. Y todo por no tener una organización sindical seria y responsable que protegiera sus derechos fundamentales.

Existe otro caso que también demuestra que las empresas, sobre todo las consideradas más grandes, no toman en serio las consecuencias de la pandemia de Covid-19, ni obedecen lo que establecen las autoridades, ni lo que incluso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, que inevitablemente se refleja en el cumplimiento de las leyes sanitarias. Los trabajadores de la mina de Francisco I. Madero, en el estado de Zacatecas, cuyo dueño es el Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, decidieron hacer un paro de labores porque la compañía no quería pagar lo que les correspondía por concepto de reparto de utilidades, ni tampoco quiso reconocer el derecho de los trabajadores a escoger a la organización sindical que ellos habían elegido porque estaban cansados de las traiciones de un sindicato charro, sometido total e incondicionalmente por Peñoles, pero además porque así está establecido en la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual señala que los trabajadores pueden ejercer su voto libre, personal y secreto para elegir a la organización sindical a la que ellos desean pertenecer y a sus líderes, y no que se los impongan.

El Grupo Peñoles respondió en forma ilegal cerrando la mina, con tal de no reconocer ese derecho a la libertad de asociación de los trabajadores. Envió a su casa a más de 500 personas, sin ninguna consecuencia legal o política en contra de la empresa. Ésta argumentó que los precios de los metales estaban bajos y que el mercado es complicado, de lo cual pareció ser que no se habían dado cuenta hasta que los trabajadores iniciaron una huelga en señal de protesta, pero sobre todo tomaron la decisión de aplicar el derecho a la libertad de asociación, garantizado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno de México tiene firmados como obligación desde hace muchos años.

Estos casos contradicen la buena fe y la disposición de los funcionarios gubernamentales, lo cual es un gran factor de riesgo cuando se aplica a las situaciones sanitarias, pero también exhiben la arrogancia, la prepotencia y la impunidad con la que actúan los integrantes del poder económico que se sienten intocables y a salvo de sus obligaciones para cumplir con la ley, con México y con los mexicanos. n

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Viernes, 29 Mayo 2020 01:54

Salida en falso

Balanceándose del árbol con la soga en el cuello, el ayuntamiento anunció medidas de prevención en el transporte público contra el Covid-19.

A 55 días de haber comenzado el confinamiento y la jornada de sana distancia y a unas cuantas horas de que se active la llamada nueva normalidad mediante la semaforización y cuando Salud municipal ha reconocido que el mal ha rebasado a las autoridades, la alcaldía dio a conocer la instalación de filtros sanitarios en el transporte público pesado y liviano.

El sábado pasado lo dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores: “Los hospitales y el transporte público son los puntos más graves de contagio”. No obstante, es una fuente de contaminación desatendida en tanto los contagios –lo admite el mandatario- “crecen exponencialmente”.

Interesante será conocer la respuesta de transportistas y operadores a la advertencia de, según el municipio, tendrán que usar obligatoriamente cubrebocas y gel bacterial, además de que deberán exigir a sus pasajeros que hagan lo mismo.

¿Estarán dispuestos los choferes de taxis colectivos a llevar cuatro pasajeros como máximo cuando haya oportunidad de llevar los cinco acostumbrados?

¿Cumplirán la indicación de exigir cubrebocas a los usuarios?

¿Conseguirán gel para aplicarles al momento del abordaje?

¿Y qué habrá del uso de termómetros infrarrojos para tomar la temperatura al pasaje?

Respecto al Acabús, habrá que reconocer que todos los operadores usan cubrebocas; aseguran los responsables del sistema que las unidades se sanitizan constantemente y se aplica eventualmente gel bacterial, pero en adelante, no se dijo a partir de cuándo, según la pretensión del ayuntamiento, los usuarios deberán usar obligatoriamente cubrebocas, gel al ingreso y someterse al termómetro infrarrojo.

Algo debe quedar claro: la alcaldía no tiene autoridad alguna sobre el transporte si no se trata de cuestiones de vialidad; es competencia del estado.

Debió ser el gobierno estatal el que estableciera las reglas sanitarias, pero el ayuntamiento tiene razón: las concesiones son jurisdicción estatal, pero las unidades circulan en Acapulco.

Ahora bien, si los concesionarios y sus trabajadores se mueven bajo sus propias reglas e ignoran a las autoridades, que nunca se han ocupado de controlarlos, menos caso harán a los funcionarios municipales.

Salta a la luz la ausencia de coordinación entre estado y municipio para emprender la cruzada de protección.

Sola, nada logrará la alcaldía porque los transportistas no se rigen más que por sus propias leyes.

Pero, eso sí, aquí, como en el ring: no hay que lanzar golpes a lo loco, sino medirlos cuidadosamente y colocarlos de modo certero, aunque, a juzgar por el comportamiento de la alcaldesa Adela Román, también la han dejado sola sus asesores. ¿O no los escuchará? n

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