La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Domingo, 14 Julio 2019

Dos grupos antagónicos han provocado la violencia: fiscal


Chilpancingo, 14 de julio. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, adelantó que ya existen 30 órdenes de aprehensión que se ejecutarán en la zona de Chilapa, esto en un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR), contra personas responsables del aumento de violencia en esa zona del estado.

Señaló que también se darán a conocer contra quiénes serán ejecutadas.

Esto se hará mediante un operativo que la FGR está alistando para realizar diversas acciones y hacer las detenciones correspondientes a estas órdenes.

El fiscal del estado, en entrevista, señaló que son dos los grupos delictivos que se tienen identificados y que operan en esa zona de Guerrero, quienes son los que han estado generando la violencia y tiene sumergida a Chilapa en una crisis delincuencial.

Puntualizando que estos dos grupos se están disputando el control de la zona.

“Sabemos de la disputa de dos grupos que operan en la zona. En los próximos días vamos a ejecutar unas órdenes de aprehensión, estamos armando un operativo de forma conjunta, también con la Fiscalía General de la República y estoy seguro que ese operativo dará resultados”.

Indicó que esta disputa es añeja, afirmando que por esto y diversos hechos violentos que se han registrado en la zona, se ejecutarán más de 30 órdenes de aprehensión.

Pese a los últimos hechos violentos en ese municipio, entre estos la agresión a integrantes del Frente de Defensa Popular (PDP) -hecho en el que perdió la vida una mujer indígena, y varias personas resultaron heridas-, el fiscal afirmó que los índices delictivos en esa zona han disminuido.

Asegurando que este hecho es lamentable y que no debió suceder, por lo que también se reforzará la seguridad en Chilapa con policías estatales, ministeriales, militares y elementos de la Guardia Nacional.

“De manera general ha disminuido la violencia, hay que ver los números del Secretariado (Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Son buenos resultados, hay que reforzar y estoy seguro que la Guardia Nacional va a venir a abonar a la disminución”.

Publicado en Sociedad y Justicia

Hoy se hará un corte para analizar los avances del programa, explica el gobernador

El reparto de insumo y de vales lleva un progreso de 80%, da a conocer Sandoval Ballesteros


En San Jerónimo, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que se ampliará unos días más el periodo de entrega de fertilizante del gobierno federal a los productores de maíz en la entidad, pero que el lunes se hará un corte para analizar el estado general del programa en la entidad.

“El 15 de julio se hará un corte para analizar los avances del programa, pero éste no se cierra; se darán más días para analizar y revisar, para que los lugares que quedaron pendientes y donde haya conflictos se puedan resolver de la mejor manera”, puntualizó.

Indicó que después del anuncio sobre la ampliación de la fecha límite, se reunirá con el responsable del programa de fertilizante gratuito en Guerrero, Jorge Gage Francois, y el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval para analizar los puntos que quedaron pendientes y que los productores que aún no reciben el abono lo puedan recibir sin problema.

Dijo que de acuerdo con la información que tiene, hasta hoy en la entidad no se reporta ninguna manifestación o movilización de protesta de productores que exigen que se les entregue el insumo, y añadió que la extensión del periodo es precisamente para atender todos los casos que queden pendientes.

El mandatario estatal dio a conocer la noticia en su intervención durante el acto de entrega de llaves del Programa Un Cuarto Más y Estufas Ecológicas en la cancha de usos múltiples de San Jerónimo, al que asistieron ciudadanos de Tecpan, Atoyac y Benito Juárez, y en el que estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social en el estado, Mario Moreno Arcos; el titular del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (Igife), Jorge Alcocer Navarrete; el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro; el delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Humberto Gastelúm Espinoza, y los presidentes municipales Yanelli Hernández Martínez, de Atoyac, y Juan Carlos Aguilar, de Benito Juárez, entre otros funcionarios del gobierno del estado.

El fertilizante no dejará de entregarse: Amílcar

Por separado, el delegado del gobierno federal en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros dio a conocer que continuará la entrega del fertilizante después de este 15 de julio que era la fecha límite para entregar el insumo.

Informó que el sábado la entrega del fertilizante y de vales a campesinos del estado llevaba un avance de 80 por ciento.

