La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 17 Abril 2019

La decisión pasó de ser religiosa a económica, indican


Taxco, 17 de abril. Una comisión de mineros de la sección 17, acudieron al aniversario 13 del asesinato de dos obreros en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hasta donde fueron a pedir respaldo a las otras secciones del país, en caso de que el 23 de abril Grupo México reabra ilegalmente las minas de Taxco.

Vía telefónica, el secretario general de la sección 17 de Taxco, Roberto Hernández Mojica, dio a conocer que en esta manifestación donde fueron asesinados dos mineros en Michoacán en el gobierno del ex presidente Vicente Fox, también se condenaron las huelgas mineras que aún existen después de 11 años.

Indicó que en Michoacán se celebró la primera reunión de la Confederación Internacional de Trabajo (CIT), donde condenaron todos los asesinatos, huelgas y agresiones al gremio obrero en México.

Así mismo dijo que se pidió el respaldo de las secciones mineras, en caso de que el 23 de abril, Grupo México “de manera ilegal pretenda reabrir las minas, o realizar algún desalojo en Taxco”.

Manifestó que los mineros de Taxco, están “indignados por lo que ha circulado, en una huelga que es legal y que también muchos empresarios están interesados en obtener la concesión”.

Dijo que fue un encuentro obrero, que sirvió para refrendar en México primero la fuerza obrera, y en segundo el respaldo para Taxco, en caso de que se presente alguna acción fuera de la legalidad como se ha venido manejando.

Hernández Mojica expresó que hay un momento oportuno, para la unidad y solidaridad con los obreros de México, de los sindicatos “en defensa de una plataforma, en la que se busca que sean respetados los derechos laborales y también los derechos humanos”.

Dijo que se espera que este jueves regresen los obreros a Taxco, para que se dé a conocer en la asamblea de fin de semana los últimos acuerdos con la CIT y con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Minero.

Publicado en Sociedad y Justicia
Jueves, 18 Abril 2019 00:26

La SCJN y sus orígenes

La organización actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) data del 31 de diciembre de 1994. El gobierno entrante en ese momento realizó un cese masivo de los 21 ministros numerarios y cuatro supernumerarios, en un acto que más que considerarse inconstitucional, se asemejó a un Golpe de Estado.

Las opiniones sobre este acto insólito se dividieron. Para algunos, se trató de una coalición perversa entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, unidos para violentar la Constitución y desaparecer la cabeza de un poder constituido. En favor de la decisión se dijo que fue una medida drástica para frenar la corrupción y las inmoralidades, que además se haría un cambio total, esto es, se les exigiría renunciar a magistrados y jueces, lo cual nunca sucedió.

Lo cierto es que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por 11 ministros, tiene ese origen espurio, que en el mejor de los casos resulta cuestionable. En el marco de esa decisión presidencial se estableció la base de la configuración actual de nuestro Poder Judicial Federal.

En el transcurso de los años, de 1994 a la fecha, el Poder Judicial consolidó cierta independencia frente a los otros poderes, pero lamentablemente desvió el camino hacia senderos poco democráticos. En los casos críticos, se ha visto un Poder Judicial sumiso a intereses oscuros y al “entreguismo”, proclive a la consigna; ejemplos abundan como el anatocismo y las resoluciones favorables “a modo”. La Corte se dedicó a perseguir sus propios intereses; esto es claro en hechos como el aumento desproporcionado de sueldos y canonjías sin ningún decoro ni prudencia, y no se diga el descarado nepotismo, que no sólo es algo públicamente conocido, sino también una auténtica práctica “institucionalizada”.

Actualmente es imposible encontrar a un ministro, magistrado o juez que no tenga parientes favorecidos dentro de la institución. La desfachatez no tiene límites: los hijos, nietos, sobrinos son beneficiados; se les permite ocupar cargos para los que no están preparados, gracias al influyentismo. Este poder debería cambiar de nombre, y asumir la bien ganada denominación de “Poder Judicial Familiar”.

Publicado en Artículo
Jueves, 18 Abril 2019 00:24

Un nuevo Semefo

El anuncio que hizo este miércoles el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, de que esa dependencia busca terreno para construir un nuevo Servicio Médico Forense, con capacidad mayor al que ahora opera en Acapulco, se presta a la perfección para aplicarle el refrán “más vale tarde que nunca”.

Llega tarde porque el puerto –y las otras ciudades grandes del estado, al menos– debería contar con un espacio suficiente en tamaño y en quipamiento para procesar en un plazo razonablemente breve todos los cadáveres levantados por el Ministerio Público, cuya cifra se ha incrementado de manera exponencial desde que se desató el crimen organizado.

Pero llega aún a tiempo, pues –según se ven las cosas y según prevén autoridades y expertos– aún habrá muchos cadáveres que levantar en lo que el país se apacigua, proceso que tomará mucho tiempo todavía.

El gobierno federal aún tiene que poner en operación partes importantes de su estrategia de seguridad. La creación de la Guardia Nacional, el reforzamiento de la capacidad de la ley de Extinción de Dominio y el programa para reclutar en el sector productivo oficial a jóvenes desempleados –para apartarlos de la posibilidad de que sean reclutados por criminales– son importantes, pero no son lo único que se necesita para abatir la criminalidad.

Aún faltan dos acciones básicas y fundamentales, sin las cuales no será posible alcanzar esa meta: cerrar el paso a las armas para que no entren al país –tarea que se antoja titánica por todas las horas-hombre y por todos los recursos tecnológicos que requerirá– y despenalizar todas las drogas de origen natural, cuyos usos más inmediatos son el lúdico de la mariguana y el medicinal de la amapola.

Y aun cuando ya haya hecho todo eso, todavía pasará un buen tiempo, tal vez años, antes de que los criminales causantes de la violencia salgan de circulación: se irá reduciendo su margen de utilidad, irán perdiendo las armas y el dinero, y ya no tendrán a los jóvenes desempleados como ejército de reserva para reclutarlos como sicarios. Así hasta resignarse a abandonar el negocio que hoy les deja grandes ganancias o hasta morir en el intento por conservarlo.

El gobierno federal también debe reconocer que le falta afinar estrategias que ya están en operación; por ejemplo, hoy se sabe que 89 por ciento de los jóvenes contratados en trabajos formales no viven en las barriadas violentas a las que, de origen, estaba enfocado el programa.

Y mientras se afianza la paz, los cadáveres seguirán llegando a las cámaras frigoríficas. n

Publicado en Editorial

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