Austeridad republicana

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 01, 2019

Acaba de ser publicada la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, el pasado 19 de noviembre en el Diario Oficial. Este ordenamiento culmina la política seguida por el gobierno actual, en materia de ahorro, racionalización y ajuste del presupuesto público.

En primer lugar, es de interés mencionar que se entiende por “austeridad”, una palabra que ha estado en el debate público de modo consistente en el último año. De acuerdo con el artículo 4 de la ley, la austeridad es la conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

La noción es amplísima, pues como se aprecia, no sólo habla del aspecto económico de la racionalización y el uso eficiente de los recursos públicos, sino que implica cuestiones teleológicas como el combate a la desigualdad y la corrupción, además de otras nociones de tinte moralista como la condena al despilfarro y la avaricia.

La ley prevé listados diversos de medidas que se aplicarán para lograr ahorros en el sentido de esta austeridad, además de prohibir diversas acciones y gastos que se entienden parte del derroche. Por ejemplo, según el artículo 12, habrá de hacerse una revisión y ajuste en las estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, para eliminar todo tipo de duplicidades, además de atender las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, la ley señala que se observarán limitantes. Por ejemplo, sólo se ha de asignar secretario particular a los titulares de dependencia o entidad. Del mismo modo, sólo se permitirá la asignación de chofer a subsecretarios de Estado, y superiores, así como a titulares de entidades de control directo. De manera explícita se prohíben las plazas llamadas “Dirección General Adjunta” que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento.

Se señala además que la contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.

Paralelamente, se ordena en el artículo 14 de esta ley que el gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda o publicidad oficial por los entes públicos, se sujetará a las disposiciones y se ajustará a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria.

A su vez, de acuerdo con el artículo 15, se prohíben las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado mexicano en el extranjero, la ejecución de la política exterior, su dirección y administración, corresponderán únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta nueva ley nos indica claramente que seguirán los ajustes de recursos en el gobierno. La época de gastos desmedidos sin duda ha de llegar a su fin. n