“Estamos por arriba de 80 por ciento de entrega tanto de fertilizante como de vales, y nuestra planeación es para cerrar el 15 de julio, pero no dejará de haber fertilizante, no dejará de entregarse si alguien falta; obviamente nos generan retrasos los bloqueos, las tomas de las bodegas, pero vamos a seguir entregando aún después del 15 hasta completar a cualquier campesino que pueda acreditar que está sembrando maíz”, indicó.

“Queremos decir que no es un problema que se vaya acabar o que vayan a cerrar las bodegas, van a poder seguir yendo los campesinos por su fertilizante si ya recogieron su vale, si ya hicieron su trámite”, remarcó.

Entrevistado al asistir al arranque del Operativo Vacacional de Verano 2019 en Acapulco, el funcionario federal afirmó que el fertilizante sigue siendo funcional para los campesinos a pesar de que ya inició la temporada de lluvias.

Aseguró que el producto que entrega la Federación es de buena calidad, a diferencia de otras administraciones que, dijo, entregaban fertilizante adulterado.

“El fertilizante sirve, la calidad del fertilizante que está entregando el gobierno de México es de las mejores. Los campesinos en la Montaña por ejemplo, reclamaban que necesitaban más bultos de fertilizante porque anteriormente se entregaba fertilizante que en algunos casos podría venir adulterado, pero este fertilizante que estamos entregando hemos estado haciendo revisiones de la composición químicos y está totalmente adecuado para los suelos de Guerrero”, sostuvo.

En cuanto a las denuncias que hicieron algunos campesinos de Acapulco de que el fertilizante no les llegó completo, dijo que se está haciendo la investigación sobre si hubo algún saqueo para poder dar parte a las autoridades correspondientes.

Por otra parte, el delegado federal confirmó que la disponibilidad de vacunas en Guerrero se encuentra solamente a 13 por ciento, pero afirmó que no se ha cancelado ninguna campaña de vacunación y que se está trabajando para que lleguen todas las vacunas a la entidad.

“Han bajado las disponibilidades (de vacunas) que había en el estado de Guerrero, pero no se ha cancelado ninguna campaña de salud ni nada por el estilo. Entonces estamos en tiempo de resurgir y queremos que a esto se le dé la celeridad necesaria para que el estado cuente con todas las vacunas para cumplir con todas las campañas”, enfatizó.

Publicado en Política
Lunes, 15 Julio 2019 00:11

Jurisprudencia sobre secuestro

Existen ciertos delitos conocidos como de alto impacto, sobre los cuales, por su especial gravedad y por la afectación que causan a la colectividad, el Poder Legislativo federal se ha reservado las facultades de legislar, monopolizando dicha competencia frente a las atribuciones legislativas de las entidades locales.

Es el caso de los delitos de secuestro, en los cuales, por mandato constitucional, la atribución para legislar y establecer tipos y penas corresponde al Congreso de la Unión, según apunta el artículo 73 constitucional en su fracción XXI.

Sobre esto se pronunció recién la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el pleno la acción de inconstitucionalidad 109/2015, relativa a ciertos artículos de la legislación penal del estado de Chiapas, en los cuales se trataban temas respectivos al delito de secuestro, entre otros, los cuales fueron declarados inconstitucionales. De esta resolución es de interés el alcance que se da a conceptos como “parámetro de validez”, que en el caso de estas materias comprende, además del texto constitucional, lo señalado en las normas generales dadas por el Congreso.

Según explica el pleno en su argumentación, el artículo 73 fracción XXI de la Constitución precisa los supuestos en los que el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar sobre materia penal, y en el inciso a) establece un régimen de concurrencia en las materias concretas que allí se señalan. En atención a los múltiples precedentes, el pleno ha analizado las notas distintivas de dicho régimen para el caso de los delitos de secuestro y trata de personas, y ha precisado que en esas materias corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión establecer los tipos y penas aplicables, así como distribuir las facultades que a cada uno de los órdenes de gobierno deban corresponder para efectos de su investigación, persecución y sanción.

