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Que el alguien lo pague

Escrito por  Isidro Bautista Soriano Jul 18, 2019

En estos siete primeros siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto que mantiene arriba la preferencia ciudadana a su favor, en el caso del estado de Guerrero, a éste le ha ido más mal que bien.

El ejemplo más claro, indudablemente, es el asunto del fertilizante, cuya entrega a los campesinos demoró como nunca había ocurrido, y que, obvio, tendrá sus consecuencias, las cuales serán resentidas, no en el gobierno en sus tres niveles, sino en la población en general.

Más de 25 años estuvo manejado directamente por el gobierno estatal en coordinación con los ayuntamientos, e, insistimos, no representó los problemas que ahora se vieron en las siete regiones de la entidad, por el descontento que provocó la ejecución de su programa en manos de la administración de AMLO.

Hace un año, como se recordará, el insumo fue distribuido entre los beneficiarios en la última semana de abril; es decir, antes del inicio de la temporada de lluvias, que es el día 15 de mayo, y esta vez, por la injerencia directa de la federación. Definitivamente, como ya se ha dicho, el gobierno federal, en los siete meses de su ejercicio, se exhibió como un falto de experiencia en esa materia.

Esa situación ensombreció todo lo bueno o positivo que haya hecho López Obrador en esta entidad federativa, independientemente de la violencia o el monstruo de la delincuencia organizada, que, en lugar de pararse, crece cada vez más, como ha pasado con los gobiernos anteriores, concretamente desde la llegada del panista Vicente Fox, en el año 2000, con la dizque fuga de El Chapo Guzmán.

El caso del programa del fertilizante echa por tierra todo lo demás. Es cierto que López Obrador ha ejercido una gestión mucho más sana que los que le antecedieron en el cargo, que tuvieron como despacho un chiquero, pero el insumo ha opacado todas esas buenas intenciones.

El fertilizante ha representado para Guerrero un apoyo elemental, pues históricamente ha sido un estado pobre, y que ha sido útil para labrar el campo para el autoconsumo de miles de familias. Por eso se dieron las tomas de edificios públicos y carreteras o caminos, y hasta el secuestro de funcionarios, por la desesperación no sólo de los beneficiarios directos, sino de los que también lo son en forma indirecta. Alguien o algunos tienen que pagar por el retraso de su entrega. Si AMLO toda su vida política la ha pregonado con la frase de la mafia del poder y contra la corrupción, debe poner el ejemplo al dar castigo a los responsables de su entrega. Se ha hablado de Pablo Amílcar Sandoval, delegado de su gobierno en Guerrero, que del campo, de plano, no sabe nada, como tampoco de otros rubros de gobierno. No es posible que se haya expuesto al estado de Guerrero a un paso de un estallido social, y que nadie pague por ello.

En este asunto, el gobernador Héctor Astudillo siempre lo tuvo en la mira, pugnando por que se entregara a tiempo, con la anticipación debida, y con un equipo de trabajo ya compenetrado en el ramo para dar el apoyo necesario. n

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