La Jornada Guerrero - Domingo, 04 Agosto 2019

Los desplazados son 22 pueblos de ocho municipios, indica reporte anual de CMDPDH


Chilpancingo, 4 de agosto. De acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, dejándolo como el estado de la República mexicana donde más personas se desplazan de sus hogares, esto debido a los conflictos violentos que se han suscitado en el año 2018.

Este reporte indica que por lo menos 5 mil 56 personas en Guerrero tuvieron que dejar sus hogares, posicionándolo como el primer lugar del país.

Mientras que Chiapas tiene reportadas 5 mil 35 personas; Sinaloa enlistó 860; Oaxaca tan sólo 300 y Michoacán reporta 240 personas.

Explica que en esta entidad suriana los afectados pertenecen a 22 comunidades de ocho municipios, donde se reportaron más agresiones de grupos delictivos, lo que llevó a catalogar al menos 13 distintos hechos de desplazamiento forzado en grandes cantidades de ciudadanos.

Los ocho municipios con estos altos índices de desplazamiento forzado por hechos de violencia son San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión.

Dentro de las estadísticas, Guerrero tiene 44 por ciento de la población desplazada en el país en los 12 meses del año pasado, mientras que el estado de Chiapas, que ocupa el segundo lugar, tiene un 43.82 por ciento de los desplazados totales; lo que suma en total de un 87.82 por ciento, de las 11 mil 491 víctimas contabilizadas para este informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Dentro del informe se informa que para los registros en cada estado se tomaron en cuenta los hechos de desplazamiento donde se movían un mínimo de 10 familias o 50 personas.

Justificando que “este ejercicio se enfoca exclusivamente en los episodios de desplazamiento interno forzado masivo causado por violencia, de manera que no se consideran desplazamientos naturales”.

Leonardo Bravo

De los ocho municipios guerrerenses con los más altos índices de desplazamiento, está en primer lugar el municipio de Leonardo Bravo, destacando que tan sólo el 11 de noviembre de 2018, al menos 2 mil personas se desplazaron de las comunidades de Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Narango, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco.

Estas familias se desplazaron luego de la irrupción de casi 3 mil hombres armados, pertenecientes al Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), con el argumento de erradicar la violencia que se vivía en esta zona del estado, la cual estaba controlada por el grupo delictivo conocido como El Cartel del Sur.

La Comisión registró que las personas desplazadas se establecieron en Chichihualco, Iguala, Chilpancingo, y Cuernavaca, principalmente. Su intento de retorno registrado el 17 de noviembre fue en vano, pues la caravana que era resguardada por el Ejército y la Policía del Estado fue atacada a balazos cuando cruzaban por Los Morros.

Registros

También se registraron 12 desplazamientos más que se detallan a continuación: el 10 de abril de 2018 un grupo de 92 personas abandonó sus hogares en las comunidades de Laguna de Hueyanalco, San Bartolo y Jimotla, del municipio de San Miguel Totolapan, debido a la violencia provocada por los grupos delictivos de la Familia Michoacana y Los Tequileros. Los desplazados se refugiaron en Atoyac.

El 17 de julio otro grupo de 131 personas originarias de la comunidad de Las Ventanas, en San Miguel Totolapan, abandonó sus hogares, y se trasladó también a Atoyac. A la fecha de publicación del reporte no se registró el regreso a sus comunidades.

“Los habitantes de Las Ventanas, familias de ganaderos y agricultores, ya no podían salir libremente a sus casas por el temor de ser baleados por los grupos del crimen organizado. De acuerdo con testimonios, a las familias cada vez les era más difícil salir a trabajar debido a los ataques con balaceras, a los que también estaban expuestos mujeres y menores de edad”, se lee en el reporte.

En Leonardo Bravo, 600 personas de la comunidad de Corralitos, y 300 de la Las Palmas, huyeron el 9 de junio a causa de enfrentamientos armados protagonizados por grupos delictivos. Las 900 personas se desplazaron hacia Tlacotepec y Chichihualco. En este caso se registró un retorno parcial de 16 familias que regresaron a la comunidad de Corralitos en el mes de octubre.

El 5 de enero, en Apaxtla salieron de manera forzada 900 personas de la comunidad de San Felipe del Ocote, debido a la violencia generada por grupos armados. Los desplazados se refugiaron en la cabecera municipal y no se ha reportado su regreso.

“El 5 de enero de 2018, más de 900 habitantes de San Felipe del Ocote se vieron obligados a huir como consecuencia de un ataque perpetrado por una célula de la familia michoacana. Desde hace más de 10 años, los pobladores de San Felipe eran obligados a proveer de alimento, agua y hospedaje a presuntos integrantes de la familia michoacana (…) El ataque fue un acto de represalia. Los vecinos de esta localidad habían defendido al operador de una máquina que estaba emparejando la carretera de terracería que lleva a San Felipe. La intención del grupo delictivo era secuestrarlo y pedir dinero para liberarlo”, se lee en el informe.  

