La Jornada Guerrero - Martes, 08 Diciembre 2020

En redes sociales piden ayuda para encontrar a Jessica Candela


Fue activado el protoloco Alba para localizar a la joven de 22 años de edad, Jessica Candela Lozano, desaparecida en la unidad habitacional El Coloso.

A través de redes sociales, familiares y amigos piden la ayuda de la ciudadanía para localizar a la joven estudiante.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jessica fue vista por última vez el pasado domingo 6 de diciembre cerca del mercado de El Coloso.

La joven tiene cabello negro, lacio y largo, ojos café oscuro y grandes, mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión robusta y tez morena clara; se desconoce qué ropa vestía al momento de su desaparición.

Los familiares pusieron a disposición el número telefónico 7441580686 en caso de cualquier información sobre el paradero de la joven, mientras que la Fiscalía General del Estado pide dar información al teléfono 800 832 7692.

Usuarios de Facebook alertan sobre el problema de la violencia contra las mujeres en Acapulco. Apenas el pasado jueves fue asesinada una joven al interior de su estética ubicada en la colonia Progreso.  

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“Buscan intimidarla por su lucha por permanecer en la dirigencia”


Chilpancingo, 8 de diciembre. La líder de la sección 11 del Setaigem que aglutina a trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo, Teodora Castro Casarrubias denunció amenazas de muerte por iniciar una jornada de lucha por su permanencia en la dirigencia de la que fue expulsada y destituida recientemente –dice ella- de manera irregular.

“Ya tiene una semana que me están amenazando de muerte a través de llamadas a mi celular: me dicen que me cuide, que deje lo que estoy haciendo”, precisó en conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por sus compañeros del Comité Ejecutivo Central (CEC).

Acusó de estos hechos directamente al secretario general de esta organización sindical, Nemesio García Maldonado, a su homólogo de la sección 13 de trabajadores del Palacio Municipal, Isidro Bautista Delgado y a la compañera de este último, María Magdalena Ojendis Vélez La afectada responsabilizó a estas personas de lo que pudiese ocurrirle, y anunció que interpondrá una denuncia formal ante el Ministerio Público de Chilpancingo.

Como se recordará, el jueves pasado el Consejo de Honor y Justicia (CHJ) del Setaigem expulsó y destituyó de la sección 11 a Castro Casarrubias.

La determinación se dio en medio de las protestas en la que participó activamente con el Frente de Sindicatos Unidos contra el alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán, en exigencia de incremento salarial del 45 por ciento con retroactivo al 1 de enero de 2020 para la base trabajadora. De acuerdo con el dirigente estatal, Castro Casarrubias se atribuyó funciones y facultades que corresponden ejecutar a órganos superiores del Setaigem, de su CEC y del CHJ. “Esta conducta es violatoria de los artículos nueve, fracción uno del estatuto, pues el objeto del sindicato es defender los intereses laborales, sociales, económicos y profesionales”, argumentó.

No obstante, los secretarios de Organización, Rafael Sixtos, y de Actas y Acuerdos, José Celso González del CEC de la sección 11, argumentaron que protestar es un derecho y expulsarla es un claro ejemplo de “coartar la libertad de manifestación”. Además, dijo que el líder estatal y el CNJ no son los facultados para destituir a sus agremiados sino la Asamblea General, por lo que, dijo, están cometiendo una violación a los estatutos y a lo que dicta la toma de nota que le expidió la Junta de Conciliación y Arbitraje que indica que Castro Casarrubias estará al frente de la sección 11 por un periodo de cuatro años que inició en 2018 y culminará en 2022. Ante lo anterior, pidieron la intervención del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y una investigación contra Nemesio a quien, además, acusaron de usurpar funciones como secretario general del Setaigem, pues su encomienda inició en 2007 y debió terminar en 2011, pero que aún sigue en el cargo.

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Familiares de María Magdalena Díaz se manifiestan una vez más en el exterior de Pemex

La empresa ha retrasado el pago de los daños a través de trampas legales, señala César Navarrete


Vecinos, amigos y familiares de María Magdalena Díaz Corros, mujer que fue lesionada al ser impactada por una pipa de combustible cuando conducía su automóvil en la avenida Escénica el pasado 14 de septiembre, se manifestaron una vez más, la mañana del martes, en el exterior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, en la colonia Icacos, para denunciar que representantes de la empresa operadora de las pipas, Simsa, se niega a indemnizar a la víctima, y ha retrasado el pago de los daños a través de trampas legales.

El esposo de María Magdalena Díaz, César Navarrete, explicó que el costo de las diferentes intervenciones quirúrgicas realizadas a su esposa, es de aproximadamente 600 mil pesos, y la empresa Simsa solo pretende pagar 200 mil pesos.