De esta manera, sigue la explicación del pleno de la Corte, al analizar la constitucionalidad de las legislaciones locales en las que se regulan los delitos de secuestro y trata de personas, el pleno se ha enfrentado a dos tipos de normas: por un lado, las que pretenden tipificar o establecer las sanciones correspondientes –generalmente, mediante la reiteración de los tipos y sanciones contenidos en las leyes generales– y, por otro lado, las que regulan otros aspectos vinculados con esos delitos, distintos a la tipificación y sanción.

En el primer caso, nos señala el pleno, el parámetro de validez es el propio contenido del artículo 73, fracción XXI, inciso a), que confiere al legislador federal la competencia exclusiva para establecer los tipos y las sanciones; mientras que en el segundo caso, dicho parámetro se integra también con lo dispuesto en las leyes generales correspondientes, las cuales distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que en tales casos se ha entrado al análisis del contenido de dichos ordenamientos.

De este modo, es de destacar cómo la idea de “parámetro de validez” se extiende a las decisiones del legislador federal, que en ejercicio de sus facultades ha distribuido las atribuciones sobre estos delitos a las autoridades del Estado mexicano. Si el legislador local ha asumido competencia sobre algún tema que no le ha sido atribuido, entonces devendrá la inconstitucionalidad de dicho acto.

Sigue el pleno que, para determinar si el Congreso del estado de Chiapas tiene competencia, por un lado, para clasificar como graves los delitos de trata de personas y secuestro, y, por otro lado, para establecer que dichos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, hay que considerar que dicha clasificación de gravedad y la consecuente determinación de procedencia de la prisión preventiva oficiosa son cuestiones íntimamente vinculadas al tipo penal y su sanción. De este modo estos temas no pueden ser disponibles para el legislador local, sino que entran en el ámbito de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en torno a los delitos de trata de personas y secuestro.

El pleno precisa que la calificación de gravedad no es parte de la descripción típica, ni del establecimiento de la pena; sin embargo, se trata de una cuestión que modaliza al delito mismo, en tanto de ello derivan consecuencias determinantes para su investigación, persecución y sanción, por lo que la facultad para establecer esta calificación corresponde al orden de gobierno competente para establecer el tipo y su sanción.

De ahí que las normas de la legislación local se hayan considerado contrarias al orden constitucional, y por tanto, fue procedente establecer su invalidez. n

Publicado en Artículo
Lunes, 15 Julio 2019 00:10

Objetivo incumplido

Es una verdad que no necesita demostración el hecho de que no se cumplió el compromiso presidencial de terminar de entregar el fertilizante a los campesinos guerrerenses el 15 de julio, y ello –axiomático también– tendrá consecuencias.

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros anunciaron que se extenderá el plazo para entregar el insumo a los productores que quedaron pendientes de recibirlo.

Tarde se incorporó al programa del reparto al jefe del Ejecutivo estatal y a los alcaldes; el gobierno federal no tuvo otra opción más que tomarlos en cuenta al observar cómo la bola de nieve se desplazaba cuesta abajo y amenazaba con aplastar a los responsables.

No obstante la inclusión, productores desesperados y molestos dieron en apoderarse de bodegas, lo mismo que de unidades de transporte del fertilizante, para repartirse entre ellos su contenido.

Si el anterior censo estaba mal, como aducen los responsables, el nuevo no estuvo mejor; por tanto, no tuvieron más recurso que decidir que darán abono aun a productores no considerados en el censo, con lo cual buscaron reducir el malestar.

Mal habría estado que Astudillo Flores se quedara quieto y callado, observando cómo crecía el conflicto en la medida en que se acercaba la temporada de lluvias y cuando ya había comenzado.

Se trataba de un problema que afectaba al estado que gobierna y, en consecuencia, tuvo que levantar la voz, aunque recibió en respuesta acusaciones morenistas en el sentido de que era el mandatario el que estaba azuzando a los campesinos para que se movilizaran, cuando en realidad los trabajadores del campo tenían razones para inconformarse, pues en tiempos en que en otros años ya tenían todo el abono, ahora se encontraban con las manos vacías.

Al final, representantes federales, gobernador y alcaldes se han metido ya en el tema y buscan darle salida con el menor saldo negativo posible.

Hoy harán corte de caja; verán cuánto han repartido en realidad y cuánto queda por distribuir, además de fijar un nuevo plazo para cumplir el objetivo. n

Publicado en Editorial

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