También en Apaxtla, pero en la comunidad de San Pedro de los Limones, aproximadamente 86 personas abandonaron sus casas el 12 de enero debido a constantes hechos de violencia generados por grupos delictivos, por lo que se refugiaron en la cabecera municipal.

El 20 de marzo, en las localidades de San Bartolo y Laguna de Hueyanalco, en San Miguel Totolapan, 100 personas huyeron y se refugiaron en el municipio de Tecpan.  Estas familias abandonaron sus hogares por temor a morir en enfrentamientos armados protagonizados por grupos delictivos.

En las localidades de Los Horcones y Las Mesas de Cerro Azul, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, se registró el desplazamiento de 306 personas, quienes huyeron al municipio de Tecpan. De estos hechos se reportó que las familias decidieron abandonar sus casas tras la irrupción de un grupo armado, el cual sacó a las familias de sus viviendas, las incendió, y robó ganado.

Otras 132 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, huyeron de su localidad el 6 de noviembre. Abandonaron sus hogares por la violencia que generaban grupos armados en la región. Todas las personas se refugiaron en el municipio de Copalillo. Estas víctimas tampoco han regresado a sus casas.

En otro hecho ocurrido entre el 5 y el 9 de septiembre en la comunidad de Carrizal, de Leonardo Bravo, alrededor de 225 personas se desplazaron a Chilpancingo, Chichihualco y Cuernavaca debido a hechos de violencia provocados por grupos armados.

Las comunidades de El Zapotillal y Las Canalejas, en el municipio de Petatlán, registró otro de los desplazamientos masivos. El 4 de octubre abandonaron sus casas 112 personas de ambas comunidades debido a amenazas de un grupo de sicarios que trabaja para la familia michoacana. Las víctimas se refugiaron en localidades de la región Costa Grande.

En el municipio de La Unión se registró el desplazamiento de 41 personas que huyeron a Tijuana, baja California.

“Se reportó que entre el 19 y el 21 de enero de 2018 tuvo lugar una persecución en La Unión y Buenavista Tomatlán (perteneciente a Michoacán) donde grupos armados –presuntamente pertenecientes al cártel de Los Viagras–motivaron el desplazamiento forzado de al menos 82 personas”, señala el reporte.

Para el caso estimaron 41 personas de cada localidad.

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La Comisión Permanente carece de facultades para analizar o aprobar iniciativas, dice


Tecpan, 4 de agosto. La diputada local Dimna Salgado Apátiga informó que será hasta septiembre cuando los miembros del Congreso local retomen el análisis de la Ley Olimpia, debido a que los legisladores que conforman la Comisión Permanente carecen de facultades para analizar o aprobar iniciativas.

A pesar de que varias organizaciones sociales como Amnistía Internacional (AI) o Raíz Zubia apremiaron a los diputados locales para que analicen y, en su caso, aprueben la iniciativa,  Salgado Apátiga sostuvo que “será hasta que tenga lugar la próxima sesión ordinaria en septiembre cuando se retome la propuesta para su aprobación de parte del pleno. Ahorita no se puede hacer nada porque está la Comisión Permanente”, y puntualizó que los miembros de ésta sólo tocan temas de manera económica y no pueden aprobar una ley porque ésta debe ser resultado del consenso del pleno con los representantes de todas las fracciones de los partidos.

En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local se pronunció a favor de la iniciativa porque aseguró que el ciberacoso es un problema que crece día a día y es necesario que las mujeres cuenten con un sustento jurídico para combatir ese delito, sin embargo, subrayó que el dictamen debe analizarse a fondo, porque tiene que adecuarse a las condiciones de la sociedad de Guerrero, por lo que llamó a los diputados de la fracción del partido Morena para que analicen el documento “y no quieran aprobarlo sin revisarlo como acostumbran”.

Asimismo, la legisladora dijo que está en desacuerdo con el periodo de vacaciones que decidieron los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) porque éstos no consultaron ni notificaron a ningún legislador de otros partidos fuera de Morena, lo que refleja que existe un problema de organización al interior del Congreso.

Reprobó también que se cerraran las puertas del inmueble, porque eso representa que se comete una falta, “porque los miembros de la Jucopo no consideran las causas principales de Guerrero sino sólo las de ellos, porque no se tiene registro de un receso de este tipo”.

