Documentos internacionales contra la tortura

Escrito por  Eduardo López Betancourt Nov 10, 2019

Existe reconocido un derecho humano a no ser objeto de torturas, que se consagra en diversos documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíben expresamente la tortura. Los instrumentos regionales que establecen el derecho a no ser sometido a tortura son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, se define como tortura “todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Se conoce como Protocolo de Estambul al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este documento prevé principios e instrucciones sobre la manera en que las autoridades han de actuar en los casos de posible tortura.

También el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, prevé que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los casos de presunta tortura, cuando se trata de actos cometidos en gran escala y de modo sistemático como parte del delito de genocidio o como crimen de lesa humanidad, o como crimen de guerra con arreglo a los Convenios de Ginebra de 1949. En el Estatuto de Roma se define la tortura como el hecho de causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control.

En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.2, establece que: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tortura, según la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se presenta cuando el maltrato cumple con tres requisitos: es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales y se comete con determinado fin o propósito. En la sentencia del Caso Rosendo Cantú y otra vs México, se establece que respecto a las mujeres víctimas, la violencia sexual es un método claro de tortura en tanto causa sufrimiento grave, independientemente de que se realice como un hecho único o de que ocurra fuera de instalaciones estatales. n