La Jornada Guerrero - Domingo, 02 Febrero 2020

Quien no tenga culpa, esté tranquilo, replica hermano de Gabriel Echeverría a López Rosas

Se reúnen Los Olvidados de Ayotzinapa con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración


Chilpancingo, 2 de febrero.  En un segundo intento por buscar un acercamiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los miembros del colectivo “Los Olvidados de Ayotzinapa” lograron concretar una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

El egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y hermano de Gabriel Echeverría de Jesús, Francisco Echeverría reveló que la semana pasada se reunieron con Alejandro Encinas en la ciudad de México y se hicieron varios acuerdos primero en el tenor de que todas las familias habrán de recibir calidad de víctimas para poder acceder a los apoyos institucionales.

Indico que en dicha reunión se recordó el caso de Gabriel y Alexis Herrera Pino, quienes fueron los normalistas asesinados por policías durante el desalojo violento de la autopista del Sol, donde existen varios funcionarios involucrados y que, por artimañas legales y tráfico de influencias, siguen sin ser procesados.

También se tocó el caso de los dos normalistas que fueron atropellados por un tráiler, mientras realizaban un boteo en Atoyac, donde se han registrado múltiples inconsistencias en el proceso legal.

“La prueba toxicológica que le realizaron al conductor fue negativa cuando los propios compañeros que lo detuvieron señalaron que era evidente que estaba drogado, por eso la demanda de que el gobierno federal investigue los casos a fondo y se castigue realmente a los autores de los crímenes,

Por último, también exigieron que se esclarezcan los casos de Filemón Tacuba Castro, y Jonathan Morales Hernández, que fueron ejecutados el 6 de octubre de 2016, en el libramiento a Tixtla, cuando regresaban de sus prácticas.

Que el peso de la ley caiga sobre quien tenga que caer, señalan

“Quien no tenga culpa, que esté tranquilo”, respondió Francisco Echeverría de Jesús, hermano de Gabriel, normalista de Ayotzinapa asesinado el 12 de diciembre de 2011 en la autopista del Sol, al ex procurador Alberto López Rosas, sin embargo aseguró que como colectivo, insistirán en que el peso de la ley caiga sobre quien tenga que caer.

Tras el mitin por el aniversario luctuoso del comandante Genero Vázquez, realizado en el monumento a los caídos del 68, Francisco Echeverría de Jesús fue consultado sobre las recientes declaraciones del ex procurador Alberto López Rosas, quien tras asegurar que fue exonerado por los hechos ocurridos hace ocho años en el Parador del Marqués, cuando en un intento de desalojo, se asesinó a balazos a los normalistas de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Al respecto, el hermano del estudiante asesinado aseguró que el Colectivo de los Olvidados de Ayotzinapa, ya prepara un pronunciamiento al respecto, en el que se exigirá justicia y esclarecimiento, no sólo de ese caso, sino de los 10 estudiantes que han sido asesinados a lo largo de una década.

“Que le caiga el peso de la ley a quien le tenga que caer y quien no tenga culpa pues que esté tranquilo; pero nosotros no vamos a parar hasta encontrar justicia por los compañeros asesinados”, dijo.

De las aspiraciones abiertas que hizo López Rosas, en las que dijo, busca la gubernatura de Guerrero por parte de Morena, Echeverría de Jesús mencionó que cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer, incluido el hacer campaña política.

Respecto a que la Fiscalía General de la República se declaró incompetente para reabrir las investigaciones por el doble homicidio de los estudiantes en 2011 en la autopista del Sol y regresó la carpeta a la Fiscalía Federal en Guerrero, Echeverría de Jesús mencionó que las dependencias deben hacerse responsables, pues no pueden “echarse la bolita ‘que uno y que otro es el competente’, aquí debe haber una autoridad, sino, no están funcionando las autoridades en México”.

Echeverría de Jesús manifestó que el Colectivo de los Olvidados de Ayotzinapa ya no tiene confianza, “se ha perdido” sin embargo dijo que se insistirá en la justicia tanto para los asesinados como para los 43 desaparecidos.

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Piden honrar al “defensor incansable de los intereses de los sectores más vulnerables”


Taxco, 2 de febrero. El Congreso del estado propuso que los restos del luchador social Pablo Sandoval Cruz sean depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres del panteón central en Chilpancingo, Guerrero.

