La Jornada Guerrero - Domingo, 23 Febrero 2020
Lunes, 24 Febrero 2020 01:46

Alcances del derecho a la educación

El pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación, cuyo comentario iniciamos en ocasión pasada. En esta oportunidad reflexionamos sobre los alcances del derecho a la luz del nuevo ordenamiento.

De acuerdo con su artículo 6, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. De este modo, la idea de obligatoriedad se extiende hasta ese nivel. Tratándose de la educación superior, es decir los estudios de licenciatura y posgrados, se remite a lo que señala la constitución, así como las leyes específicas. Nos dice el numeral 7 de la Ley que el Estado realizará la rectoría de la educación, es decir del sistema educativo. La educación que directamente imparta el Estado, además de ser obligatoria habrá de cumplir otras características, como ser universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y de excelencia.

La universalidad se refiere a que, al ser un derecho humano, corresponde a todas las personas por igual. Para lograr este ideal se extenderán sus beneficios sin discriminación alguna. Se establece además que la educación tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Respecto a la inclusividad, se da al eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación.

Esta inclusividad supone aplicar modelos que permitan atender las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos; así como eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos. Es decir prever un trato diferenciado, que incluya adoptar medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables.

Por lo que hace al carácter público, supone que ha de ser impartida y administrada por el Estado. Con esto, se asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación. Igualmente, se vigilará que, la educación impartida por particulares cumpla las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional. La gratuidad conlleva que, al ser un servicio público garantizado por el Estado, queda prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado. En consecuencia, no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Se admiten las donaciones o aportaciones voluntarias, pero estas en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo.

Finalmente, la educación ha de ser laica, lo que significa que ha de mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Tratándose de la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la Constitución Política sobre este asunto.

El artículo 8 se refiere a la excelencia educativa, término que remplazo la anterior idea de calidad, pero que en el fondo se refiere a lo mismo. Según este precepto, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Para alcanzar esta equidad, se han de adoptar medidas dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. n

Publicado en Artículo
Lunes, 24 Febrero 2020 01:45

Acabús y economía de mercado

La próxima entrega en concesión del sistema de transporte colectivo urbano Acabús a alguna empresa privada este año –según adelantó el director de Transporte y Vialidad del estado, Miguel Ángel Piña Garibay– podría posibilitar aquilatar la diferencia en resultados y en operación entre la administración ejercida por el gobierno y la ejercida por particulares.

En México ese debate suele ser intrascendente habida cuenta los usos y costumbres en ambos sectores, que a lo largo de decenios han practicado lo que algunos observadores denominan “capitalismo de cuates”, una relación entrelazada por complicidades y corruptelas de todo tipo entre unos y otros, de manera que al final de cuentas ni se notan las diferencias entre una y otra administración.

No debería ser así. Que el Estado se mantenga al margen del mercado –es decir que no intervenga en él de manera directa, como propietario o administrador de empresas– sólo debería significar que ejerce la rectoría sobre las actividades económicas del país y que aplica sin distingos y sin desviaciones las leyes y los reglamentos respectivos a los actores económicos, sean personas morales o físicas.

Pero el Estado mexicano muchas veces se alejó de esa norma, lo que ha dado como resultado deformaciones en el mercado.

La solución es: el mercado en su ámbito, y el gobierno en el suyo, sin que ninguno invada los terrenos del otro. El Estado debe regir y aplicar la ley, sin pedir favores ni dejarse sobornar. Y los particulares deben ocuparse de cumplir con escrúpulo sus obligaciones, so pena de enfrentar las consecuencias legales de su desacato.

La solución no es fortalecer la empresa pública, sino vigilar con lupa a la empresa privada. En teoría, el Acabús debería funcionar a la perfección, pues se supone que el precio del pasaje fue calculado a partir de un estudio de mercado, que consideró incluso los intereses que generaría el dinero que ingresaría a sus arcas y que se quedaría en ellas un tiempo nada despreciable mientras el poseedor de la tarjeta correspondiente hace uso de él.

Pero no ha funcionado bien: hay un buen número de camiones varados por averías diversas y que muchos operan con deficiencias de todo tipo.

Concluir que esto es así porque el sistema es operado por el gobierno y éste es, por naturaleza, mal administrador, podría ser un poco apresurado. n

Publicado en Editorial

Archivo

« Octubre 2020 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31