La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Lunes, 05 Noviembre 2018

Acusan al director y a sus colaboradores de acosar laboralmente a un grupo de empleados

Demandan el pago de un estímulo anual, que no les han cubierto porque no apoyan a la líder del Sntsa


Trabajadores del hospital general Donato G. Alarcón, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento, protestaron en el asta bandera de playa Papagayo para exigir el pago de un estímulo anual.

Denunciaron que el estímulo no se les ha pagado a 40 trabajadores del hospital porque no apoyan a la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez.

A las 10:30 de la mañana, tres trabajadores protestaron con cartulinas por alrededor de una hora para exigir a las autoridades de la Secretaría de Salud que tomen cartas en el asunto.

En declaraciones a reporteros, la médico general Miriam Pérez Narcia acusó al director del hospital, Domingo Juárez Ramírez, al jefe de Recursos Humanos, Ariel Terrazas Téllez y a la delegada sindical, Raquel Estrada Villaseñor de acosar laboralmente a un grupo de trabajadores desde hace ocho meses.

Añadió que recientemente fue entregado a trabajadores un estímulo anual denominado Asistencia Perfecta, pero por primera vez en 20 años ella no lo recibió a pesar de que no pidió permisos ni incapacidades en este año.

Abundó que en total están siendo afectados unos 40 empleados del hospital por la falta de pago de ese estímulo.

Atribuyó dicha situación a que se acerca el proceso electoral para renovar la dirigencia de la sección 36 del Sntsa, que actualmente encabeza Beatriz Velez Núñez, y ese grupo de trabajadores nunca ha apoyado a la aún líder sindical.

“Como se acerca el proceso electoral donde se tiene que cambiar a Beatriz Velez Núñez puesto que ya lleva más de diez años en el sindicato, la señora se ha mantenido en el poder a través de amenazas, porque a nosotros en el trabajo siempre hemos sido amenazados a través de sus delegados si no la apoyamos”.

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El comedor al servicio de los indígenas está en desabasto: consejo


Tlapa, 5 de noviembre. “Jamás habíamos visto un gobierno tan sintetizado y excluyente como el gobierno de Héctor Astudillo y sus secretarios, ellos se han deslindado de los apoyos para las familias jornaleras indígenas de La Montaña”, lamentó Miguel Martínez del consejo de jornaleros agrícolas de La Montaña.

Desde inicios del mes de septiembre a la fecha el consejo y Tlachinollan han documentado la salida de más de 2 mil jornaleros agrícolas hacia el norte el país.

Este martes cerca de 500 jornaleros salieron en ocho autobuses con destino a los campos agrícolas del estado de Sinaloa. La mayoría de ellos provenientes de los municipios más pobres tuvieron que iniciar su viaje sin haber probado algún alimento.

Desde la ultima semana de agosto el comedor al servicio de los jornaleros quedó en desabasto de víveres y alimentos debido al incumplimiento de la secretaría de asuntos indígenas y pueblos afromexicanos.

Para esta temporada alta de migración 2018-2019 el gobierno del estado solo hizo entrega de un pequeño dotación de víveres que sólo duró para escasos tres días, desde entonces no hay ninguna respuesta.

Para Miguel Martínez represente del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña el gobierno de Héctor Astillo ha sido el más desinteresado en mejorar las condiciones de las familias jornaleras, y quien ha sido excluyente y clasista.

“Tenemos minutas desde el 2017 que no se han cumplido para reparar los dormitorios, el estacionamiento que tanto se dijo pero lo más doloroso es el poco interés que han tenido los secretarios de asuntos indígenas, que no cumplen, se desvían recursos, que piensan más en sus intereses políticos o particulares y no en la alimentación de estas familias”, recriminó Miguel Martínez.

Otra de las demandas de la USI es el abastecimiento de medicamento para el módulo de atención médica para jornaleros agrícolas.

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Existen múltiples denuncias contra la funcionaria que no han sido atendidas, acusan

En Acapulco toman instalaciones ubicadas en Palacio Federal en apoyo a trabajadores de Chilpancingo


Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se manifestaron en Acapulco, donde tomaron las instalaciones de la dependencia, en el interior del Palacio Federal, en solidaridad con sus compañeros de Chilpancingo, quienes tomaron oficinas el miércoles de la semana pasada, por falta de insumos para laborar.

El secretario de la sección 17 del Sindicato de Trabajadores de la Sagarpa, Eloy Ramos Tabares, expresó que “nos deben papelería, tenemos equipos de cómputo que no funciona, no tenemos impresoras, nos hace falta material para atender a los productores”.

Especificó que en Sagarpa de Guerrero son atendidos 13 mil productores en Juan R. Escudero y Acapulco, además del programa de atención a productores y ganaderos, entre otras actividades.

Subrayó que “por eso estamos en apoyo, cerrando las oficinas de Acapulco, a la jefa de distrito, Juanita Natividad Díaz, pues es una situación que se está presentando en el estado de Guerrero”.

Ramos Tabares recriminó que “tampoco nosotros tenemos materiales, por eso nos unimos al paro, somos 18 trabajadores de base, por lo que está frenando el abasto operativo de los programas de la Sagarpa”.

Advirtió que son cinco meses con fallas en el suministro de insumos. Exigió atención de la subdelegada de Sagarpa, Marta Eloína Morales García.

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El fundador de la Policía Comunitaria de Tixtla cumple este martes cinco años preso


Chilpancingo, 5 de noviembre. Organizaciones sociales protestaron frente al penal de Chilpancingo para exigir la liberación de Gonzalo Molina –quien este martes cumple cinco años encarcelado– y de 19 policías comunitarios de la Crac.

Cerca del mediodía, un grupo no mayor a 20 personas de  la Ceteg, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP), la Crac-PC, el Centro de Derechos Humanos Morelos y la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, entre los que se encontraban familiares de Gonzalo Molina y representantes de organizaciones sociales, se concentraron en la entrada del penal de Chilpancingo para manifestarse y exigir la liberación inmediata de este policía comunitario y 19 más.

Dijeron que los gobiernos estatal y federal se han ensañado con todos los presos políticos, principalmente con los de Guerrero, entre quienes se encuentran muchos integrantes de la Crac-PC.

Puntualizaron que la detención de este líder comunitario no se debe a los supuestos delitos cometidos, sino a la represión que comenzó en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, con la finalidad de desarticular a todos los grupos de policías comunitarias del estado, las cuales se levantaron en armas por la incapacidad de las autoridades de impartir justicia y dar seguridad.

Además de que esos grupos tienen la finalidad de recuperar la paz en todos los pueblos, principalmente indígenas.

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