Los diputados Norma Otilia Hernández Martínez y Jesús Villanueva Vega fueron los que presentaron la propuesta de acuerdo, para que el luchador social tenga su descanso en el recinto de los personajes ilustres de Guerrero.

Consideraron que “el estado de Guerrero, a lo largo de la historia ha sido cuna de grandes héroes nacionales y luchadores sociales incansables por su lucha permanente en la defensa de los derechos humanos y demás causas de justicia social para los guerrerenses”.

Consideraron que dentro de esos luchadores sociales se destaca a Sandoval Cruz, “guerrerense bien nacido, originario de la histórica población de Acatempan, municipio de Teloloapan”.

A Sandoval lo calificaron como “defensor incansable de los intereses de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. “La madrugada del 21 enero de 2020, Guerrero amanece con una triste noticia, el lamentable fallecimiento de Sandoval, destacado luchador social de la izquierda de México, quien a lo largo de su vida combinó su labor como profesionista con la noble labor de la lucha social en México. Fue reconocido como un excelente médico cirujano, y quien a lo largo de su vida beneficio a personas de escasos recursos y a los más desprotegidos, curando no solo las enfermedades del cuerpo sino también las enfermedades que resultan de la desigualdad de las clases sociales en México”.

Los legisladores expresaron que además de dedicar gran parte de su vida a la carrera de la medicina, también destacó por ser un actor político de “gran actividad, gracias a su participación en organizaciones como sindicatos y dirigencias estudiantiles”.

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Demandan en reunión la salida del representante en Guerrero de la Sader, González Quintero


Tecpan, 2 de febrero. Unos 90 comisarios ejidales de Costa Grande acordaron exigir al gobierno federal que los tome en cuenta para la aplicación del programa de fertilizante gratuito para este año, con el fin de que no sucedan las irregularidades del año pasado, las cuales ocasionaron que en esta región la producción de maíz disminuyera 30 por ciento.

Lo anterior ocurrió durante una reunión de la Coordinadora regional de Comisarios Ejidales efectuada en Tecpan, donde los representantes de los ejidos demandaron además la salida del representante en Guerrero de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Humberto González Quintero, a quien señalaron de cometer actos de corrupción en la entrega del abono a líderes de organizaciones en la entidad a cambio de dinero, así como en los programas que maneja esa dependencia federal.

En la reunión los comisarios ejidales avalaron las propuestas que fueron presentadas al titular de la Sader federal, Víctor Villalobos, entre ellas, la formación de un comité interinstitucional con representantes de la Sader, el Registro Agrario Nacional (RAN), Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), Procuraduría Agraria (PA), Secretaría del Bienestar, gobierno federal y que gradualmente se incorporen el gobierno del estado y los presidentes municipales, para coordinar, monitorear y facilitar todo el proceso de entrega a los productores.

En entrevista, al término de la reunión, el presidente de la Coordinadora regional, Miguel Yánez Rosales, indicó que, ante el fracaso que resultó el programa el año pasado, es necesario que las autoridades se apoyen en las autoridades ejidales a la hora de elaborar los padrones de beneficiados, para lo cual, dijo que la propuesta de éstos es que cada beneficiado sea avalado por asambleas comunitarias.

Expuso que los asistentes a la reunión consideraron necesario que se modifiquen las reglas de operación del programa federal, y que el fertilizante que se entregue sea orgánico de acuerdo al tipo de suelo de cada región del estado en vez de sulfato de amonio, porque en los 27 años que tiene de vida el programa de fertilizante, ese abono ha hecho que se esterilice la tierra y deje de ser productiva, para lo cual, agregó, una de las propuestas es que expertos de la Sader realicen estudios físicos en cada región de Guerrero, para determinar el tipo de abono que se entregará.

Asimismo, indicó que los que integran la Coordinadora regional respaldan que el gobierno federal realice una auditoría a quien fue el responsable del programa federal en Guerrero Jorge Gage Francois y a Humberto González por hacer malos manejos de los recursos económicos aprobados para la aplicación del programa federal.

El dirigente adelantó que en los próximos días habrá otras reuniones de coordinadoras de comisarios ejidales en las ocho regiones del estado, para acordar la manera en que exigirán a la Federación la forma en que se aplique el programa de fertilizante este año.

