La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Martes, 09 Julio 2019

Miércoles 10 de julio de 2019, Ciudad de México. Siete meses después de asumir el cargo, Carlos Urzúa Macías renunció a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio de una carta. Aseguró que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, que le fueron impuestos funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública y que esto fue instigado “por personajes influyentes con un patente conflicto de interés”.

En la carta de renuncia inmediata hizo varias recriminaciones. En el resto manifestó su “profundo agradecimiento” al mandatario por el “privilegio de haber podido servir a México”.

Esta dimisión se dio un día después de que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el cual Hacienda delega en la Oficialía Mayor la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco de las compras gubernamentales.

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, señaló Urzúa en la misiva, y luego reforzó su argumentación: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda.

“Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, reprochó el ex funcionario, y criticó a los funcionarios impuestos y los “personajes influyentes con un patente conflicto de interés”, sin hacer alguna mención en particular.

Aún sin cumplirse el primer año de la administración federal ya han renunciado siete funcionarios al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Entre los más relevantes, el de Carlos Urzúa se cuenta como el tercero. Germán Martínez inauguró las salidas de la Cuarta Transformación al renunciar a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), justo con una acusación contra Hacienda.

Más allá de que la SHCP es por sí misma central al ser rectora del destino de los dineros públicos, en la administración de López Obrador se reforzó su centralidad con el respaldo a Petróleos Mexicanos mediante una política que tiene como finalidad reducir su carga fiscal y el recorte en otras dependencias para inyectar más recursos a la empresa productiva del Estado. El plan de negocios para la petrolera es uno de los pendientes en la dependencia.

Hasta antes de la renuncia de Urzúa, la política de austeridad requerida por el presidente López Obrador tuvo eco. Tanto, que en el acumulado de enero a mayo el ahorro registró un suberjercicio de 140 mil millones de pesos.

Uno de los principales autocríticos de la austeridad del gobierno federal ha sido el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, quien ha reiterado: “En algunas cosas se nos pasó la mano (…), así que vamos a rectificar en decisiones mal tomadas”.

La semana pasada Romo retomó el tema al advertir que el periodo de abril a junio que acaba de concluir no se perfila “tan positivo”, por el impacto de las políticas fiscal y monetaria restrictivas.

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Chilpancingo, Gro. Ayer martes fueron liberados los "Servidores de la Nación", Gabriel Ramos López y Guillermo Rosendo Martínez, retenidos desde el pasado 4 de julio por campesinos del municipio de Tlacoachistlahuaca, que demandan la entrega de fertilizante.

El secretario General de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, informó que desde la tarde lograron la liberación luego del diálogo con los campesinos inconformes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, reportó el despliegue de casi 300 policías estatales, a bordo de 59 vehículos, para el resguardo del fertilizante en 122 bodegas mediante recorridos diurnos y nocturnos.

Lo anterior se informó durante una Mesa Central del gobierno de Guerrero con autoridades federales para revisar los avances y coordinar la entrega del insumo agrícola que el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió concluir este 15 de julio, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal han reforzado las acciones para su resguardo.

En la reunión estuvieron el gobernador del estado, Héctor Astudillo, el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Umberto González Quintero y el responsable de Segalmex en Guerrero, Salvador Barrera Sánchez, entre otros funcionarios estatales y federales.

La sesión concluyó con el exhorto a campesinos inconformes por el retraso en la entrega del fertilizante, para que contribuyan con su paciencia, con el fin de que el insumo llegue a los productores de las siete regiones de Guerrero, como lo ofreció el presidente López Obrador.

 

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“Existe contaminación de la cisterna de agua por la filtración de aguas negras del drenaje”

Cancelan todas las cirugías programadas ante una posible infección, sólo atienden urgencias, indican


Tlapa, 9 de julio. Trabajadores del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) pararon labores para exigir a las autoridades de salud del estado y federal que atienda las necesidades y mantenimiento del inmueble, ya que existe una contaminación de la cisterna de agua por la filtración de aguas negras del drenaje por lo que se han cancelado todas las cirugías programadas ante una posible infección.

Alrededor de las 7 de la mañana los trabajadores del hospital Issste iniciaron un paro de labores dejando únicamente el área de urgencias funcionando, esto para presionar a las autoridades de salud del estado y federal para que atiendan urgentemente la crisis que vive el nosocomio.

