Probidad en el gobierno

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 09, 2019

En ocasión anterior comentábamos la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el pasado 19 de noviembre en el Diario Oficial. Siguiendo con el comentario de este ordenamiento, es de interés lo que establece respecto al comportamiento austero y probo que es obligado a los servidores públicos. El primer aspecto se refiere a la sujeción a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos, considerando las bases constitucionales. Esto supone la prohibición de la obtención de cualquier privilegio económico adicional a lo establecido en la ley. El objetivo es claramente, como se ha señalado en múltiples ocasiones, terminar el enriquecimiento a costa de la administración.

En general, la administración de los recursos deberá seguir principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y mejora permanente del servicio público. Estos principios se acompañan de otras obligaciones expresas; por ejemplo, lo que apunta el artículo 21 de la ley, que establece que los funcionarios deberán cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estén bajo su resguardo y que les sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente, deberán brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a las personas que requieran sus servicios, honrando así el principio del derecho humano a la buena administración pública.

Estos deberes se complementan con prohibiciones; el mismo artículo señala que los servidores públicos tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en el horario y centro de trabajo. Igualmente, tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se prohíbe de manera expresa la nociva práctica del nepotismo. La ley señala con claridad que está prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

El artículo 22 abunda en estas limitantes, estableciendo que está prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo.

Por otro lado, el artículo 23 señala que ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones; su contravención será causa de responsabilidad administrativa.

Esta conductas se refieren a faltas administrativas graves e ilícitos penales bien conocidos, como peculado, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Sin duda, es bueno reiterar que ese tipo de picardías quedan proscritas y han de sancionarse adecuadamente. Sin embargo, esperamos que el cambio hacia la probidad realmente trascienda en la realidad, y no se quede como otras tantas veces en el simple texto de la ley. n