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Final pendiente

Finalmente, el ayuntamiento de Acapulco designó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, nombramiento que recayó en el policía federal Geovanni Raúl Mejía Olguín, que tendrá a su responsabilidad las labores de prevención del delito.

Paralelamente, ayer mismo comenzó la devolución de las armas a los policías que estén ya acreditados y hayan aprobado los exámenes de control y confianza, según declaró la alcaldesa, Adela Román Ocampo.

Mejía Olguín se sacó la rifa del tigre, pues si es función de la policía municipal prevenir el delito, significa que tendrá que hacer bien su trabajo para que no haya más asesinatos, tarea que se presenta compleja.

Ahora que, si continúa la ola sangrienta, quiere decir que también los otros niveles gubernamentales están fallando, pues desmantelar bandas del crimen no es cuestión sólo de prevenir, sino también de hacer trabajos de investigación y de detención de delincuentes.

El gobierno sabe, porque así lo ha informado, cuántos cárteles nacionales y cuántos locales operan en Acapulco; tiene conocimiento del número de bandas y grupos que se dedican al asesinato, secuestro y extorsión, así como sus zonas de operación; conoce quiénes integran cada grupo, pero no puede o no quiere detenerlos.

Publicado en Editorial

Los que no cumplan serán merecedores de apercibimientos y “sanciones fuertes”

El Congreso da plazo de cinco días hábiles y dos más de notificación para su cumplimiento

Taxco es uno de los municipios que carecen del área para recibir solicitudes de información


Taxco, 1º de noviembre. El pleno del Congreso del estado de Guerrero ordenó a los gobiernos municipales, incluyendo a la administración de Taxco que no instaló la Unidad de Transparencia gubernamental, a que cumplan con las disposiciones legales, de lo contrario habrá apercibimientos y sanciones fuertes.

El ordenamiento se le hizo a los sujetos obligados, en este caso a los presidentes municipales, para que cumplan con la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, y designen o ratifiquen al titular de la Unidad de Transparencia y constituyan su comité de Transparencia.

A partir del martes pasado, los alcaldes de Guerrero que no han cumplido como el caso de Taxco, tienen cinco días hábiles y dos más de notificación, para que se instalen las unidades, de lo contrario serán apercibidos que, en caso de incumplimiento al presente acuerdo, serán acreedores a las medidas de apremio establecidas “en el título octavo, Medidas de Apremio y Sanciones, y el capítulo segundo “Sanciones”, de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.

Pedro Delfino Arzeta García, comisionado presidente del Itaigro; Mariana Contreras Soto, comisionada; Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, comisionado, y Wilber Tacuba Valencia, secretario ejecutivo, fueron quienes dieron fe del ordenamiento emitido por el pleno del Congreso estatal.

Publicado en Política

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