La Jornada Guerrero - Miércoles, 19 Junio 2019
Jueves, 20 Junio 2019 00:34

Después de la crisis

Cuando haya pasado la crisis del fertilizante –que en estos días concentra todos los reflectores, con sobrada razón–, los problemas crónicos de Guerrero seguirán ahí, pues el tema emergente los ha desplazado a un segundo plano, pero sólo por un tiempo.

Avanzará la temporada de lluvias, llegará el tiempo de la cosecha, y con el tiempo el tema del insumo agroquímico pasará a segundo y hasta a tercer plano, si no es que desaparece del escenario por una temporada.

Entonces, los alcaldes, el Congreso local y el Poder Ejecutivo del estado verán que sigue ahí el problema de las indemnizaciones que los gobiernos municipales deben pagar a cientos de trabajadores cuyo despido no fue debidamente justificado ante la autoridad laboral, y que ya constituye una deuda de magnitud tal que compromete las finanzas y los programas de gobierno de las alcaldías.

Por eso es loable que el Congreso local haya empezado a poner manos a la obra en este asunto al instruir a la Auditoría Superior del estado que emprenda una revisión de los presupuestos de los gobiernos municipales en busca de verificar que, en efecto, incluyan –por primera vez en la historia– una partida para saldar compromisos laborales ordenados por tribunal, y al exhortar a los alcaldes a informar lo correspondiente.

La acción de los legisladores, sin embargo, no debe quedar ahí, sino ir a fondo, pues el asunto de los laudos laborales con cargo a las finanzaas públicas puede llegar a paralizar a más de un ayuntamiento, a impedirle cumplir sus obligaciones básicas, que son brindar servicios, entre ellos la seguridad física y patrimonial, a sus gobernados.

De poco servirá que los cabildos incluyan una partida en el presupuesto de egresos de su municipio para el pago forzoso de indemnizaciones a ex trabajadores, si no cambia la práctica de los alcaldes de despedirlos sin suficiente justificación.

Los diputados deben regular ese aspecto de la gestión municipal, para que los alcaldes no puedan hacer eso, así como tampoco contratar personal adicional por encima de las posibilidades financieras de su ayuntamiento.

Para ello deben hacer cuanta reforma sea necesaria para responsabilizar a los ediles de sus actos y limitar el tamaño de la nómina municipal, en relación directamente proporcional al tamaño de la población del municipio.

La solución, en realidad es sencilla. Sólo requiere voluntad política. n

Publicado en Editorial

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