La Jornada Guerrero - Domingo, 27 Diciembre 2020

El voto es decisión individual, afirma el aspirante a la candidatura


Taxco, 27 de diciembre. “Que no engañen, en Morena, por estatutos, no hay declinaciones, al no existir voto corporativo, no se puede, ni debe manejarse un voto colectivo, este es decisión individual, propio de la libertad de conciencia”, manifestó el aspirante a la candidatura para la gubernatura de Guerrero por este partido Alberto López Rosas.

Esto en referencia a la declinación que hizo la senadora por Guerrero, Nestora Salgado, a favor del ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. “Hay quienes han renunciado al interés social y cómodamente, sin analizar perfiles, se van a una cargada, que podría ser ilusoria, alimentada por encuestas, realizadas a la medida”, señaló.

El ex procurador de Guerrero expresó que hay varios actores políticos que se registraron para obtener la candidatura por Morena, que con los cambios que hizo el dirigente nacional, Mario Salgado, de nuevas encuestas, muchos de ellos están desesperados por conocer quién es el ganador.

Parafraseó la desesperación “como previo al parto, se sienten las contracciones, que se deslizan a través de redes y diversos medios de comunicación, cuál si fueran monitores, en ellos se da cuenta de la desesperación de algunos aspirantes, que se mueven dejando ver su impaciencia”.

En las redes sociales, López Rosas apuntó: “Con paciencia, pero con interés, espero una definición en los próximos días, por parte de la dirigencia de Morena, en cuanto a la candidatura al gobierno de mi estado”.

Aseguró que en el proyecto que representa “nos vemos tranquilos, confiamos en la sociedad, lo hemos dicho varias veces, en la Cuarta Transformación”.

Argumentó que en una nueva forma de hacer política nos “hemos ajustado plenamente a una nueva normalidad electoral y seguiremos siendo congruentes con ella”.

Por ello, López Rosas pidió a que no engañen, en Morena, por “estatutos, no hay declinaciones, al no existir voto corporativo, no se puede, ni debe manejarse un voto colectivo, este es decisión individual, propio de la libertad de conciencia”.

“Dicen que no hay parto sin dolor, aunque anestesien –expresó– éste será así sin duda, pero debe nacer sano, nutrido y destinado a ganar por el bien de Guerrero. La impaciencia sólo muestra inseguridad, cómo se ha visto en los últimos días en algunos”, concluyó el aspirante a la candidatura.

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El 30 de diciembre es el límite para notificar al INE, determina el tribunal electoral


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a los partidos políticos postular mujeres como candidatas en siete de las 15 gubernaturas que se votarán en 2021 e informar el 30 de diciembre cuáles son las entidades donde asignaron los dos géneros.

El TEPJF revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se les señaló a los partidos políticos las designaciones y subrayó que carece de competencia para implementar la paridad y para canalizar a los congresos locales la determinación de las participaciones.

Ahora, el TEPJF obligó a los partidos a informar al Instituto Nacional Electoral (INE), antes de que termine el año, dónde presentarán a las siete mujeres y los ocho hombres que les representarán en la elección intermedia.

El Tribunal publicó el fin de semana esta nueva sentencia sobre paridad de género al resolver recursos de apelación acumulados que presentaron el Senado de la República, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de Baja California, así como de terceras interesadas.

La máxima instancia electoral resolvió vincular a los partidos a la obligación de que en la postulación de candidaturas a las gubernaturas se haga efectivo el principio de paridad.

Sin embargo, el Tribunal indicó que carece de elementos legales para establecer en forma directa las normas que tendrían que regir el proceso de postulación en materia de paridad de género en estas candidaturas.

El órgano vinculó de igual forma al Congreso de la Unión y a los congresos locales a regular la paridad de género desde antes del inicio de la contienda 2020-2021.

El TEPJF justificó que la determinación asumida por el INE invade las competencias para establecer las disposiciones jurídicas sustantivas que deben conducir en materia de paridad la renovación de las gubernaturas.

Reconoció que sí corresponde a las autoridades estatales asistir , tal como se sostuvo en el recurso de apelación 103 de 2016.

Precisó que la instancia electoral, al existir la necesidad de instrumentar la paridad en las gubernaturas, atiende a la intervención del TEPJF para asegurar que la falta de regulación en el caso de las gubernaturas no se traduzca en el incumplimiento de la obligatoriedad constitucional e internacional.

