Mejora regulatoria

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jun 24, 2019

Nuestro país se ha caracterizado por una burocracia elefantiásica, con normas y procedimientos oscuros y complejos en múltiples ámbitos, que entorpecen el cumplimiento de los fines del Estado. En aras de atender esas situaciones, ha cobrado auge en últimos tiempos la idea de una mejora en la regulación, para hacer más ágiles y eficientes los procedimientos y el uso de los recursos públicos; igualmente, para simplificar trámites en diversos terrenos. De esto hablamos con mejora regulatoria: de las políticas y medidas para hacer más idónea la administración.

No deja de ser paródico que para avanzar en la mejora regulatoria se dé más legislación, es decir más procedimientos y órganos burocráticos. Así, se promulgó el 18 de mayo de 2018 una ley sobre el tema, la Ley General de Mejora Regulatoria, que tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, de acuerdo con el artículo 1º.

El artículo 2 enuncia los objetivos específicos de esta ley, que son, primeramente, establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios. Para esto se prevé establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. La ley fue dada todavía en el sexenio anterior, cuando se fue muy proclive a crear estos “sistemas nacionales”, una nueva burocracia contemporánea.

La ley prevé también como fin el establecer instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria; la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; junto con el establecimiento de las obligaciones de los sujetos obligados para facilitar los trámites y la obtención de servicios, incluido el uso de tecnologías de la información.

Sin duda, una política de mejora regulatoria puede ser pertinente, ante el mar de trámites que dificultan el logro de avances. El artículo 7 de esta ley nos dice que estas políticas se orientarán por los principios de obtener más beneficios que costos y el máximo beneficio social; igual se afirma la seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; la focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos; la coherencia y la armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional; la simplificación, la mejora y la no duplicidad en la emisión de regulaciones, trámites y servicios; la accesibilidad tecnológica; la proporcionalidad, la prevención razonable y la gestión de riesgos; la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas; el fomento a la competitividad y el empleo; la promoción de las libres concurrencia y competencia económica, así como el funcionamiento eficiente de los mercados y el reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

Todo esto, se puede sugerir, tiene entre sus finalidades promover el crecimiento económico, haciendo eliminar algunos obstáculos que no dejan a las personas emprender. Así, el artículo 8 señala que son objetivos de la política de mejora regulatoria, entre otros, procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; promover la eficacia y la eficiencia de la regulación, los trámites y los servicios de los sujetos obligados; procurar que las regulaciones no impongan barreras al comercio internacional, a la libre concurrencia y a la competencia económica; simplificar y modernizar los trámites y servicios; y mejorar el ambiente para hacer negocios. n