Jurisprudencia sobre secuestro

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jul 15, 2019

Existen ciertos delitos conocidos como de alto impacto, sobre los cuales, por su especial gravedad y por la afectación que causan a la colectividad, el Poder Legislativo federal se ha reservado las facultades de legislar, monopolizando dicha competencia frente a las atribuciones legislativas de las entidades locales.

Es el caso de los delitos de secuestro, en los cuales, por mandato constitucional, la atribución para legislar y establecer tipos y penas corresponde al Congreso de la Unión, según apunta el artículo 73 constitucional en su fracción XXI.

Sobre esto se pronunció recién la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el pleno la acción de inconstitucionalidad 109/2015, relativa a ciertos artículos de la legislación penal del estado de Chiapas, en los cuales se trataban temas respectivos al delito de secuestro, entre otros, los cuales fueron declarados inconstitucionales. De esta resolución es de interés el alcance que se da a conceptos como “parámetro de validez”, que en el caso de estas materias comprende, además del texto constitucional, lo señalado en las normas generales dadas por el Congreso.

Según explica el pleno en su argumentación, el artículo 73 fracción XXI de la Constitución precisa los supuestos en los que el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar sobre materia penal, y en el inciso a) establece un régimen de concurrencia en las materias concretas que allí se señalan. En atención a los múltiples precedentes, el pleno ha analizado las notas distintivas de dicho régimen para el caso de los delitos de secuestro y trata de personas, y ha precisado que en esas materias corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión establecer los tipos y penas aplicables, así como distribuir las facultades que a cada uno de los órdenes de gobierno deban corresponder para efectos de su investigación, persecución y sanción.

De esta manera, sigue la explicación del pleno de la Corte, al analizar la constitucionalidad de las legislaciones locales en las que se regulan los delitos de secuestro y trata de personas, el pleno se ha enfrentado a dos tipos de normas: por un lado, las que pretenden tipificar o establecer las sanciones correspondientes –generalmente, mediante la reiteración de los tipos y sanciones contenidos en las leyes generales– y, por otro lado, las que regulan otros aspectos vinculados con esos delitos, distintos a la tipificación y sanción.

En el primer caso, nos señala el pleno, el parámetro de validez es el propio contenido del artículo 73, fracción XXI, inciso a), que confiere al legislador federal la competencia exclusiva para establecer los tipos y las sanciones; mientras que en el segundo caso, dicho parámetro se integra también con lo dispuesto en las leyes generales correspondientes, las cuales distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que en tales casos se ha entrado al análisis del contenido de dichos ordenamientos.

De este modo, es de destacar cómo la idea de “parámetro de validez” se extiende a las decisiones del legislador federal, que en ejercicio de sus facultades ha distribuido las atribuciones sobre estos delitos a las autoridades del Estado mexicano. Si el legislador local ha asumido competencia sobre algún tema que no le ha sido atribuido, entonces devendrá la inconstitucionalidad de dicho acto.

Sigue el pleno que, para determinar si el Congreso del estado de Chiapas tiene competencia, por un lado, para clasificar como graves los delitos de trata de personas y secuestro, y, por otro lado, para establecer que dichos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, hay que considerar que dicha clasificación de gravedad y la consecuente determinación de procedencia de la prisión preventiva oficiosa son cuestiones íntimamente vinculadas al tipo penal y su sanción. De este modo estos temas no pueden ser disponibles para el legislador local, sino que entran en el ámbito de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en torno a los delitos de trata de personas y secuestro.

El pleno precisa que la calificación de gravedad no es parte de la descripción típica, ni del establecimiento de la pena; sin embargo, se trata de una cuestión que modaliza al delito mismo, en tanto de ello derivan consecuencias determinantes para su investigación, persecución y sanción, por lo que la facultad para establecer esta calificación corresponde al orden de gobierno competente para establecer el tipo y su sanción.

De ahí que las normas de la legislación local se hayan considerado contrarias al orden constitucional, y por tanto, fue procedente establecer su invalidez. n