La Jornada Guerrero - Martes, 20 Noviembre 2018
Miércoles, 21 Noviembre 2018 00:52

A recuperar la paz y seguridad en México

El miércoles pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó el tan esperado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024, con el cual se buscará lograr que las familias de México recuperen la tranquilidad y confianza en las instituciones, con la prioridad de garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los mexicanos.

El primer eje de este plan consiste en erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Se eliminarán fueros, paraísos fiscales y se van a monitorear en tiempo real las adquisiciones de Gobierno. Las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios serán obligatorias.

Además, buscará la tipificación de la corrupción como delito grave; eliminar el fuero; y debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.

El segundo eje consiste en garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación.

Como tercer eje está el garantizar el respeto y promoción de derechos humanos. No se permitirá la represión ni tortura, y se investigarán todas las denuncias de violación a los derechos humanos.

También considera tipificar, con sanción definida, los incumplimientos de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por las comisiones estatales.

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Miércoles, 21 Noviembre 2018 00:50

El beneficio de la duda

A estas alturas es claro que la propuesta de López Obrador de constituir una nueva corporación, la Guardia Nacional, que supla a policías y militares en el combate al crimen organizado, no cuenta con las simpatías de conocedores del tema: desde la ONU hasta organizaciones de la sociedad civil han advertido del riesgo que puede implicar dar más participación a la milicia en la conducción de actividades propias de una corporación policiaca.

Sin embargo, si se le preguntara a la población del interior del país, la que habita las ciudades y las entidades asoladas por la actividad criminal de alto impacto, tal vez la respuesta sería en otro sentido: el de conceder el beneficio de la duda a la propuesta.

Esta población no es experta en temas constitucionales, ni en leyes, y sus opiniones, en ese sentido, no pueden ser comparadas con las de los conocedores y doctos de la ley. Pero sí es experta en algo: en ser víctima constante, directa o indirecta, de la actividad criminal.

A diferencia de la Ciudad de México, en el resto del país no hay un solo habitante que no haya experimentado en carne propia o por medio de algún conocido la violencia ciega e imponente del crimen organizado.

Y no hay manera de separar el problema en partes. No puede atacarse, por un lado, la extorsión y el cobro de piso –cometidos, por lo general, por sicarios temporalmente desempleados o que de ese modo se procuran de ingresos adicionales a los que les deja el homicidio de los rivales de sus patrones–, y por otro lado los delitos de alto impacto, cometidos por los núcleos mismos de los grupos criminales. Porque ambos están entrelazados en sus raíces.

Han transcurrido 12 años desde que Felipe Calderón decidió enfrentar a los criminales violentos con toda la fuerza del Estado, y aún no hay nada qué celebrar, y sí mucho que lamentar.

Es hora de probar otra solución. n

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