Refirió que el artículo 99, en relación con los artículos 1, 35.II, y 41 constitucionales, para que el Tribunal Electoral garantice el derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad atendiendo a las circunstancias particulares de las gubernaturas.

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Lunes, 28 Diciembre 2020 02:50

Derechos Humanos

El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha elegida para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Esta Declaración, como es sabido, se da en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tras la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. El nuevo reconocimiento de los derechos humanos universales, en la línea del pensamiento de las declaraciones del siglo XVII, de alguna manera es la respuesta frente al dramático abuso del totalitarismo y la violación a la dignidad humana que representó el holocausto.

En sus 30 artículos, esta Declaración consagra los derechos individuales más relevantes en el orden internacional. Su contenido de derechos se ha ampliado en otros documentos posteriores, pero esta Declaración expresa el núcleo mínimo de estas prerrogativas. Igualmente, aunque se trata de un documento sin fuerza vinculante, la costumbre internacional la ha hecho un objeto de respeto. En el caso de México, desde la reforma constitucional de 2011, su contenido ha de tenerse en cuenta y respetarse.

Entre los derechos, el artículo 1 señala el fundamento de la declaración, que es la expresión de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto supone reconocer que los derechos corresponden a todos los hombres y mujeres, por el simple hecho de serlo. Además, se prevé que reconociendo que las personas, dotadas como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

El artículo 2 consagra el derecho a la no discriminación, al apuntar que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, el artículo incluye que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Así continúa la enumeración de prerrogativas fundamentales. El artículo 3 recoge el derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; el artículo 4 prescribe que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; de modo que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Aparece también en el artículo 5 la prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6 se refiere al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; y el artículo 7 contempla el derecho a la igualdad, al disponer que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

El asunto con estos derechos, así como con los previstos en otros documentos o en la propia constitución mexicana es lograr su verdadera vigencia en el mundo de la realidad. Más que en nuevas declaraciones, es el terreno de la realización el que sigue siendo un asunto pendiente que ha de obligarnos a todos. n

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Lunes, 28 Diciembre 2020 02:49

¿Utopía?

Mirada a través de la distancia temporal, es decir después de observar lo sucedido en los países donde operó el socialismo real en su versión más ortodoxa, la visión que tuvo hace dos siglos el fundador del llamado socialismo científico, Carlos Marx, en lo que se refiere a la convivencia pacífica entre los individuos que constituirían la sociedad comunista, hoy se parece más a lo que de seguro es en realidad: una utopía acaso inalcanzable.

No parece muy realista pensar que un día los individuos de cualquier comunidad o de cualquier sociedad puedan vivir en perfecta armonía y en paz, sin necesidad de abastecerse de ingenios o tácticas para defenderse de los demás, en el mejor de los casos.

Desde tiempos muy remotos los seres humanos se han hecho la guerra con lo que han tenido a la mano: rocas o hierro. Y, por lo que se ve, parece que así seguirá siendo por el resto de la historia.

En la actualidad, la producción de las armas en los países desarrollados está a cargo de empresas privadas, sobre las cuales –se supone– el Estado ejerce un control minucioso, habida cuenta de su potencial destructivo sobre vidas y bienes, y de su valor táctico y estratégico para defender lo que al gobierno, o a la sociedad, le parece importante preservar.

En otros países –y es el caso de México– la producción de armas es monopolio del Estado.

Y si no hubiese empresas o gobiernos a cargo de esa tarea, serían particulares quienes la asumirían, así fuera en modo clandestino. Esto supone un grave reto para un gobierno, como el mexicano, que tiene el gran pendiente de imponer el estado de derecho entre sus ciudadanos y la resolución de conflictos por la vía de la negociación y del diálogo, en vez de la vía armada.

Por eso llama la atención el escaso control que el gobierno mexicano ejerce sobre las armas que ingresan desde el extranjero a territorio nacional, de manera particular las que son adquiridas por los estados, pues está documentado que acaban en manos de criminales y luego empleadas por grupos delictivos para atacar a clanes rivales o, lo que es peor, para agredir a civiles que nada tienen que ver con esta lamentable guerra entre cárteles.

Eso, en el menos deplorable de los casos. Porque también ha sucedido que, incluso en manos de policías, esas armas han sido usadas para cometer violaciones graves a los derechos humanos de los ciudadanos, como en el caso del ataque a civiles en Iguala la noche que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa. n

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