Advirtió que sus abogados han sido hostigados por representantes de la empresa operadora de las pipas.

César Navarrete lamentó que “la autoridad sigue sin dar respuesta, por eso venimos a manifestarnos, queremos que nos respondan, que sean responsables, que dejen de actuar con mentiras”.

Explicó que actualmente su esposa, de 46 años de edad, se encuentra postrada en cama, con fractura de ambos fémures, y una fractura en la costilla derecha, con tratamientos sicológicos y de fisioterapia, con la incertidumbre de si podrá volver a caminar o no.

César Navarrete especificó que “su fémur izquierdo no ha pegado aún, el médico dio un plazo hasta el 14 de enero, si no logra consolidar su hueso con su pierna izquierda, procederá a hacer una nueva cirugía”.

Señaló que el operador de la pipa fue vinculado a proceso, tendrá que responder por la vía penal, pero se encuentra en libertad bajo caución, pues el Ministerio Público determinó que no era delito grave, y le fijó una caución de 200 mil pesos.

César Navarrete criticó además que la empresa aseguradora insiste en realizar nuevas revisiones médicas a María Magdalena Díaz, pero sus representantes no se presentan a pagar.

Recordó que tras el accidente, ocurrido la noche del 14 de septiembre, su esposa sólo permaneció cinco días en el hospital, pues no apareció la empresa aseguradora, por lo que fue trasladada a otro nosocomio, en el que los familiares de la señora tuvieron que asumir los gastos, que ascienden a 600 mil pesos.

Por último, agradeció el respaldo de integrantes de la sociedad civil que lo han apoyado en las protestas para exigir justicia.

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Constantina Morales las reportó desaparecidas el 14 de julio y se activó la Alerta Amber

Le ha dicho que no hay delito que perseguir, que las adolescentes se fueron por su voluntad, señala


La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) niega justicia a dos menores de edad que fueron secuestradas y violadas en Iguala, denunció la madre de las víctimas, Constantina Morales Luna.

Las menores Ernestina N de 14 años y Gregoria N de 16 fueron reportadas por su madre como desaparecidas desde el pasado 14 de julio del presente año, en el Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla de Chilpancingo, por ello se activó la Alerta Amber.

El 17 de julio fue localizada la menor Ernestina N en la ciudad de Iguala de la Independencia, quien dijo que se encontraba con una persona de nombre Zen “N” de aproximadamente 45 años, en contra de quien la FGE informó se le investiga por su probable responsabilidad en la comisión de un delito.

Posteriormente, el 27 de noviembre, agentes Ministeriales de la Fiscalía de Guerrero localizaron a Gregoria N en Chilpancingo, quién se encuentra con cuatro meses de embarazo, de quién no se informó donde fue localizada, y también se encontraba presuntamente con su pareja. Ambas adolescentes menores de edad.

Las menores fueron presentadas ante sus padres, a quienes se les informó de la situación jurídica y derivado de los datos de prueba que obran en la carpeta, las dos menores localizadas y su hermano, fueron trasladados a la Casa Hogar del DIF.

Sin embargo, este martes en conferencia de prensa, la señora Constantina, informó que en la FGE se niegan a investigar a los responsables de la privación de la libertad de sus hijas, quienes además fueron violadas, y el resultado de ello es que una está embarazada.

La madre de las menores señaló a Agustín Morales Rivera, María Reyes Prieto y otra persona a quien sólo identifica como Pablo, yerno de Agustín, como los responsables del secuestro de sus hijas a quienes tuvieron varios meses y por quienes recibieron dinero.

En la FGE les han dicho que no hay delito que perseguir, pues las adolescentes se fueron por su voluntad, lo que dijo es incongruente porque uno de sus victimarios tiene más de 45 años.

Las dos menores le han manifestado a la madre que quieren regresar a su casa, sin embargo se las niegan en el DIF, donde argumentan que investigan presunta violencia intrafamiliar, lo cual también la madre negó de manera insistente.

A raíz de esta situación dijo que ha recibido amenazas de muerte por teléfono, donde le dicen que si sigue moviendo el caso van a matar a toda su familia.

Doña Constantina, tiene siete hijos en total, y su esposo es discapacitado sin trabajo, ella sale a diario a vender dulces en las colonias acompañada de su hija más pequeña de seis años, a quien también el DIF pretende quitarle, argumentando que la pone en riesgo.

Hizo un llamado a las autoridades a que atiendan su caso, se haga justicia y se castigue a los responsables de este delito, además pidió que le entreguen a sus hijas.

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