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Lunes, 21 Mayo 2018 01:02

Dos cartas

La represión contra luchadores sociales indígenas, defensores del medio ambiente y activistas es una realidad lacerante. Además de los dos ejemplos que mencionaré más adelante, dejaré constancia del confinamiento en que mantienen al defensor de derechos humanos Damián Gallardo, maestro que militó en la APPO y que permanece encarcelado injustamente desde 2013.

Mexicali Resiste. La primera carta de la que escribiremos fue dictada desde la cárcel por León Sedov Fierro Reséndiz el 17 de este mes. En ella recuerda que el 8 de mayo fue catalogado como sujeto peligroso y colocado en prisión preventiva. El padre de dos niños y una niña, viudo, se pregunta por qué tener en prisión a un profesor doctorado en ciencias que ha impartido clases en diversas escuelas, a un activista comunitario, a un tallerista multidisciplinario.

En su misiva, el integrante del movimiento que une esfuerzos de agricultores, organizaciones sociales y ciudadanos que están en defensa del agua ante la construcción de la nueva fábrica de la multinacional cervecera Constellation Brands en Baja California, al norte de México, se cuestiona si se le encarcela por haber participado en  #YoSoy132 o en manifestaciones contra guerras, invasiones y matanzas de gobiernos imperialistas como Estados Unidos o Israel, o por apoyar diversas luchas en el mundo, o estar contra las reformas estructurales.

En el texto reitera sus cuestionamientos y supone que encarcelan a la gente tal vez por defender su autodeterminación contra matanzas como la de Atenco o Acteal,  por apoyar a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, o quizá por solidarizarse con periodistas o con el pueblo de Nochixtlán o por estar contra la impunidad de los feminicidios que crecen como nunca en Baja California.

Fierro ataja sus preguntas abiertas y señala que su encarcelamiento puede ser por atentar contra los negocios del gobernador (Viscarra, con Proyecto Incluyente de Mexicali, o Loyola, con Constellation Brands), en los cuales están involucrados el propio presidente de la República, el alcalde de Mexicali, el ex secretario de Sidue en Baja California Manuel Guevara, el ex alcalde de Mexicali Jaime Díaz, el senador panista Víctor Hermosillo y, ahora, la gobernadora priísta de Sonora, Claudia Pavlovich; o por atentar contra el gran negocio binacional del agua, ahogado en desalinadoras y otros negocios de asociaciones público-privadas.

En su posdata, el ingeniero da cuenta de las pésimas condiciones de internamiento y destaca que hasta los peores criminales han entendido la importancia de la lucha e incluso los custodios que, a su decir, desde que entró el gobernador Kiko Vega, permanecen bajo un régimen laboral abusivo.

Cecop. La otra carta de la que hablaremos la escribió Marco Antonio Suástegui Muñoz. Está fechada el 16 de mayo en el penal de Las Cruces, en Acapulco, y dirigida a sus compañeras y compañeros de la Policía Comunitaria, a Nestora Salgado, de parte de las 25 personas privadas de la libertad desde el 7 de enero, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (Cecop), y de la Policía Comunitaria de la comunidad indígena de Cacahuatepec. Lugar donde desde hace más de 15 años existe un movimiento en defensa del agua ante la instalación de una hidroeléctrica.

Suástegui da cuenta de que es la cuarta ocasión en que lo encarcelan injustamente y que, a pesar de las adversidades y lesiones graves derivadas de la tortura perpetrada por elementos policiales al momento de su detención, está vivo.

El arquitecto, vocero del Cecop pide la unidad de las luchas de La Montaña a la Costa de Guerrero y pronunciarse por la liberación de todos los presos políticos del país y del estado, así como la libertad de Gonzalo Molina, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, detenido desde 2013.

También pide justicia para sus compañeros caídos Ulises García Martínez y Eusebio Elacio Martínez, asesinados la madrugada del 7 de enero en La Concepción “a manos de un grupo paramilitar formado por narcoempresarios y el gobierno del estado”.

Pide –una demanda también necesaria e ineludible– castigo a los policías estatales, ministeriales, federales y efectivos militares que asesinaron a la vista de la gente a plena luz del día a sus compañeros Alexis Santos, Feliciano Ascencio y Crecenciano Everardo, el mismo 7 de enero alrededor del mediodía durante un aparatoso operativo de las corporaciones mencionadas donde se tiene registro de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos.

Suástegui demanda en su carta la salida de la Policía Estatal de los bienes comunales de Cacahuatepec, porque sólo amedrentan a los campesinos que se oponen a la presa La Parota. Insiste en la expulsión de los “narcoempresarios gravilleros que explotan el río Papagayo, tales como Humberto Marín, Armando Valle y Javier Cadena, amafiados con grupos de la delincuencia organizada y protegidos del gobierno del estado”.

Además de exigir la renuncia del gobernador Héctor Astudillo, remarcó con la tinta en su mano: ¡Zapata vive, la lucha sigue! ¡La tierra no se vende! La carta fue entregada en Olinalá por familiares de los presos que viajaron desde Acapulco rural en busca de la solidaridad de integrantes de la Policía Comunitaria de la Crac-PC que mantienen su esfuerzo por estar agrupados y vigentes en un contexto estatal que lastima a los guerrerenses con tanta violencia, impunidad y represión. n

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Lunes, 21 Mayo 2018 01:02

Palabras contra la violencia

Si, como afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en su visita a Acapulco este viernes 18, el gobernador Héctor Astudillo “cuenta con todo el respaldo de la Federación, todo su apoyo, para hacer de Guerrero el gran estado que es y eliminar los problemas, en particular el de seguridad”, habrá que entender que, de plano, el gobierno de la República ha sido incapaz de resolver la inseguridad, la misma que durante su campaña se comprometió a abatir el presidente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar la 119 Jornada Nacional del Notariado Mexicano, el funcionario federal se lució; no dejó la más pequeña duda de que el gobierno estatal cuenta con todo el apoyo del gobierno federal; sin embargo, los resultados, particularmente en cuanto a la violencia y la inseguridad, no han sido los esperados, sino, por lo contrario, la situación ha empeorado, porque la comisión de asesinatos dolosos ha ido en aumento constante.

Rápidamente halló una justificación al fracaso en este renglón. “Este problema no se resolverá con fórmulas mágicas, sino con esfuerzo, con trabajo, con disciplina”.

Tal vez porque acaba de asumir el mando de la SG, Navarrete Prida no se ha dado cuenta de que el actual sexenio está a punto de terminar y es esta la hora en que los resultados de ese esfuerzo, ese trabajo, esa disciplina, están muy lejos de los resultados que puedan dar a los guerrerenses la tranquilidad con la que puedan vivir en paz.

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