La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Jueves, 22 Febrero 2018

Policías y marinos intentan, sin éxito, desarmar a los comunitarios; retienen a un agente

Obligan a las autoridades a una mesa de trabajo, donde piden cancelar órdenes de aprehensión

Desde hace 4 años disminuyen los delitos en el lugar desde que vigilan policías ciudadanos, dicen


Pobladores de Xaltianguis, comunidad de la zona rural de Acapulco, bloquearon la carretera federal Acapulco-México desde la madrugada, luego de que elementos de diferentes corporaciones policíacas y la Armada de México intentaron efectuar un operativo de desarme de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

De acuerdo a versiones, el conflicto inició alrededor de las 3 de mañana, cuando elementos de la Procuraduría General de la República y la Armada de México intentaron implementar un operativo de desarme de los elementos comunitarios.

Debido a lo cual ambas partes amagaron con accionar armas de fuego.

Pobladores señalaron que la intención del despliegue era detener al comandante de la Upoeg, Ernesto Gallardo, lo cual no consiguieron las fuerzas de seguridad, aunque habitantes del lugar señalaron que fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas y extrajeron objetos de valor.

Incluso, durante la madrugada sonaron las campanas del pueblo para convocar a los habitantes de Xaltianguis a concentrarse para defender a sus policías comunitarios.

En la acción, al menos fue detenido un policía comunitario, mientras que un agente federal fue retenido por la Upoeg.

La carretera federal se mantuvo bloqueada desde las 3 de la mañana aproximadamente hasta pasada las 18 horas con piedras, lonas, vehículos compactos y pesados.

Pobladores de Xaltianguis exigieron una mesa de trabajo con los gobiernos estatal y federal, la cual dio inicio alrededor de las 3 de la tarde en un hotel de Acapulco.

Representantes de Xaltianguis plantearon que los policías comunitarios no sean desarmados y que sean canceladas órdenes de aprehensión contra sus elementos, además de proyectos productivos y programas sociales para el desarrollo de la localidad.

La comunidad de Xaltianguis se encuentra a alrededor de 50 kilómetros de Acapulco.

Desde hace alrededor de cuatro años, policías comunitarios de la Upoeg, agrupados en el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, se hacen cargo de la vigilancia en la localidad de Xaltianguis, a raíz de lo cual, subrayaron, disminuyeron los índices delictivos.

Publicado en Sociedad y Justicia
Viernes, 23 Febrero 2018 00:05

Olor a ilegalidad

Conocido ya el pliego resolutivo de la fiscalización que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), el cual determina que se justificaron solamente 5 millones 972 mil del faltante de 194 millones 577 mil pesos, la siguiente fase del procedimiento consiste en el fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra los funcionarios involucrados en la administración de la paramunicipal en 2016.

Ellos son: el director general, Javier Chona Gutiérrez; el director de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos; y el director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle, quienes serán notificados para que presenten pruebas del uso de 188 millones 605 mil pesos en calidad de presuntos responsables.

De no acreditarlos se les fincará un crédito fiscal o se les embargarán bienes, que pueden ser acompañados de responsabilidades penales o administrativas.

Un anexo del informe entregó la ASE al Congreso en el cual se desglosan las observaciones, por ejemplo, el referente a “ajustes a cuentas de usuario por refacturación” por 6 millones 441 mil 721 pesos; el mismo se refiere a que condonaron el pago de saldo de cuentas a usuarios sin justificación y sin cumplir la normatividad. No justificaron un solo centavo.

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Su construcción causa que la población de moluscos se pierda en la zona, advierten

Exigen a GMD que pague en su totalidad las indemnizaciones correspondientes a 137 familias


Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués, se instalaron la mañana de este jueves en plantón indefinido en el acceso principal a la Marina Majahua, construida por Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), en la bahía de Puerto Marqués, para exigir a la empresa que cumpla con las indemnizaciones completas correspondientes a 137 familias.

Los inconformes criticaron que la construcción de la Marina Majahua ha provocado contaminación y pérdida de especies marinas.

Además de que la orilla de playa ha perdido aproximadamente 500 metros de la franja de arena, con afectaciones para alrededor de 25 restaurantes pertenecientes al bloque Tres de Puerto Marqués.

En representación de la sociedad cooperativa, Gregorio Pérez Palma, expresó que “la inconformidad es que Grupo Mexicano de Desarrollo ha incumplido con las indemnizaciones a los pescadores, han hecho algunos pagos pero de manera parcial, por eso la exigencia es que paguen los adeudos que tiene con cada uno de los pescadores”.

Pérez Palma señaló que es necesario entablar una mesa de trabajo con los empresarios para determinar el monto de la deuda, pues en algunos casos GMD ha pagado ciertas cantidades a algunas familias, pero sigue pendiente más de la mitad de la deuda.

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Padres de familia de dos primarias se quejan de falta de docentes


Tecpan, 22 de febrero. Unos 60 padres de familia de las escuelas primarias Cuauhtémoc y Francisco Villa, las dos ubicadas en el mismo inmueble, de la comunidad de El Paraíso, en Atoyac, tomaron la delegación de los Servicios Educativos Costa Grande y posteriormente bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del crucero a la localidad de Tetitlán, para protestar porque las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no enviaron a los tres maestros que hacen falta desde el inicio del ciclo escolar.

Los inconformes llegaron a bordo de cinco urvans a la oficina regional y de inmediato pidieron a los trabajadores salir del edificio para cerrarlo con candados y cadenas. Dentro del inmueble quedaron varios trabajadores, entre ellos Eduardo Lozano Manzo, jefe del Sector 08 de Primarias en la región, y responsable del envío de profesores a las escuelas y a quien los padres reclamaron por la falta de respuesta al problema en la primaria, a pesar de que, desde el inicio del ciclo escolar, se comprometió a enviar a los docentes que hacían falta.

El funcionario por más intentos que hizo por comunicarse con las autoridades educativas en el estado para darles a conocer la inconformidad de los pobladores, no recibió respuestas favorables para solucionar el problema, lo que originó el acuerdo de los quejosos de trasladarse a la vía federal para cerrarla, con el propósito de presionar a la SEP.

Minutos más tarde, se apostaron en la vía carretera, a la altura del crucero a la comunidad de Tetitlán, donde atravesaron las urbans en las que viajaron y colocaron piedras y troncos para cerrar el paso en ambos carriles, al tiempo que un grupo de mujeres mostraban cartulinas en las que exigían la llegada de maestros a los dos planteles.

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