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No hay protocolos homologados; en algunos lugares incluso tocan a alumnos, señala


Chilpancingo, 2 de febrero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades educativas de todo el país a no implementar operativos de revisión que atenten contra la dignidad de los estudiantes, y ratificó su posición de considerar el Operativo Mochila como revisiones que atentan contra la dignidad de los menores de edad.

El 15 de enero, en el plantel 01 del Colegio de Bachilleres en Chilpancingo, comenzó el programa Operativo Mochila en Guerrero; entonces se aseguró que no se violentarían los derechos de los estudiantes.

La CNDH informó que, ante el riesgo de generar excesos de aplicación, discriminación y estigmatización en las estrategias de revisión de mochilas y pertenencias de alumnas y alumnos en las escuelas del país, el organismo se mantiene alerta para evitar acciones que no garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Como no existen protocolos homologados en la aplicación del operativo Mochila Segura, se exponen todas las pertenencias del alumnado a la vista. Las revisiones las realiza personal de seguridad pública uniformado y en ocasiones armado, y se utilizan binomios caninos y detectores de metales, lo cual genera temor e incertidumbre y genera un clima amenazador entre los alumnos y alumnas. Asimismo, en ocasiones las revisiones han implicado tocar el cuerpo de las y los estudiantes o pedirles que se quiten la ropa, lo cual atenta contra su dignidad e intimidad, además de que se excluye en este tipo de revisiones al personal docente y administrativo”, detalla el organismo.

Ante ello hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de los gobiernos de todos los estados a no implementar medidas de ese tipo, por considerarlas reactivas, que carecen de eficacia y pueden derivar en violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Añade que este organismo insta a todas las autoridades de gobierno a optar por acciones preventivas y de apoyo a niñas, niños y adolescentes, a sus familias y otros cuidadores para emprender acciones que impulsen prácticas amorosas, positivas, sin violencia y que propicien vínculos de confianza entre familias y sus hijas e hijos.

“La CNDH impulsará un acercamiento con la Secretaría de Educación Pública para la revisión de las acciones de prevención y protocolos para la atención de la violencia en los contextos escolares con que cuenta”, añade.

El 15 de enero comenzó el programa Operativo Mochila en Guerrero, con la presencia de autoridades estatales, además de la Comisión de los Derechos Humanos del estado, ocasión en que se anunció que se haría con pleno respeto a los derechos humanos, como lo instó la CNDH, y que los padres de familia tendrían amplia participación.

Pide salvaguardar derechos de los niños-policías de Chilapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nuevamente exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que salvaguarden los derechos de las niñas y los niños de Chilapa, y a ver que se cumplan los compromisos internacionales de México en la relación de los menores de edad con conflictos armados.

Luego de los hechos suscitados en Alcozacán, municipio de Chilapa –el asesinato de 10 músicos y después el anuncio de que los niños se armaron para defender a su pueblo contra los grupos delincuenciales–, la CNDH de nueva cuenta manifiesta “de forma enérgica” su indignación y reitera el exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que adopten de inmediato las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes de ese municipio.

“El 22 de enero pasado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (Crac-PF) presentó a 19 niños como sus nuevos integrantes para apoyar en la seguridad de esa región, la CNDH externa su preocupación e insiste en la necesidad de que las autoridades federales, estatales y municipales, de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones y funciones, den cumplimiento a lo establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la no participación de niños en los conflictos armados”, indica.

El organismo defensor de derechos humanos insta a cumplir el artículo 39 de la convención aludida, ratificada por el Estado mexicano, que establece la obligación de los Estados de proporcionar servicios de rehabilitación a la niñez y a la adolescencia víctima de cualquier modo de explotación o abuso, tortura y otras modalidades de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o de conflictos armados.

También pide atender la Observación General número 11 del Comité de los Derechos del Niño, que dispone que los Estados deberán prestar particular atención a los riesgos a que están expuestos los niños indígenas en caso de hostilidades, y tomar el mayor número de medidas preventivas.

Remarca que la Comisión Nacional seguirá atenta a las acciones que tomen las autoridades involucradas y refrenda su firme compromiso con la defensa y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia mexicanas, así como de las víctimas de la violencia en el país.

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