La Jornada Guerrero - Lunes, 26 Octubre 2020

La medida es por el incremento de contagios, informa titular


El director del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), Román Bello Vargas, expresó que de manera adicional a las nuevas normas sanitarias emitidas en el Periódico Oficial del estado de Guerrero, se reforzarán los protocolos y en algunos casos serán suspendidas actividades deportivas masivas o que por sus características reúnan a una gran cantidad de personas, ante el incremento de contagios por Covid-19.

En entrevista, Bello Vargas señaló que analiza cómo reforzar los lineamientos establecidos para la realización de actividades y competencias deportivas.

Enfatizó que por ello no se autorizó la realización de la competencia de aguas abiertas Row20, que se llevaría a cabo en playa Papagayo, el domingo pasado por la mañana. El director del Indeg anticipó que tampoco se permitirá la realización de otras actividades programadas para diciembre, como el llamado Cruce Guadalupano, debido a la gran cantidad de competidores que reúnen, pues representa un alto riesgo de contagio de Covid-19.

Señaló que de momento, se permitirá que continúe la disputa de ligas de futbol en Acapulco, mientras mantengan la aplicación estricta de los protocolos sanitarios recomendados por autoridades.

El lunes, en el Periódico Oficial del estado de Guerrero, se publicó el acuerdo por el que se amplía la vigencia de ocupación de diversas actividades no esenciales en la entidad, del 26 de octubre al 8 de noviembre próximo, periodo en el que se mantendrá el semáforo sanitario color naranja.

Los gimnasios, polideportivos, unidades deportivas, plazas cívicas, jardines, zoológicos,  son considerados como de alto riesgo de contagio, por lo que su aforo debe ser del 50 por ciento del total.

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No debe ser considerada presa política, su labor en la lucha social es cuestionable: FNLP

“La activista salió de Guerrero con medidas cautelares, por lo que no fue internada en la cárcel de Acapulco”


La activista guerrerense Kenia Hernández fue trasladada de Acapulco al penal federal del estado de Morelos la noche del domingo, aproximadamente a las 22 horas, informó el abogado Antonio Lara Duque, representante del centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero.

La decisión se tomó, explicó Lara Duque, debido a que Kenia Hernández salió del estado de Guerrero en meses pasados con medidas cautelares, debido a que su vida corre peligro por su activismo, por lo que no fue internada en la cárcel de Acapulco.

En referencia a las acusaciones que ahora debe enfrentar Kenia, Lara Duque explicó que son dos, y no una, por ataques a las vías de comunicación, ambas del fuero federal.

La activista fue liberada alrededor de la medianoche del sábado pasado del penal de Santiaguito, en el estado de México, luego de que le fue fijada una fianza, tras ser detenida el pasado 18 de octubre en una caseta de peaje en Amozoc, Puebla, acusada de robo con violencia. Sin embargo nuevamente fue detenida, acusada de ataques a las vías de comunicación, caso por el cual, la reclama un juez federal en Acapulco, a donde fue trasladada el domingo a las 3:40 de la mañana.

En entrevista en el exterior de los juzgados federales, ubicados en el bulevar de las Naciones, en la zona Diamante, el abogado explicó que por motivo de la pandemia del Covid-19, la realización de los trámites se hace más complicado, y se requiere cita, pero al tratarse de un caso relacionado con la defensa de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación intervino para facilitar el acceso al Poder Judicial federal en Acapulco.

Enfatizó que si bien por la causa penal, Kenia permanecerá en la prisión federal de Morelos, el trámite administrativo se llevará a cabo en juzgados de Acapulco.

Lara Duque expresó que “Kenia fue extraída del estado de Guerrero por una serie de amenazas, la propia Secretaría de Gobernación determinó que ella no tendría que estar en el estado de Guerrero y la salida que encontraron fue llevársela a Morelos”.

Agregó que “lo que tenemos corroborado es que tenemos dos órdenes de aprehensión, una es la 322/2020 y la 324/2020, son hechos distintos, ocurridos a finales de marzo las dos acusaciones, y coinciden en el delito que le persiguen, ataques a las vías federales”.

Kenia Hernández nunca visitó a los presos, señala el FNLP

En Chilpancingo, a través de redes sociales el Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP) declaró que en el proceso penal contra Kenia Hernández Montalván esta no debe ser considerada una presa política, pues sus antecedentes en la lucha social en el estado de Guerrero son cuestionables.

En una larga lista expusieron las acciones de Kenia Hernández en la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria - Policía Comunitaria (Crac-pc) y Presos Políticos en Guerrero.

En un primer punto dijeron desconocer el surgimiento de la dirigente social, quien apareció realizando el bloqueo de casetas con la finalidad de recaudar recursos para la atención de las familias de los presos políticos y el proceso legal de los mismos.

Asimismo, refirieron que Hernández Montalván nunca visitó a los presos ni aportó estos recursos económicos para los fines presuntamente destinados; de la misma manera ocurrió con la Crac-pc quien en su momento también desconoció a la dirigente

“Se decía ser de la Crac-pc e inclusive portaba la playera y la gorra y la Crac la desconoció públicamente. Esta es llamada a asamblea de la Crac pero esta no se presenta, tiene orden para ser reeducada”, se lee en el mensaje.

Entre otros puntos resalta la situación que se presentó a la salida de los presos políticos de Cecop cuando la fianza de Vicente Suastegui no fue pagada y a partir de esto comienzan una disputa por el recurso obtenido de la toma de las casetas (se puede escuchar en el video).

