La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Domingo, 14 Abril 2019

Conseguida la independencia del país, el primer Congreso emitió el 31 de enero de 1824, el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, que prevé el sistema federal y la división en tres poderes, depositando el Judicial en una Corte Suprema de Justicia y los Tribunales estatales. Este esquema se consagra en la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 4 de octubre de 1824, que estableció un gobierno republicano, representativo y federal.

En ese momento se fija la idea de contar con un poder judicial, según el modelo clásico de la división de poderes, que se ha seguido en los dos siglos siguientes.

Los artículos 123 al 156 de la constitución de 1824 atienden lo relativo al Poder Judicial de la Federación. Sobre la Corte Suprema de Justicia, se determina que ésta se compondrá de 11 ministros, distribuidos en tres salas, y de un fiscal, pudiendo el congreso general aumentar o disminuir su número si lo juzgare conveniente (artículo 124). Los miembros de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos (artículo 127).

Entre las facultades de la Suprema Corte encontramos (artículo 137): conocer de las diferencias que pudieran surgir de uno a otro estado de la Federación; entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos estados; terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebrados por el gobierno supremo o sus agentes; consultar sobre pase o retención de bulas pontificas, breves y rescritos, expedidos en asuntos contenciosos; dirimir las competencias suscitadas entre los tribunales de la Federación, y entre éstos y los de los estados, y las que se muevan entre los de un estado y los de otro.

Paralelamente, la constitución de 1824 prevé Tribunales de Circuito, que se compondrán de un juez letrado, un promotor fiscal, ambos nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, y de dos asociados, según dispongan las leyes (artículo 140).

Publicado en Artículo
Lunes, 15 Abril 2019 00:32

Crónica de un fraude a Capama

No pocas veces, la información oficial lejos de orientar, aclarar o precisar, mas bien confunde.

El siguiente caso es un ejemplo ilustrativo. El 3 de octubre de 2017, en la revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2016, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntos daños patrimoniales por desvíos de recursos por 194 millones 577 mil 346.98 pesos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama).

El 21 de febrero de 2018 dio a conocer el pliego resolutivo de la fiscalización en el que hace constar que sólo se comprobaron 5 millones 972 mil, debiendo resarcirse 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos.

Aseguró que se inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra los cuatro funcionarios involucrados: el entonces director general Javier Chona Gutiérrez; el de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos; y el de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.

En marzo explicó que este procedimiento les ha sido notificado de manera personal a los tres presuntos responsables: Javier Chona Gutiérrez, ex director general; Guillermo Adolfo Galeana Salas, ex director de Administración y Finanzas, y Juan Antonio Ramírez Valle, ex director de Operación.

(Aquí, la ASE excluye ya de la lista a la ex directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos)

Abundó que este procedimiento resarcitorio es por un daño a la hacienda pública de Capama por 138 millones 919 mil pesos. (O sea, ¿ya no son 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos, los que deben resarcirse de acuerdo con el pliego resolutivo?).

No obstante que en febrero había aseverado que ya se había emitido el pliego resolutivo y el 11 de abril apuntó que ya se habían presentado 23 demandas penales, expresó que ya comparecieron los tres ex funcionarios ante la ASE y que no pudieron comprobar el faltante.

Calculó que si no hay ningún contratiempo, a finales de abril o a principios de mayo estará emitiendo su resolución en base a estos casi 140 millones de pesos señalados.

(O sea, que ¿el Ministerio Público lleva el caso por un lado y la ASE lo lleva por otro? Una más: ¿emitirá resolución de casi 40 millones de pesos cuando, según el pliego resolutivo, el daño comprobado asciende a 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos?).

El 11 de abril, el  presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, Jesús Villanueva Vega, informó que para mayo ya se tendrán los resultados de la auditoría. (¿El resultado no es el que arrojó el pliego resolutivo?, ¿Habrá una segunda sentencia?, ¿Por qué se manejan cantidades diferentes sobre el fraude?, ¿Por qué excluyeron a uno de los cuatro culpables?). n

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