Manuel Sambrano Bernal delegado sindical informó que el personal del hospital decidió realizar el paro de labores debido a que las autoridades no han hecho caso al problema de las instalaciones.

Uno de los problemas es que la planta de energía del hospital se encuentra puenteada con cables y no con fusibles, además de que la subestación eléctrica no funciona en caso un apagón, esta se tienen que encender manualmente.

El hospital tiene más de tres años sin ofrecer el servicio de rayos x, mismo que las autoridades se han negado a sustituir argumentando la falta de presupuesto.

“Tenemos problemas en el laboratorio, no tenemos reactivos para tomar muestras, los derechohabientes tiene que pagar sus reactivos cuando vienen a tomarse alguna muestra y esto mismo genera un malestar en los usuarios”, indicó.

Para los trabajadores del hospital el problema más grave es el drenaje del hospital que se encuentra saturado y en esta temporada de lluvias ha provocado que las aguas negras se filtraran a la cisterna de agua que abastece a todo el hospital.

“En estas condiciones el hospital no puede laborar debido a un posible brete de infección por la contaminación del agua, la misma agua estancada ha provocado la propagación de los sancudos, justo en esta temporada en la que hay un gran brote de dengue y el hospital por sus malas condiciones esta siendo un punto de creación de mosquitos”, resaltó.

Manuel Sambrano Bernal el hospital no cuenta con personal de intendencia para realizar la limpieza del hospital, por lo que cada personal asea su área pero para los baños el directivo tiene que pagar un personal de vez en cuando para hacer la limpieza.

Concluyó mencionando que por las condiciones de higiene y contaminación del agua los directivos de hospital habían decidido cancelar todas las operaciones programadas y referirlas a otro hospital, hasta que se atienda la problemática.

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Argumenta el ex director de Operación que la resolución comete agravios en su contra

Interpone la queja ante el TJA para no reponer el desvío de más de ocho mdp en la paramunicipal


Chilpancingo, 9 de julio. El ex director de Operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama), Juan Antonio Ramírez Valle promovió un juicio de nulidad contra la resolución de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para no reponer el supuesto desvío de recurso por más de 8 millones de pesos.

A finales de mayo de este año, la ASE concluyó la fiscalización que hizo a los recursos de la Capama y determinó que sí hubo daño al patrimonio de la paramunicipal por lo que procedió a inhabilitar al que fungía como director general, Javier Chona Gutiérrez; el director de Finanzas y Administración del organismo, Adolfo Galeana Salas; y al director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle, quienes deberán reponer en un plazo de cinco días hábiles el monto de lo observado, que asciende a un total de 146 millones 922 mil 607 pesos.

En entrevista luego de inaugurar un curso de capacitación a alcaldes y tesoreros sobre la integración de los presupuestos, el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta informó que los es funcionarios no cumplieron con el pago establecido en la resolución de la ASE, por lo que ya dieron vista a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para que procedan de acuerdo con lo que la ley establece.

Informó que el que fungía como director de Operación de la Capama, Juan Antonio Ramírez Valle promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, contra la resolución de la ASE e incluso dijo que ayer lunes firmó la contestación al juicio.

El ex director de Operación de la Capama argumenta que la resolución de la ASE comete agravios en su contra, sin embargo, el auditor en la contestación al juicio de nulidad del TJA señala que se están presentando los argumentos legales correspondientes que ratifican que desde la perspectiva de la ASE, los ex servidores públicos “realizaron conductas que terminaron en daños de carácter patrimonial en esta paramunicipal”.

Damián Peralta manifestó que la ASE será respetuosa de medios de defensa que establece la ley para estos casos, sin embargo, aseguró que es importante mencionar que las inhabilitaciones están firmes.

El auditor precisó que hasta el momento es el único juicio de nulidad, aunque no descartó que los otros dos ex servidores públicos hagan lo propio.

“Hasta este momento la resolución está vigente y las inhabilitaciones también y tengo confianza en que una vez que se desahoguen, que seguramente esto se tendrá que, incluso, dirimir ante los juzgados de competencia federal, estoy seguro en la resolución emitida por la ASE y confío en que vamos a tener resultados positivos por parte de los órganos encargados de verificar que el pronunciamiento de la ASE fue apegado a derecho”, dijo.

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