Por ello mismo infieren que el caso legal de Kenia no puede ser legitimada como una presa política pues sus acciones obedecen a otra índole, distinto los casos de los 41 presos políticos que enarbola por la liberación de estos el Frente.

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En Tierra Caliente no hay quien atienda este delito, critica activista


Taxco, 26 de octubre. Pungarabato y Ajuchitlán del Progreso son los municipios de la Tierra Caliente con el mayor número de muertes dolosas con presunción de feminicidio registrados en los últimos cuatro años con ocho casos en la zona, reveló la activista Citlalli Pinzón Aguario, dentro del Séptimo Conversatorio regional de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Denunció que contrario a que Guerrero haya sido el primer estado a nivel nacional que haya tipificado el delito de feminicidio el 21 de diciembre de 2010, es el estado que menos logra tipificar el delito de feminicidio, pese a que se instaló en 2017 el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, y “en teoría ya debería desde esa fecha estar investigando todas las muertes dolosas de mujeres como presuntos feminicidios”.

En encuentro virtual transmitido en las redes sociales, convocado por la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de Violencia, la especialista en temas de violencia hacia las mujeres criticó que, a pesar de que hay un registro de agresiones y violencia contra las mujeres en la región de la Tierra Caliente, el municipio de Coyuca de Catalán es el único que cuenta con la alerta de género, pero no tiene ningún registro de feminicidio a diferencia de Pungarabato y Ajuchitlán donde está el mayor número de casos.

Informó que, de acuerdo con datos del Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, en los nueve municipios que integran la región de Tierra Caliente, Ajuchitàn del Progreso es el de mayor número de casos de muertes dolosas con presunción de feminicidio con cuatro registrados en los últimos cuatro años, Pungarabato tiene tres y uno está en Tlapehuala, lo que da como resultado ocho casos en esta zona.

“Es hasta contradictorio; hay violencia feminicida y no hay las organizaciones públicas para que se pueda atender este tipo de delitos”, criticó.

Pinzón Aguario mencionó que se instalaron oficinas en las siete regiones del estado con la Fiscalía General del Estado de Atención a los Delitos de Feminicidio, lo cual “a pesar de haberse instalado en 2018 las siete oficinas regionales, hoy no se cuenta con el este servicio en las regiones de Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”.

Señaló que la instalación de las oficinas implica en esta recomendación el fortalecimiento de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en el estado.

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No estamos dispuestos a liberarlos y esperar una tragedia como la de Tixtla: comunitarios

Tras un alegato con autoridades estatales los pobladores los entregaron a la Fiscalía General del Estado


Chilpancingo, 26 de octubre.  Habitantes del poblado de Mazatlán, municipio de Chilpancingo intentaron linchar a dos presuntos robachicos, y tras un alegato con autoridades estatales finalmente los entregaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presunto rapto habría ocurrido alrededor de las 10:00 de la noche del sábado en este poblado, y los presuntos agresores, (un hombre y una mujer), capturados por elementos de la Policía Comunitaria, y sometidos a un juicio popular este lunes por la mañana en la sede de la Comisaría.

Frente a la comunidad la pareja de presuntos agresores se defendió y presentaron sus argumentos negando en todo momento los hechos, pero no fueron suficientes para convencer a la población que en reiteradas ocasiones amagaron con lincharlos.

La pareja acusada es originaria, el masculino de Michoacán, y la femenina de Torreón, Coahuila, pero ambos indicaron radicar en la Ciudad de México como vagabundos en un parque, lo que pareció bastante sospechoso para la familia y pobladores, y decidieron retenerlos en un primer momento para entregarlos a las autoridades que se negaron a acudir hasta este lunes.

El comandante de la Policía Comunitaria, Nery Ortiz Romero dijo que no es la primera vez que la autoridad se niega a hacer su trabajo, por lo que esta vez no estaban dispuestos a liberarlos y esperar a que ocurra una tragedia como pasó en Tixtla la semana pasada.

Al lugar llegó el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, el subsecretario de Asuntos Políticos Martín Maldonado del Moral, el secretario de gobierno del ayuntamiento, Antonio Orozco Guadarrama y el Fiscal Regional de la Zona Centro, Ernesto Jacobo García para buscar una solución al conflicto.

La población se mostró visiblemente molesta por la tardía respuesta de las autoridades y encararon al secretario de Seguridad Pública con quien discutierón por varios minutos hasta el arribo de elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal con equipo antimotines, para el caso de que la situación escalara.

También advirtió que no permitiría un linchamiento y que de intentarlo procedería a utilizar la fuerza pública para restablecer el orden. Portillo Menchaca pidió que se procediera conforme a la ley e insistió en que se le permitiera trasladarlos a la FGE y se procesarán conforme a la ley.

Finalmente, los ciudadanos y agraviados accedieron a firmar una minuta donde se comprometieron a aportar todas las pruebas, presentar denuncias y declaraciones ante la FGE para la conformación de la carpeta de investigación en contra de los implicados en el probable delito.

Pasadas las 13:00 horas, una vez logrados acuerdos, los familiares del menor que fue rescatado, el comandante de la Policía Comunitaria de la localidad Nery Ortiz se trasladaron a las instalaciones de la FGE para fortalecer la denuncia y se proceda conforme a la ley.

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