Delitos contra la administración de justicia

Escrito por  Eduardo López Betancourt Oct 10, 2019

El artículo 225 del Código Penal Federal ha sido objeto de múltiples reformas. Recientemente, una de las más extensas fue la de junio de 2016, que acompañó la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, adicionándose varias fracciones con delitos relacionados con este ámbito. Igualmente la de julio de 2016, relacionado con los delitos en materia de corrupción. Así como otras que acompañaron la expedición de las leyes generales sobre secuestro y sobre la sanción de la tortura y los tratos crueles o degradantes.

Actualmente, el artículo prevé 37 tipos penales en sus distintas fracciones, lo que claramente puede considerarse excesivo.

Entre los tipos ajustados en los años recientes está la fracción VII, que sanciona el no dictar auto de vinculación al proceso o de libertad de un detenido, dentro de las 72 horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al nuevo plazo. En esta fracción la conducta ilícita consiste en omitir el dictado de auto de vinculación a proceso o de libertad de un detenido dentro del término legal establecido, excepto cuando el inculpado haya solicitado ampliación del plazo.

Esta fracción tiene como fundamento el artículo 19 Constitucional el cual ordena que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

También se puede mencionar la fracción XVIII, que sanciona el ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley.  Esta fracción establece como conducta delictiva la práctica cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley; el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia de este acto, al señalar que cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden.

También el fundamento es constitucional; el artículo 16 Constitucional indica que en “toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia”.

Otra fracción ajustada es la XIX, que sanciona abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley. Esta fracción indica que no se puede iniciar un procedimiento penal contra un servidor público que tenga fuero ya que este debió habérsele retirado previamente, para ello será necesario que previamente la Cámara de Diputados o el Congreso estatal, autoricen la procedencia del juicio penal, para que se les retire la inmunidad temporal que la Constitución les otorga. n