La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Viernes, 05 Octubre 2018

Hasta las 10 de la noche no concretaba el Congreso el reparto de las comisiones


Chilpancingo, 5 de octubre. La ausencia de tres diputados de Morena a la sesión en la que se aprobaría la integración de las Comisiones y Comités del Congreso frenó la intención de este grupo parlamentario de ejercer su mayoría. Se supo por versiones extraoficiales que la ausencia de los morenistas Marco Antonio Cabada Arias, del distrito 06 de Acapulco; el plurinominal e integrante de la Ceteg Carlos Cruz López, y la diputada por el distrito 5, Teófila Platero Avilés, fue motivada por injerencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, por medio del coordinador del PRI, Héctor Apreza.

La noche de este jueves se supo que el PRI intentó “comprar” a cinco diputados, a cada uno de los cuales ofreció un millón de pesos, pero sólo aceptaron tres a cambio de no acudir a la sesión de este viernes, sesión en la que se aprobaría la integración de las comisiones ordinarias y comités y en la que Morena haría valer su mayoría, porque no se concretaban los acuerdos.

Se supo también que el coordinador Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y varios diputados morenistas estuvieron marcando a los teléfonos de sus pares ausentes para convencerlos de asistir a la sesión, incluso se les advirtió que les quitarían sus espacios en las comisiones, pero no atendieron el llamado.

La sesión estaba programada para las 11 de la mañana; sin embargo, tres horas después empezó, pero sólo para hacer el pase de lista, pues la presidenta de la mesa directiva, la priísta Verónica Muñoz Parra, decretó dar un receso de hora y media.

Hasta las 10 de la noche no había ningún acuerdo concretado.

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Sábado, 06 Octubre 2018 00:05

Ley de Seguridad Interior

El tema de obligado debate en la última semana ha sido el trámite legislativo de la Ley de Seguridad Interior, que ha resultado objeto de gran controversia. En términos generales, se refiere al marco legal que posibilite la realización de parte de las fuerzas castrenses de labores de seguridad pública. Sobre este tema, debemos recordar que mi posición ha sido siempre en el sentido de que los militares deben permanecer en sus cuarteles, como ha apuntado históricamente la Constitución.

Pues bien, en el discutido dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, y en camino similar por la Cámara de Senadores, se define “seguridad interior” en el artículo 2 como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley”.

Consideramos que esta definición tan amplia es defectuosa, pues presenta varias incongruencias. La seguridad se ha entendido como una situación, sea objetiva cuando está dada por elementos de esa índole, o subjetiva cuando depende de la percepción. Pero no puede tratarse de una “condición”, que es un término que resulta extraño, más cuando se pretende decir que el Estado otorga esa condición. Igualmente, es inadecuado que se incluya como parte de “seguridad interior” el conjunto de acciones e instituciones, pues se está confundiendo el fin con los medios disponibles para lograrlo.

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Sábado, 06 Octubre 2018 00:05

¿Justicia o ajuste de cuentas?

A unos días de realizado el cambio de poderes municipales, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que el gobierno que en Acapulco encabezó el perredista Evodio Velázquez Aguirre tiene pendientes de solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, y que 2018 comenzará a revisarse en enero de 2019.

Es de esperarse que, de un momento a otro, dé a conocer de la misma manera el estado en que dejaron sus municipios los otros 80 alcaldes, cuyos sucesores, en muchos de los casos, se han estado quejando de que les entregaron el poder con las arcas tan vacías que no cuentan con dinero ni para pagar aguinaldos.

Lo más justo y correcto es que, si se está informando de un ex alcalde, se haga lo mismo con los demás, pues de no hacerse así, se dejará entrever que la idea es exhibir públicamente sólo a Velázquez Aguirre.

En principio está bien lo que hace la ASE, porque la población tiene el derecho de saber cuál es el estado que guarda la administración pública municipal en el momento del cambio de gobierno, pero a todos debe medírseles con el mismo rasero.

Es de extrañarse que sea ahora cuando el organismo dependiente del Congreso del estado difunda la situación anómala del perredista; sano sería que dijera por qué no le ha exigido que cumpla con la normatividad legal, si las fallas datan de 2016 y 2017.

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