Adelantó que los diputados de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) esperan reunirse el miércoles con el presidente de la Jucopo para reclamarle que tome ese tipo de decisiones, las cuales, aseguró “nos afectan a todos porque son decisiones producto de su novatez y su falta de experiencia” y abundó que esta semana los legisladores perredistas darán a conocer un manifiesto en el que fijarán su postura tanto por el periodo de vacaciones como por las iniciativas que aún no han sido analizadas dentro del Congreso.

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Revela la alcaldesa de Acapulco que ya prepara su primer informe de gobierno

 “De aquí a diciembre va a haber obra material muy importante”, promete la presidenta municipal

“Se van a dar cuenta de cosas que antes no eran visibles y que este gobierno ha visibilizado”, dice


La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, afirmó que, a casi un año de haber comenzado su gobierno, el panorama del municipio es alentador.

Aseguró que ya prepara su primer informe de gobierno, en el que dará a conocer a la comunidad cómo recibió el municipio y las acciones que ha llevado a cabo.

En declaraciones a reporteros el sábado, remarcó que, a dos meses de que la administración municipal cumpla su primer año, el panorama en Acapulco ha mejorado.

“El panorama es alentador y ha mejorado, y estamos preparando el informe, y ustedes se van a dar cuenta de cosas que antes no eran visibles y que este gobierno las ha visibilizado”.

Aseveró que por muchos años el municipio fue abandonado por los gobiernos en turno, lo que generó los problemas de inseguridad y las invasiones de la vía pública: “Esto tiene años abandonado; estamos hablando no de días, estamos hablando de décadas de invasión de la vía pública y de décadas de reclamo de la sociedad”.

Añadió que en lo que resta de este año, el gobierno municipal realizará diversas obras sociales importantes.

“Ya verán nuestro informe y se van a dar cuenta que de aquí a diciembre va a haber obra material muy importante, pero la obra social, la obra de que vivamos con la cultura de la legalidad es lo que ha permeado en este gobierno”, enfatizó.

Por otra parte, la alcaldesa lamentó los recientes asesinatos de mujeres en el municipio, dos de ellas por lapidación.

Aseguró que el Instituto Municipal de la Mujer trabaja de manera permanente en la prevención de la violencia de género.

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Lunes, 05 Agosto 2019 01:46

Banco del Bienestar

El pasado 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, conocido como Bansefi, que comienza por modificar la denominación de la institución, para quedar ahora como Ley Orgánica del Banco del Bienestar. Se trata de una institución que tiene el carácter de Sociedad Nacional de Crédito y de Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

De acuerdo con el reformado artículo 3 de esta ley, a este Banco del Bienestar le corresponde desempeñar funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y el fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones a los integrantes del sector, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo pisos entre los mismos, canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades del sector y que promuevan la adopción de modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten en el sano desarrollo del sector y, en general, que la actividad de la institución contribuya al desarrollo económico nacional y regional, proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector, así como dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sujetos a reglas de operación de las dependencias y entidades.

Más allá del cambio de denominación, se han hecho también ajustes al funcionamiento de la institución. El artículo 7, relativo a las facultades de esta banca social, precisa ahora que le corresponderá fomentar el desarrollo del sector y promover su eficiencia y competitividad, para lo cual estará facultado para promover el desarrollo tecnológico y la adopción de modelos novedosos. Esto, con referencia a lo que prevea la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, además de la capacitación, la asistencia técnica, y el incremento de la productividad y del bienestar de los integrantes del sector.

El Banco de Bienestar también tendrá facultades para propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del sector.

En el mismo artículo se apunta también como una facultad central el diseño y la ejecución de programas que promuevan el ahorro, la inversión y la adopción de medios de pago electrónicos en las comunidades indígenas, con apoyo del sector. Igualmente, la distribución y el reporte de los recursos de programas sociales de dependencias y entidades de acuerdo con la normatividad aplicable, así como las reglas de operación respectivas. Asimismo, le corresponde diseñar y ofrecer productos de crédito, inversión y ahorro para el sector.

Para cumplir con sus propósitos y objetivos, apunta el artículo 8 reformado de la ley que el Banco podrá establecer planes de ahorro y crédito, así como redes digitales, que permitan la inclusión de servicios financieros y el fomento a la captación de recursos. También podrá participar en el capital social de sociedades de inversión, así como de sociedades operadoras de éstas, y en el de sociedades distribuidoras de acciones, además de prestar el servicio de distribución de acciones a sociedades de inversión propias o de terceros.

Esperemos que esta institución en realidad contribuya con estos servicios bancarios de tinte social, que pueden traer diversos beneficios a la sociedad, considerando que el sistema bancario de país está orientado al lucro y la ganancia de las instituciones, entre las que predominan las extranjeras, frente a las cuales muchas veces el cliente se encuentra indefenso. n

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