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Paridad de género

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jun 10, 2019

El pasado 6 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lo que se ha dado en llamar “paridad de género”, que es una nueva elaboración del concepto de igualdad, con un sentido de participación en equilibrio o en equivalencia numérica.

En principio, se modificó el enunciado del artículo 4º, el cual señalaba que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. Este principio era resultado de la reforma publicada el 31 de diciembre de 1974. El nuevo texto señalado ahora pone en primer lugar a las mujeres, al señalar que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. Es decir que se ha cambiado el orden y se ha quitado la palabra “varón”, que para algunos era anacrónica. De cualquier manera, nos parece una reforma simplemente banal.

De más interés es la reforma a la fracción II del artículo 35, que abre la puerta de lleno al lenguaje inclusivo dentro de la Constitución. Ahora, en vez de derechos “del ciudadano”, como estaba puesto antes, se ha cambiado a “derechos de la ciudadanía”.

Entonces, la ciudadanía, en su conjunto, de acuerdo con la fracción II tiene derecho a “poder ser votada”. Esto claramente resulta en una imprecisión lingüística completamente innecesaria, pues parece que se ha creado un derecho colectivo del cual es titular “la ciudadanía”, cuando lo que es real es que el derecho a ser votado es del ciudadano en lo individual, mujer u hombre.

Se añade que esa posibilidad del voto pasivo se dará “en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular”. Luego, se hace uso de más términos inclusivos, al señalar que el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Según el artículo 41 reformado, la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

Siguiendo con el lenguaje inclusivo, el texto reformado del artículo 52 señala que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional. Igual, señala el texto del artículo 56 que la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadoras y senadores.

En sentido similar, el artículo 94 reformado establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, ministras y ministros.

Estas reformas son la consolidación de la ola de lenguaje inclusivo, que empezó a ponerse de moda en los años recientes. Ahora, ha llegado al texto constitucional. Esperamos que estas reformas realmente sirvan para potenciar la participación de las mujeres y crear una situación de paridad de género en los órganos del Estado, y no se queden sólo en cambios banales. n