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Regulación de la subcontratación, tarea pendiente

Escrito por  Napoleón Gómez Urrutia Ago 09, 2019

La subcontratación, o el mejor conocido término de outsourcing, es una figura que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo siguiendo las tendencias del mundo occidental de permitir la contratación de empresas externas que cuentan con trabajadores especializados y experiencia en el manejo de recursos humanos, con fines de aumentar la productividad en trabajos eventuales. A estas compañías, que realizarían las gestiones de personal, en ningún momento se les debió permitir que evadieran las obligaciones fiscales de la empresa primaria que los contrató, ni que ignorasen el respeto a los derechos de los empleados.

Las empresas especializadas en la subcontratación, en la mayor cantidad de casos, se consideraron de consultoría o manejo de nómina, en ningún momento estuvieron facultadas para no cumplir con sus obligaciones con los trabajadores, ni las de orden fiscal.

Lamentablemente, atendiendo a una causalidad, no casualidad, los gobiernos panistas y priístas permitieron lagunas en la normativa laboral para que estas empresas outsourceras pudieran evadir sus obligaciones fiscales, así como lo que por derecho le corresponde a los trabajadores, esto es, derecho a la seguridad social, al reconocimiento de la antigüedad en el trabajo, (derecho) a la participación de las utilidades de la empresa, entre otros.

Es por lo que existe el reclamo, ampliamente justificado, de diversos sectores de la sociedad, de la clase política, de la academia y de organizaciones civiles, por erradicar estas malas prácticas que algunas empresas especializadas en la subcontratación realizan.

Recientemente, del 23 al 25 de julio del año en curso, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, que me honro en presidir, conjuntamente con la Comisión de Anticorrupción que lidera el senador José Clemente Castañeda Hoeflich, realizó el ejercicio democrático de Parlamento Abierto para recibir las propuestas, perspectiva y opiniones de todos los sectores interesados en los temas laborales.

Con el propósito de lograr una transmisión de ideas estructurada y poder plasmar estas ideas de manera ordenada, se estableció un formato electrónico en donde todos los interesados podrían enviar con semanas de antelación sus propuestas, perspectiva y opiniones, así como los artículos que consideraron debieran reformarse. Posterior a esto, durante los tres primeros días de julio, los interesados expusieron sus propuestas de manera verbal.

El ejercicio de Parlamento Abierto fue un éxito, resaltando el gran interés de todos los sectores por el tema de la subcontratación. De lo expuesto respecto a este tema se recogen tres grandes posturas. La postura que pretende continuar operando con la normativa actual, aquella que busca la prohibición tajante del esquema de la subcontratación, y la que sugiere cambios a la normativa vigente para regular el outsourcing.

La tendencia con mayor respaldo resultó ser la que busca que se regule la subcontratación para evitar las malas prácticas de evasión fiscal y el no cumplimiento de las obligaciones legales con los trabajadores. Asimismo, se enfatizó la necesidad de la aplicabilidad de la normativa que se reforme. De nada sirve establecer una normativa insigne, si no existen los recursos, los procesos y la voluntad para aplicar dicha normativa.

Paralelamente al tema de la subcontratación, subsiste el tema de los llamados factureros. Los factureros y algunas empresas irresponsables de la subcontratación, se han coludido para quebrantar la ley, por lo que resulta imprescindible atacar ambos problemas conjuntamente. Se deberá acabar con la simulación que afecta enormemente a la clase trabajadora de nuestro país, así como a la recaudación que realiza el Estado mexicano.

Posterior a una reforma para regular el tema de la subcontratación, será muy necesaria una coordinación efectiva entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Sistema de Administración Tributaria, para lograr la aplicabilidad de la ley y la penalización de las empresas infractoras.

Resulta más que evidente la necesidad de realizar cambios en cuanto a la normativa rectora de la subcontratación en México, pero paralelamente se deberán emplear los mecanismos para asegurar la aplicabilidad de la normativa. Con esto se beneficiará a un gran número de trabajadores, así como a las finanzas del Estado mexicano. n